Columna de Cristóbal Osorio: Tres hechos de 2024 que marcarán el desarrollo institucional de Chile

El año que está terminando ha sido intenso. Tal es así que ha estado marcado por varios hechos que -en la superficie- alimentaron el escándalo y el debate, pero que -en aguas más profundas- remecieron los cimientos de la institucionalidad del país.

En un recuento no necesariamente exhaustivo, quisiera referirme a tres episodios, los cuales a mi juicio pueden marcar cambios relevantes en las instituciones públicas.

1. El Caso Audio y las filtraciones. Es sano para el país que se conozcan los detalles de este caso judicial, que ha abierto el entramado de una de las más importantes redes de poder, pero, los métodos a través de los cuales esa información ha llegado al público no siempre han sido legítimos, y alteran gravemente algunos indispensables bienes jurídicos, como el derecho a la legítima defensa y el secreto profesional entre abogado y defendido, sin lo cual no se puede hablar de Justicia.

Me refiero a las filtraciones a la prensa de elementos de la carpeta investigativa que deben proteger los fiscales. Si bien los periodistas tiene el deber de buscar todos los mecanismos para acceder a la información relevante, para darla a conocer al público, para lo cual el derecho les consagra el secreto profesional, esto no se extiende a quienes ilegítimamente obvian sus deberes legales, y terminan pasando información parcial cuyo objetivo es torcer el desarrollo de un juicio en favor de uno de los intereses en la balanza y controlar el ritmo de la opinión pública frente al caso.

Es cierto que las filtraciones -a veces disfrazadas como periodismo de investigación- son un hábito de larga data en la relación entre jueces, fiscales, policías, abogados y periodistas, y por lo tanto ‘normalizadas’, pero es hora de notar que son dañinas no solo para las partes que buscan ser perjudicadas con información parcial y muchas veces sesgada, sino que es malo para la opinión pública, que se queda con solo la cara interesada de la moneda.

2. El retorno de la presunción de inocencia. Toda institución tiene puntos ciegos y sesgos, los que han afectado gravemente a mujeres en sus denuncias por violación, violencia y acoso, la solución no pasaba por “creerle a la víctima”, sino por investigar las denuncias con el máximo celo.

Finalmente, dadas las destempladas e inverosímiles acusaciones recientes contra el presidente Gabriel Boric, se tuvo por errónea la idea de que hay una equivalencia entre denunciante y víctima, cuando se trata de una mujer, pues -pese a que estadísticamente casi siempre es así, y equivocarse es fatal-, esa presunción hace que sea fácil y sin costos lanzar acusaciones al voleo que se tendrán aceptadas socialmente como pruebas. Lo que, consecuentemente, incrementa el número de denuncias falsas, haciéndole un flaco favor a las víctimas verdaderas.

3. El cascabel al gato de la permisología. Si hubo un acuerdo en 2024, este fue que hay que poner atajo al laberinto de la permisología que hace ineficiente la inversión en el país, dada la duplicidad y -a veces multiplicidad- de agencias que intervienen para entregar permisos.

Por suerte, está claro que el eje no está entre proteger bienes jurídicos como el medio ambiente, y los intereses de los privados, sino en dar certezas y criterios de eficiencia y justicia, que limiten la discrecionalidad funcionaria, la cual no es garantía de celo en su labor de protección, sino trabas al desarrollo del país y una afectación a la certeza jurídica que necesitan las comunidades y los empresarios, tal como está pasando ahora con Dominga.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.