Columna de Cristóbal Osorio: A grandes problemas, grandes ministerios
Vlado Mirosevic jugó su primera carta en la carrera presidencial de manera astuta: arrebató la bandera de la eficiencia pública a la derecha al poner en cuestión la eliminación como ministerios de la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno, las que se encargan de la relación del Ejecutivo con el Legislativo y la vocería oficial.
La propuesta era de esperarse de algún émulo de Javier Milei y su motosierra, pero no, la hizo un liberal de izquierda que quiere desmarcarse de su pasado frenteamplista, y superar la cifra redonda de 0%, por lo que la idea entró al debate y no fue rechazada de plano, aunque sí, mirada con preocupación por los funcionarios públicos, siempre atentos a cualquier tijeretazo.
Sin embargo, como muchos han notado, la propuesta peca de superficial. No se enmarca en un proyecto profundo y coherente de reforma del Estado, se plantea en año electoral, lo que crispa a los incumbentes, y propone un cambio más simbólico que real, pues los costos de los gabinetes ministeriales son significativamente menores que los servicios que están aguas abajo en el organigrama, los que nadie está planteando recortar, solo reubicar.
Tampoco es algo novedoso.
La Comisión Experta recientemente propuso que “el Presidente de la República, dentro de los primeros tres meses después de asumir en el cargo podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y la dependencia de sus servicios públicos”, eso sí, sin tocar los derechos funcionarios y con una lógica de cumplimiento de programas de gobierno. Una solución parecida fue el nombramiento de biministros por parte de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes aunaron los gabinetes de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales; y de Energía y Minería, respectivamente, sin tocar las estructuras de estos ministerios. Más lejos todavía, en 1927 algo así había planteado Carlos Ibáñez del Campo cuando realizó su organización de secretarías del Estado, limitándolas en número por criterios de eficiencia.
De tal modo, más vale preguntarse por el diagnóstico. ¿Hay una hipertrofia de ministerios? En caso de ser así, ¿qué lleva a Chile a ello?
Aunque habría que comparar más bien la cantidad de servicios públicos, sus funcionarios y sus trámites, que cuántos ministros salen en una foto de gabinete, asumamos que el país tiene demasiados de estos altos funcionarios, y un pensamiento excesivamente sectorialista, que engorda al Estado y abutaga de permisología a la sociedad chilena.
¿Qué lleva a ello?
Esto se debe a que cada vez que un grupo de presión obtiene suficiente fuerza y legitimidad, y “asciende” como preocupación pública, la respuesta es la creación de un ministerio ad hoc.
La lista de ministerios creados en democracia es decidora: Segpres (1990), Planificación (1990), Energía (2010), Medio Ambiente (2010), Deportes (2013), Mujer y Equidad de Género (2015), Culturas, Arte y Patrimonio (2018), Ciencia y Tecnología (2018) y Seguridad (2024). Estamos cerca también de crear el de Asuntos Indígenas.
La pregunta que subyace es si es que la creación de un ministerio no será un sucedáneo para evitar entregar más recursos; oropel en vez de oro. Si es así, ¡vaya eficiencia!
Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile
