Columna de Cristóbal Osorio: Más allá de la hipocresía

Las recientes filtraciones revelaron no solo los whatsapp entre Karol Cariola e Irací Hassler. También ha emergido una hipocresía insoslayable, una cultura partisana ajena a los principios de justicia y la ausencia de límites en la recopilación de pruebas tecnológicas, en la era de la información.

En cuanto a la hipocresía, está claro que las opiniones están motivadas según los nombres y rostros de cada caso, y no por principios.

Cuando se conocen las comunicaciones privadas de figuras de derecha, la izquierda enarbola las banderas de la transparencia hasta la desnudez y la libertad de expresión para justificar la publicidad de ese contenido, como un modo de escrutinio de las élites. Pero, cuando el asunto se voltea, los mismos argumentan exactamente lo contrario; defendiendo el derecho a la privacidad, y el deber de custodia de las informaciones privadas para el resguardo de la honra, y atacando a la prensa que revela los hechos. En la derecha, es una historia calcada.

También se está cimentando el relato de fiscales con sesgo político de distintas cepas; los filtradores, los que generan aversión en la élite, los amigos del poder y los “ex” que opinan en matinales. ¿Dónde están los fiscales que van por el Derecho? Como resultado, vivimos un ambiente en el que abundan las solicitudes de remoción, la anterior administración con Jorge Abbott, Emiliano Arias y Marcela Cartagena, y la actual al parecer tratando de empatar a la brevedad. Pero, en realidad son cachetazos de payaso; mucho ruido y poco fondo.

Como resultado tenemos una discusión partisana, en el que cada bando crea y quema un hombre de paja, sin avanzar un centímetro en las materias que importan. Es así como pasamos por alto un problema institucional de gran envergadura, como lo es la falta de límites en la recopilación de prueba tecnológica, sin considerar el lugar central que ocupa la tecnología en nuestras vidas.

No es exagerado decir que un celular “sabe” más de nosotros que nosotros mismos. Ahí se registran nuestros diálogos, emociones, críticas, documentos, imágenes, contenido, el uso de nuestro tiempo, y cómo nos movemos en el espacio. Se trata de nuestra trayectoria de vida.

Y, cuando este aparato es incautado por una investigación penal, quedamos a merced de prácticas y decisiones de autoridades que no se limitan a actuar dentro de los contornos de la investigación, sino que emprenden una expedición de búsqueda que no conoce límites, transformando un proceso penal en chismes y fisgoneos a la vida privada.

Así, hace unos años alguien consideró que un póster de Axl Rose podía ser una prueba para el Caso Bombas, y hoy recién despertamos que es un deber custodiar la vida privada que guarda un celular. Así de básico, así de absurdo. Hace unos años el crimen organizado obligó a crear una Fiscalía Supraterritorial. Hoy es indispensable analizar nuestra relación con la tecnología, estableciendo límites y sanciones. Solo la conciencia sobre las hipocresías del caso, el valor de los bienes jurídicos en riesgo y la recuperación de la noción de una justicia ciega pueden devolvernos a un camino de civismo para esta nueva época digital.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile