Esta semana, el sitio web de la Fundación Democracia Viva fue desmantelado. Como pillos que buscan borrar sus huellas digitales de la escena del crimen, hicieron desaparecer los registros de personas involucradas.
Quedó en pie un comunicado, unas planillas Excel y algunas fotos de “trabajo en terreno” en Antofagasta (una manguera verde, un grifo, tres personas moviendo tierra junto a -de nuevo- la manguera verde…). Y su grandilocuente “visión”: “Buscamos radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional”, etcétera).
Como portada, una presentación gráfica de personas levantando las manos en dirección a La Moneda, que con indulgencia sería digna de una nota 4 en un trabajo de quinto básico. Sobre ella, el logo con el título “DEMOCRACIA VIVA*”.
Ese asterisco es intrigante, como si hubiera un pie de página que se oculta a los legos. ¿Por qué “VIVA*”? A la luz de los últimos acontecimientos, parece un guiño para los iniciados; un lenguaje cifrado que advierte que por “viva” se quiere decir “avivada”, “vivaracha”.
Democracia siempre Vivaldi, nunca Pavarotti.
Esta fundación se creó en diciembre de 2021, y se inscribió en Ñuñoa, con domicilio en una casa particular, en febrero de 2022, apenas dos semanas antes de la asunción del nuevo gobierno. Entre el 3 de octubre y el 29 de noviembre de 2022, firmó tres convenios por asignación directa -sin licitación- con el Seremi de Vivienda de Antofagasta para trabajo en campamentos, por un total de $426 millones.
Los convenios tuvieron como contrapartes a Daniel Andrade y Carlos Contreras. El primero, representante de DV* y pareja de la diputada por Antofagasta Catalina Pérez. El segundo, seremi de Antofagasta y exasesor legislativo de Pérez. Todos son militantes de Revolución Democrática (RD), partido que Pérez presidió entre 2019 y 2021.
No hay sutilezas aquí. Todo es desembozado, evidente, grosero. DV* no tiene presencia en el resto de Chile. Sus servicios justo fueron requeridos en la región dominada políticamente por la pareja de su fundador. No tiene experiencia en el trabajo encomendado. Es más: DV* amplió su giro a construcción recién el 21 de noviembre, cuando ya había firmado dos de los convenios, por un total de $370 millones.
Pérez intentó desligarse olímpicamente de los hechos, diciendo que era un problema entre “dos hombres adultos”, y que “don Carlos Contreras y don Daniel Andrade tendrán que responder”.
Desde el diputado Naranjo y su inolvidable olvido de su esposa que no se veía un ninguneo semejante. En 2002, la periodista Constanza Santa María lo encaró por el contrato de asesoría legislativa que mantenía con su cónyuge. “¿En qué sentido dice usted pariente?”, preguntó Naranjo para intentar negar el vínculo con su esposa – asesora.
En la misma línea, por varios días RD blindó a Pérez, y cargó toda la responsabilidad sobre “don Carlos” y “don Daniel”, como si fuera creíble que ellos armaron un tinglado de esta magnitud a espaldas de “doña Catalina”, su madrina política y pareja, respectivamente. Recién este viernes, RD suspendió la militancia de la diputada.
Los eventuales delitos serán determinados por la justicia. Pero, sea o no ilegal, todos sabemos qué pasó aquí. La captura del Estado para provecho privado es más vieja que el hilo negro. “No me den, pónganme donde haiga”, era el lema que resumía el modus operandi de la corrupción ya en la época de los gobiernos radicales (¿a eso se referiría DV* con “radicalizar la democracia”?).
Los puestos políticos permiten tejer redes de poder que manejan millonarios recursos. Y el que sea ubicado “donde haiga” debe devolver el favor a los amigos, vía contrataciones, convenios y un cuanto hay de fórmulas creativas.
“Aquí no éramos corruptos, éramos amigos de los amigos”, recordaba con nostalgia el exministro Enrique Krauss en 2015.
Lo disfrazan con mil nombres: amiguismo, favor, irregularidad o “error político”, como caratuló este caso el presidente de RD. Pero el escándalo de VD* debe describirse con una sola palabra, que tiene diez letras, empieza con “C” y se escribe sin asteriscos ni eufemismos: CORRUPCIÓN.
Y de la peor estofa. Porque esta pillería se hizo a costa de los más pobres entre los pobres. Los apitutados que declamaban sobre “co-crear un país justo” levantaron su emprendimiento aprovechando la situación de los habitantes de campamentos en una zona pauperizada.
“En Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”, decía Pérez en octubre de 2019.
“Nuestra escala de valores y principios no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, proclamaba hace menos de un año el fundador de RD, Giorgio Jackson. Sus palabras eran y son absurdas. No hay generaciones más morales que otras, ni sectores políticos más o menos éticos. Apenas hay quienes ya están “donde haiga”, y quienes aún no han tenido acceso a tales mieles.
Por eso, la corrupción no se combate con proclamas morales, sino con instituciones sólidas, que fiscalicen el uso de las platas, y con acciones decididas cuando se descubre a los pillos de turno, que pueden ser jóvenes o viejos, de izquierda o de derecha.
Eso se espera del oficialismo, porque este es el primer gran escándalo de corrupción del gobierno Boric, pero no será el último. La reacción inicial de RD, sin embargo, fue vergonzosa, tratando de cortar el hilo por lo más delgado (por “don Carlos” y “don Daniel”), y proteger a los amigos de los amigos.
Ese es el camino que convierte a la democracia en una mera excusa de la viveza. En una palabra decorativa, acompañada de asteriscos y guiños que apenas disfrazan el descaro y la corrupción.
