“La riqueza es poder”, dice Thomas Hobbes en el Leviatán, “porque procura amigos y sirvientes”. Esta semana tuvimos un caso de libro: el proyecto de perdonazo a las isapres.
Hagamos un poco de historia. Un fallo de la Corte Suprema obliga a las aseguradoras a devolver más de un billón de pesos que cobraron indebidamente a sus afiliados. El gobierno propuso facilidades especiales para ese pago. Pidió a la Corte Suprema una prórroga de seis meses -que esta de inmediato concedió- mientras se tramita una ley ad hoc. Ella entrega seis meses más para que cada isapre presente un plan de devoluciones.
Imagine, estimada lectora, estimado lector, que usted es dueño de una pyme y recibe un fallo judicial semejante: debe devolver a sus clientes plata que les ha cobrado en exceso. Ni en la más florida de sus fantasías podría usted soñar con tales facilidades: varias prórrogas, una ley especial y la posibilidad de diseñar usted mismo un plan de pagos.
Pero, lejos de disculparse con sus clientes por los cobros indebidos, lejos de colaborar con la búsqueda de una solución, lejos de presentar un plan para devolver la plata, las isapres se hacen las ofendidas.
Califican el proyecto de ley como un “engaño” y anuncian que el sistema de isapres cerrará en septiembre, sin devolver un solo peso de lo esquilmado a sus clientes, y con el consecuente efecto dominó para tres millones de beneficiarios, centros médicos y clínicas.
Dicen que el proyecto de ley “arriesga el cierre de las isapres”. Nótese el absurdo. La culpa es de todos, menos de los únicos y contumaces responsables: ellos mismos.
¿Cómo se dan el lujo de actuar así? ¿Por qué se presentan como las víctimas cuando son los victimarios?
Lo supimos el lunes, en un giro francamente impúdico de los acontecimientos.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó una reforma constitucional que en la práctica anula los efectos del fallo de la Suprema. Las isapres cobran multiplicando el precio base del plan por la tabla de factores. Como la tabla se ajusta a la baja, el proyecto permite ajustar el precio base al alza, retroactivamente.
Así, la baja anula al alza y, en un truco de mago, la deuda pasa a ser cero. La comisión más importante del augusto Senado de la República de Chile aprobó cambiar la Constitución para convertir un fallo judicial en papel mojado.
Al eludir los efectos de la sentencia, la justicia se vuelve un cascarón vacío, una mera pantomima. Hacemos como que cumplimos los fallos, pero en la práctica los anulamos si el afectado es demasiado poderoso.
El poder procura amigos y sirvientes.
El discurso es que no se legisla para favorecer a las isapres, sino a sus afiliados. Es cierto que en algunos casos el Estado debe actuar para evitar los efectos sociales de la caída abrupta de un sector de la economía. Pasó en algunos países con la pandemia, donde ciertas empresas fueron “rescatadas”.
Pero este caso es muy diferente. A las isapres no les ocurrió ninguna desgracia. No fueron golpeadas por una pandemia, una crisis o un meteorito. Simplemente, cosechan lo que sembraron.
Ya en 2010, el Tribunal Constitucional falló que la tabla de factores viola la Constitución. Y las isapres llevan más de una década ignorando más de dos millones de fallos judiciales que han decretado, una y otra vez, que las alzas de planes y la aplicación de tabla de factores son ilegales.
Armaron su modelo de negocios y amasaron 1,3 billones de pesos en ganancias, sobre la base de ignorar esos fallos, a la vez que usaban a sus “amigos y sirvientes” para boicotear cualquier solución en el Congreso (detalles en la columna “A ver si se nos ocurre algo”, de enero de 2023).
Y cuando el negocio dejó de ser fabuloso, comenzaron los chantajes. En julio del año pasado, la isapre Colmena amenazó con demandas a los afiliados que cometieran la osadía de reclamar sus derechos ante la justicia.
Ese mismo mes, la Asociación de Isapres anunció que, debido a los recursos judiciales, el cierre del sistema “puede producirse en solo meses”.
Esto, recordemos, fue en julio de 2022. Antes de los fallos de la Suprema que ordenan la devolución.
Mientras, las aseguradoras han dejado de cumplir sus compromisos, acumulando más deuda, no solo con sus clientes, sino también con los centros de salud. Las clínicas denuncian que las isapres les deben 500 mil millones de pesos en prestaciones ya realizadas, y no pagadas.
¿Qué se quiere salvar, entonces?
Digamos que nuestro Congreso aprueba este vergonzoso perdonazo, haciendo desaparecer los efectos del fallo de la Suprema. ¿Queda resuelto el problema? No. Las propias isapres ya decían, antes de ese fallo, que su cierre era inminente.
¿Qué viene después, entonces? ¿Otra reforma constitucional para borrar su deuda con las clínicas? ¿Otra más para prohibir que la gente pueda recurrir a la justicia contra sus ilegalidades? ¿O mejor nos ahorramos los intermediarios y les pedimos a las isapres que tengan la gentileza de redactar ellas mismas la nueva Constitución?
Una industria que sólo se sostiene si se le permite ignorar fallos judiciales, abusar de sus clientes e incumplir con sus proveedores no es una industria viable. Ninguna persona que realmente crea en el libre mercado debería defender que el Estado la salve y sostenga artificialmente.
El padre del liberalismo económico, Adam Smith, comparaba los intereses económicos con “un Ejército demasiado grande”, que se vuelve “formidable para el gobierno y en muchas ocasiones puede intimidar a los legisladores”.
Nuestros legisladores no deben dejarse intimidar ni cooptar. Su responsabilidad no es salvar los intereses de quienes no son capaces de sobrevivir cumpliendo la ley, sino buscar fórmulas que protejan a los tres millones de afiliados, abriendo la cancha para los privados que sí estén dispuestos a cumplir las reglas.
Es de ellos -de los pacientes del sistema de salud, y no de sus dueños- de quienes nuestros políticos deben ser amigos y sirvientes.
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