Primero, aplaudieron la violencia. No habían pasado ni 12 horas y el fuego al interior de los carros de Metro aún no se extinguía, cuando un grupo de dirigentes del Frente Amplio, liderados por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, se juntaron en la Alameda para celebrar el estallido delictual. Pero no solo aplaudieron, sino que la izquierda votó en contra de todos los proyectos de ley que buscaban fortalecer las herramientas para reinstaurar el orden público y homenajearon a los delincuentes de la llamada “primera línea” en los salones del ex Congreso Nacional.
Luego, cuando llegaron al poder, retiraron las querellas e indultaron a los condenados. Fueron 13 delincuentes y terroristas, con un extenso prontuario delictual, los que se beneficiaron de los indultos del Presidente Boric. De manera ingenua, el Presidente justificó la medida afirmando que esos jóvenes no eran delincuentes, pero los antecedentes fueron tan contundentes que el gobierno tuvo que reconocer su error. No solo eran delincuentes profesionales, sino que, en menos de un año, algunos volvieron a reincidir.
Finalmente, los pensionaron. De las casi 500 pensiones de gracia vitalicias entregadas a supuestas víctimas del estallido delictual, más de 50 corresponden a delincuentes condenados por delitos graves y reiterados. Pero no solo eso, la Contraloría estableció que hubo irregularidades en el otorgamiento de ellas, e incluso, que en algunos casos se entregaron sin ningún antecedente. Una verdadera caja pagadora de la primera línea delincuencial.
Decía Cicerón que errar es propio de cualquier hombre, pero sólo del ignorante perseverar en el error. Séneca habría ido un poco más allá, afirmando que la contumacia ya era derechamente algo diabólico.
La complicidad con la violencia del estallido puede haber sido un error y así lo han reconocido en varias oportunidades distinguidos dirigentes de izquierda que, luego de beneficiarse políticamente de esas propias acciones, se han arrepentido de la romantización de la violencia que observaron en ese período. Pero luego, ya en el poder, decidieron indultar a varios delincuentes, y aun sabiendo que sería un error, decidieron cumplir con sus compromisos de campaña sin aventurar el tremendo costo político que ese hito significaría para el gobierno.
Pero las pensiones de gracia ya no son un error ni un mero cumplimiento de un compromiso de campaña, sino que derechamente un patrón de comportamiento de un gobierno que, cada vez que tiene que la disyuntiva entre apoyar a los delincuentes o los ciudadanos honestos, termina optando por los delincuentes.
Desgraciados, aquellos que reciben pensiones de gracia sin merecerlo. Desgraciados, aquellos que las otorgan saltándose los procedimientos, requisitos o el sentido común que inspira su otorgamiento. Desgraciados, aquellos que creen que pueden concederles este beneficio por igual tanto a mártires de nuestra patria como a abusadores sexuales, productores de pornografía infantil y homicidas, entre tantos otros delitos que el Presidente Boric decidió concederles con gracia.
Pero lo más reprochable es que nuevamente buscaron ocultar estos hechos de la opinión pública. Recibieron el informe de Contraloría hace más de un mes, y las versiones previas mucho antes, y creyeron que podían arreglar las cosas de manera furtiva. ¿Habría cambiado el resultado del plebiscito si esta información se hubiese revelado el 13 de diciembre? ¿Habría podido la ministra Jara pirquinear los votos de la reforma previsional en medio de un escándalo de estas proporciones?
A pocos días de cumplir dos años de este mal gobierno, llegó la hora de exigir acciones más enérgicas frente a estas continuas chambonadas y prácticas irregulares. Las promesas de sumarios e investigaciones internas ya no son suficientes. Lo que se requiere es que se haga efectiva la responsabilidad política de los funcionarios negligentes y de aquellos que dolosamente han abusado de su poder para promover estas irregularidades. Y en este caso en particular, deben revocarse cuanto antes las pensiones de gracia de estos verdaderos desgraciados: personas sin gracia que siguen recibiendo suculentos beneficios económicos, auspiciados con los recursos de todos los chilenos.
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