Columna de Cristóbal Osorio: Mega tomadura de pelo

San Antonio es el santo de las cosas perdidas, y dos de ellas se extraviaron en el último episodio relativo a la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, en la cual habitan 4.000 familias después de una toma ilegal de predios privados iniciada en 2019.

La primera es la validez de los fallos en esta materia. La Corte Suprema en marzo de 2024 dio la razón a los propietarios de los terrenos y ordenó el desalojo de casi 10.000 personas, con un plazo máximo al 27 de febrero de este año.

Un acuerdo de última hora entre los dueños, los pobladores y el Gobierno dan un suspiro de seis meses para encontrar una solución que beneficia a todas las partes, menos al Fisco: se buscará, al parecer, una manera de comprar los terrenos, con recursos públicos, cuando sus dueños y los ocupantes tienen la sartén por el mango. Es decir, quién sabe a qué precio y con qué razones se terminará por validar este modus operandi.

Sin dudas el desalojo tiene el potencial de desatar una megacrisis, tanto por develar la miseria y dolor de esas familias y la posible incapacidad de ejecutar el desalojo de manera expedita y no violenta, como por el incumplimiento del Presidente Gabriel Boric de sus promesas de campaña. Todo televisado y comentado en matinales y noticieros.

Así, el camino que adoptó el gobierno es el evidente; simplemente huir.

Después de todo, esto no es ajeno a nuestra historia. Solo basta recordar el desalojo de Pampa Irigoyen en Puerto Montt, de nefastas consecuencias tanto para Eduardo Frei Montalva, quien lo ordenó, como para Salvador Allende, quien se opuso y luego tuvo que cargar con el clima enrarecido del consecuente asesinato del ministro Edmundo Pérez Zújovic.

¿Por qué llegamos hasta aquí?

La respuesta que conviene al gobierno es que -al igual que en los 60- el país enfrenta una inmensa crisis demográfica que se traduce en fenómenos masivos de migración; si en el pasado estos eran en dirección campo-ciudad, ahora es a nivel regional y suprafronteras.

Sin embargo, los gobiernos no están para firmar diagnósticos, sino para encontrar soluciones eficaces, eficientes y oportunas. Nada de eso ocurre en este caso, tal vez, por un Ministerio de Vivienda y Urbanismo ralentizado por el Caso Convenios.

Algo curioso, pues la gran apuesta de política social de esta administración fue la de resolver los problemas de vivienda, para lo que se nombró un ministro supuestamente avezado, Carlos Montes, con una billetera holgada, y cantidades ingentes de cintas que cortar. Tal como pasó con Ricardo Lagos, como ministro de Obras Públicas en los 90.

Con 1.434 campamentos irregulares en 2024 y el Plan de Avance de Emergencia con un avance de 69,6%. Cerro Centinela se encuentra en la primera parte de la ecuación ¿No pudo hacerse nada en tres años? ¿Cuáles son las bombas que vienen?

La segunda cosa que se perdió en este entuerto es el prestigio de la política legítima y planificada de Vivienda, pues el acuerdo en San Antonio ‘demuestra’ a los desesperados pobladores que llevan años haciendo lo correcto, que puede valer la pena saltarse la fila, a través de acciones de fuerza, ‘cabreados’ de no obtener resultados concretos, frente a un gobierno que solo responde en su retaguardia.

En suma, una noticia que llena de desesperanza y alimenta el conflicto, menoscabando las opciones legítimas para salir del mismo.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional Universidad de Chile