Columna de Daniel Matamala: Castigos de papel

El caso de la colusión del papel estalló con un escándalo en 2015, y terminó en un susurro este 2024. Una década de robo contra millones de chilenos, y una década más de investigaciones y recursos judiciales, culminaron en un “no ha lugar”.

En 2000, en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo, se reunieron Gabriel Ruiz-Tagle, dueño de PISA (hoy SCA), y Jorge Morel, gerente de la división Tissue de CMPC (“la Papelera”). Allí acordaron fijar precios y cuotas para sus productos.

¿Libre mercado? ¿Libre competencia? Eso es para los tontos. Como emperadores repartiéndose el mundo, Ruiz-Tagle y Morel decidieron que las cuotas de ventas serían de 76% para CMPC y 24% para Pisa.

Para mantener este acuerdo en pie, los ejecutivos y sus manos derechas se reunían periódicamente en la Bomba Alemana, un cuartel de bomberos ubicado en avenida Apoquindo. Ahí revisaban una planilla para asegurar que la repartición se mantuviera incólume y hacer los ajustes necesarios.

Una larga lista de ejecutivos participó en la conspiración. Cuando comenzaron a estallar casos de colusión, redoblaron el secreto. Compraron celulares de prepago para comunicarse entre ambas empresas, y usaron nombres de fantasía (“Mario Soto” y “Macnelly Morales”) para crear correos especiales con los cuales intercambiar listas de precios. También se mandaban los documentos a sus casas particulares, bajo rótulos como “parte de matrimonio”.

Tomaron todas las providencias para que nada parecido a la libre competencia pudiera operar. Las listas de precios, definidas en conjunto por ambas empresas, eran enviadas a supermercados y distribuidores mayoristas como “precios de venta a público sugeridos”. Así se fijaban, sin que los consumidores tuvieran pito que tocar, precios y porcentajes de ventas de Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea (de CMPC); y Favorita y Magiklin (de SCA).

Un subgerente de la CMPC recibió una instrucción perentoria de un superior. “Que podrían estarnos investigando, entonces era mejor eliminar toda la información. Hay que botar el computador”. Ambos ejecutivos fueron a una comisaría de La Florida, y declararon que les habían robado el equipo desde su automóvil. Luego, en plena noche, el subgerente cumplió las instrucciones: fue hasta el canal San Carlos, y botó el computador con evidencia al agua.

La colusión funcionó a la perfección durante once años. El mercado no se “reguló solo”, no entraron otros competidores, nadie desafió a las empresas coludidas. Por más de una década, un “mercado” con millones de consumidores cautivos funcionó de acuerdo a los dictados de “Mario Soto” y “Macnelly Morales”, que fijaban cuotas y precios como lo haría un comisario soviético.

En esa década, las empresas coludidas se embolsaron indebidamente unos 458 millones de dólares. SCA cobró un sobreprecio de cerca de 35%, con un beneficio de unos 92 millones de dólares. En el caso de CMPC, el sobreprecio fue de cerca de 19%, con 366 millones de dólares esquilmados a los consumidores.

Recuerden esa cifra: 458 millones de dólares.

Cuando la FNE destapó el caso, ambas empresas se autodenunciaron. Fueron condenadas a pagar multas de 15 millones de dólares cada una por la colusión. Recuerden esos números: en una columna, 458. En la otra, 15 más 15.

El presidente de la Papelera, Eliodoro Matte, pidió perdón públicamente por los hechos. CMPC accedió a pagar una indemnización de 150 millones de dólares para repartirse entre 13,7 millones de personas, las famosas “7 lucas del confort”.

Uno de los ideólogos de la colusión, Gabriel Ruiz-Tagle, luego fue controlador, junto a Sebastián Piñera, de Colo-Colo a través de Blanco y Negro, y acompañó a Piñera al gobierno, como su ministro de Deportes.

En 2018, ya con la colusión al descubierto, volvió a la presidencia de Blanco y Negro, y se declaró “víctima de presunciones”. “La grande, que era CMPC, obligaba a hacer una serie de cosas a una empresa que era cien veces más pequeña que la otra”, señaló. “Si yo estuviese involucrado como culpable o responsable, me imagino que habría tenido algún juicio en mi contra, cosa que no ocurrió en ninguna forma”, cerró el tema.

Ruiz-Tagle, por supuesto, sabía que la inexistencia de juicios criminales contra él y los demás ejecutivos involucrados no es signo de inocencia, sino de impunidad. Al momento de los hechos, la colusión había sido despenalizada, gracias a un acuerdo del presidente Ricardo Lagos con los grandes empresarios.

En Estados Unidos y otros países capitalistas serios, Ruiz-Tagle y los demás habrían arriesgado penas de cárcel. En Chile, pasó de tramar una colusión en un club de golf, a ser ministro de Estado y controlador del club de fútbol más popular del país, sin siquiera pedir disculpas.

El final de esta historia llegó esta semana. Ya no con escándalo, sino en un susurro. SCA, a diferencia de la CMPC, se negó a compensar a los consumidores robados. Este jueves, la Corte Suprema le dio la razón: no tendrá que pagar un solo peso a los chilenos.

La argumentación de la Suprema es alarmante. Señala que “SCA no tiene relación directa con los consumidores, ni ha celebrado contrato alguno con estos para la venta o suministro de papel tissue”, por lo que no se le aplica la ley de protección al consumidor.

Esto no sólo deja en la indefensión a los chilenos en casos de colusión, sino que puede derrumbar buena parte de la ya frágil arquitectura de defensa del consumidor.

La colusión estaba explícitamente construida para cobrar de más a los chilenos, fijando cuotas y precios, y asegurándose (por medio de los “precios sugeridos”) que estos se traspasaran a los compradores. Sin embargo, para la Suprema, ellos no están protegidos por la ley del consumidor, ya que no firmaron un contrato con CMPC ni con SCA cada vez que compraron un rollo de papel higiénico.

Así, aunque fueron descubiertos, el balance de la colusión es fabuloso: los ejecutivos involucrados nunca arriesgaron castigo; las empresas pagaron una módica multa; y, si no fuera porque la CMPC voluntariamente aceptó pagar, tampoco debieron compensar a las víctimas (linda lección para futuros coludidos: no paguen nada, que la Suprema les dará la razón).

En una columna, 458. En la otra, 15 más 15 más 150 más cero.

Saque usted la cuenta. Ah, y no olvide agregar el signo “dólar” antes, y los seis ceros después. Porque son millones de dólares robados directamente de su bolsillo y del de todos sus compatriotas.