Columna de Daniel Matamala: Caballo de troya

Hace seis años, el Tribunal Constitucional discutió si la ley de aborto en tres causales violaba o no la Constitución.

La ley había sido aprobada por el Congreso y respaldada por una abrumadora mayoría ciudadana. Aun así, se salvó apenas en el TC: 6 votos contra 4.

La derecha fundamentalista jamás se resignó a esa derrota. Como dijo esta semana el consejero republicano Antonio Barchiesi, creen tener “un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto, en cuanto permite el asesinato de un inocente”.

En la discusión democrática, ese debate está zanjado. El 75% de los ciudadanos aprueba la actual ley, contra apenas el 18% que cree que el aborto debe estar “totalmente prohibido”, como quieren los republicanos.

¿Cómo perseguir ese “mandato”, entonces? Pues usando la nueva Constitución como un caballo de troya para pasar subrepticiamente, tal como lo hicieron los soldados aqueos ocultos en su vientre, esta y otras normas que atentan contra las libertades individuales.

Primero intentaron consagrar en la Constitución que el feto es “persona”. La oposición de cuatro consejeros de derecha lo impidió. Esta semana volvieron a la carga, y el pleno aprobó la protección a “la vida de quien está por nacer”, reemplazando el “del que” de la actual Constitución, y del anteproyecto de los expertos, por “de quien”.

Argumentaron que la redacción era irrelevante, algo del todo absurdo. ¿Para qué librar una enconada batalla por algo que da lo mismo?

Luego, al calor del debate, se sinceraron las posiciones. El consejero UDI Arturo Phillips dijo que ahora el feto será “sujeto de derecho y de protección por parte del Estado”. La RN Ivonne Mangelsdorff agregó que “nos sentimos tremendamente orgullosos, es un avance que hablemos de un sujeto que es el ‘quien’, y no un objeto”.

La republicana María de los Ángeles López encaró a quienes votaron contra el cambio: “la bancada republicana elige la vida mientras ustedes eligen la muerte”. “La izquierda se encuentra en la antigüedad de Herodes, por pretender asesinar a los niños ya en el vientre de las madres”, fue el aporte del diputado Johannes Kaiser.

Todo muy razonable, todo muy dialogante. Todo con amor, para redactar “una que nos una”.

Volvamos a la votación del TC en 2017. Cuatro de los diez magistrados consideraron que permitir abortar a una mujer violada, cuya vida corre peligro o que carga un embarazo inviable, infringía el artículo que protege “la vida del que está por nacer”. Esa redacción concentró el debate. ¿Determinaba la Constitución que el feto es una persona titular de derechos? Según el miembro de la Comisión Experta, Domingo Lovera (RD), el juez Iván Aróstica, quien votó contra la ley, lamentó que “la Constitución está mal redactada, quería decir ‘quien’ pero pusieron ‘que’”. “Si hubiese dicho ‘quien’ el TC pudo haber dicho: ‘hay persona’”, advierte Lovera.

El líder de la bancada republicana en el Consejo, Luis Silva, había admitido que la enmienda sobre la “persona”, “puede abrir la discusión” sobre la inconstitucionalidad del aborto en tres causales, lo que “queda a criterio del juez” y “se tendrá que resolver en tribunales, en el TC”. Saben que no pueden ganar esa discusión en el debate público, en un plebiscito sobre el tema o en el Congreso. Pero sí en el TC, como ya estuvieron a punto de hacerlo en 2017. El mismo argumento podría prohibir la píldora del día después y procedimientos de fecundación asistida, e impedir cualquier discusión sobre una ley de aborto por voluntad de la mujer.

La criminalización del aborto en tres causales es sólo uno de los aqueos dentro de este caballo de troya constitucional. Otro, aprobado esta semana en el pleno, es la objeción de conciencia institucional, que permitiría a empresas, isapres, clínicas, colegios o universidades incumplir políticas públicas aduciendo motivos religiosos. “Podría llevar a consecuencias graves. La conciencia es de las personas, no de las instituciones”, advirtió la consejera de Evópoli Gloria Hutt.

Con este aqueo, las grandes cadenas de farmacias podrían negarse a vender la píldora del día después, tal como lo hicieron en 2007. Su boicot fue entonces apoyado por el Papa Ratzinger, quien exigió “considerar la objeción de conciencia para evitar el suministro de productos que tienen objetivos claramente inmorales”.

“Las farmacias fueron forzadas a vender la droga pese a las objeciones de conciencia de sus dueños”, escribió en 2016 un abogado llamado Luis Silva. En cambio, de haber existido la objeción de conciencia institucional, “habrían legítimamente reclamado que su religión no era ajena a las políticas de la empresa” y exigido “una excepción a la obligación de vender la píldora”. Ahora, Silva lleva la teoría a la práctica, y cumple el sueño de Ratzinger: de aprobarse el caballo de troya, tendrán la Constitución de su lado.

Y podemos seguir. Un canal de televisión podrá negarse a exhibir campañas de salud pública. Un colegio podrá vetar a hijos de madres solteras o de parejas gay. O expulsar a una alumna si queda embarazada. Como sabemos, estos no son casos teóricos. Todos ellos ocurrieron en Chile, y fueron superados en un largo camino de tres décadas, que hoy el Consejo Constitucional podría borrar de un plumazo.

El caballo de troya también permite excarcelar a enfermos supuestamente terminales, una nueva versión de la “enmienda Punta Peuco” para beneficiar a los asesinos, torturadores y violadores de la dictadura. Limita el derecho constitucional a huelga. Y obstaculiza reformas solidarias en previsión y salud.

Silva confesó que en estos temas “decidimos no habilitar al legislador”, dando así por zanjadas algunas de los discusiones más relevantes para el ejercicio de los derechos sociales.

Aún queda debate. Pero la ventana para un texto de consenso se estrecha con cada una de estas normas. Con cada uno de estos aqueos que, envueltos en el caballo de troya de una nueva Constitución, pretenden llevarnos de vuelta al pasado; intentan retrotraernos a un fundamentalismo legal de raíz religiosa.