Desde la creación del Frente Amplio, sus dirigentes y líderes han venido hablando de la superioridad moral que los caracteriza, de cómo sus ideas son mejores que las del resto y de cómo estaban excelentemente preparados para gobernar este país.
“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, decía el ministro Giorgio Jackson con una honestidad que llegaba a dar susto. Ellos, los elegidos para refundarlo todo y para darle a Chile, por fin, respuesta a todas sus demandas y necesidades.
La cruda realidad no es solo que no estaban preparados para gobernar, sino que sus ideas y propuestas le hacen daño a Chile y sus estándares morales distan mucho de lo que Jackson intentó profetizar.
El clímax de este desplome político y moral se ha terminado de concretar esta semana: las irregularidades en la asignación de fondos de vivienda a una fundación vinculada a Revolución Revolución Democrática tiene el potencial de convertirse en el caso Caval del gobierno de Boric, porque logra retratar la degradación integral de un proyecto político que fracasó estrepitosamente.
Son 426 millones de pesos transferidos a una fundación recién creada, por amigos y camaradas, con cero experiencia social y mucho contacto político. Un abuso con tintes de corrupción, que buscaba un atajo en la institucionalidad para poder favorecer la difusión acelerada de la ideología de los que hoy gobiernan. En la práctica, una desviación de fondos articulada por exasesores, parejas y políticos frenteamplistas que, en vez de poner el foco en los problemas sociales, fraguó un artilugio administrativo para financiar su agenda ideológica.
¿Hay algo más despreciable que financiar actividades políticas con fondos asignados para ayudar a los más pobres de Chile? ¿Sabrá la pareja de aquella diputada que nunca en la historia de Chile habíamos tenido tantas familias en campamentos como este año y que los fondos destinados tienen como fin colaborar en ellos? ¿Cuántos de esos 426 millones de pesos se podrían haber utilizado para mejorar techos, suelos y reforzar las precarias condiciones de vida de miles de personas?
La corrupción es un cáncer y se requiere una actitud enérgica de las autoridades para frenar cualquier asomo de descomposición de la integridad pública. Por lo mismo, resulta inaceptable e inexplicable el silencio cómplice del Presidente Boric frente a este tema.
Fue en su gobierno cuando se armó esta fundación y un Ministerio de su dependencia el que aprobó y transfirió esos fondos sociales por motivaciones políticas. Por lo mismo, no solo se necesita un pronunciamiento urgente del Presidente, sino también que se ejerzan las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Y, sobre todo, que devuelvan la plata lo más pronto posible; que devuelvan hasta el último peso que le robaron a los más pobres de Chile y entierren de manera definitiva su pretendida idoneidad moral.
Por Cristián Valenzuela, abogado
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