Columna de Daniel Matamala: El extraño caso del fiscal octubrista neoliberal

Este miércoles 29 de mayo, dos audiencias se desarrollaron en paralelo.

Una de ellas sucedió en el Centro de Justicia, donde un fiscal formalizó al alcalde de Recoleta por presuntos delitos de corrupción.

Daniel Jadue respondió acusando a la Fiscalía de construir “un montaje” y de cometer “un abuso brutal” en su contra. Una carta firmada, entre otros, por 11 diputados de izquierda, aduce que la formalización “representa una persecución política” y es parte de “una estrategia de guerra jurídica dirigida específicamente contra líderes políticos que aportan al cuestionamiento y la transformación del sistema neoliberal”.

La otra comparecencia ocurrió ese mismo día en la Corte Suprema. Allí se desarrolló la audiencia de pruebas para resolver la solicitud de remoción de un fiscal, presentada por 11 diputados de derecha.

Los parlamentarios lo acusan de una “injustificada persecución” y un “ensañamiento” contra Carabineros y su general director, Ricardo Yáñez, por investigar presuntos delitos ocurridos durante el estallido social. Según los diputados, el persecutor “tiene un sesgo político ideológico contra nuestras policías”.

En resumen: según 11 parlamentarios de izquierda, un fiscal de derecha construye un montaje para perseguir políticamente a un alcalde, como parte de una guerra judicial contra líderes que cuestionen el sistema neoliberal.

En paralelo, según 11 parlamentarios de derecha, un fiscal de izquierda persigue políticamente a un general, como parte de un acoso ideológico contra nuestras policías.

El fiscal de derecha, perverso monigote de los intereses neoliberales, se llama Xavier Armendáriz.

El fiscal de izquierda, avieso ariete de los agitadores octubristas, se llama Xavier Armendáriz.

Si nos tomáramos en serio a estos políticos (spoiler: no lo merecen; no son serios), Armendáriz sería algo así como el fiscal de Schrödinger. Actúa simultáneamente como un operador comunista y un operador anticomunista.

La coincidencia de estos casos es el mejor desmentido a la escalada de ridiculeces y teorías conspiranoides con que los políticos exhiben su grosero doble estándar y su nulo respeto por la separación de poderes del Estado.

Jadue convocó a unas 300 personas para acompañarlo en el Centro de Justicia, en una manifestación liderada por el presidente del PC, Lautaro Carmona.

Molesto, el diputado independiente Jaime Araya calificó de “barras bravas” a los manifestantes y enfatizó que “en Chile nadie es perseguido políticamente”.

Lo increíble es que Araya es uno de los firmantes, junto a diputados republicanos, UDI, RN, Demócratas y Amarillos, del requerimiento para destituir a Armendáriz por, precisamente, liderar “una persecución política” contra el general Yáñez (la frase es del amarillo Jouannet).

Estos políticos borran con el codo lo que escriben con la mano.

Y así, mientras el PC convoca a su gente al Centro de Justicia, parlamentarios de derecha se cuelan en la sala del juicio contra el excarabinero Zamora para declamar que la fiscal que trabaja bajo el liderazgo de Armendáriz “es enemiga declarada de Carabineros y los odia”.

Todos estos son intentos groseros por intimidar a fiscales y jueces, haciéndoles ver que sus carreras corren peligro si no actúan como los políticos pretenden. Esto es explícito en el pedido de los 11 diputados de remover a Armendáriz por tener la audacia de hacer su trabajo.

Lamentablemente, el líder del Ministerio Público se ha mostrado débil ante estas presiones. En vez de respaldar a su gente, exigiendo a los parlamentarios que respeten la separación de poderes y dejen de meter sus narices en lo que no les compete, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se ha mostrado vulnerable a las presiones.

Excluyó al fiscal Armendáriz de la subrogancia para ejercer la Fiscalía Nacional, lo sacó de la investigación de casos de derechos humanos y postergó la formalización de Yáñez. Esto es como intentar apaciguar a un tiburón dándole a probar una cucharadita de sangre. Los tiburones políticos olieron la debilidad de Valencia y ahora pretenden manejarlo a su antojo, tal como lo hicieron con Jorge Abbott cuando lograron enterrar los casos de dineros ilegales.

Este ataque político contra la justicia es de la máxima gravedad. Incluso, la candidata presidencial mejor posicionada, Evelyn Matthei, acusa a los fiscales de “inventar delitos”. Y José Antonio Kast dice que el Presidente debería actuar contra Armendáriz, “para representarle a la autoridad del Ministerio Público que un fiscal no puede ser un activista político”. ¿Eso debemos esperar de ellos si llegan a La Moneda?

Los políticos seguirán presionando. La izquierda usa y abusa del término “lawfare” (guerra judicial), el mismo que esgrime Donald Trump para declararse “prisionero político” tras ser condenado por un jurado de 12 ciudadanos en Nueva York. Los discursos de Jadue y Trump esta semana son prácticamente intercambiables.

Los fiscales, por cierto, pueden cometer abusos, pueden equivocarse, pueden hacer mal su trabajo, y por eso hay un sistema de contrapesos. Ellos formalizan y acusan, pero sólo los jueces pueden enviar a alguien a prisión preventiva o declararlo culpable. Daniel Jadue, Ricardo Yáñez y todos los demás ciudadanos que sean acusados por un fiscal gozan de la presunción de inocencia hasta que un tribunal diga lo contrario.

Quienes no tienen nada que hacer en la administración de justicia son los políticos. Es de esperar que los ciudadanos no se dejen manipular por sus acusaciones. Y que fiscales y jueces se mantengan firmes en resguardar su independencia y la separación de poderes, que es la base del Estado de derecho.

Aunque los 11 de izquierda y los 11 de derecha busquen lo contrario.