Columna de Daniel Matamala: El ocaso de LyD

Sobre la reforma previsional -el acuerdo político más importante en Chile desde noviembre de 2019- ha corrido mucha tinta.

Sobre el éxito de lograr un pacto en esta época de crispación; sobre sus efectos en las jubilaciones y la economía; sobre sus consecuencias en el oficialismo, y sobre la fractura que evidenció entre una derecha tradicional capaz de hacer política, y una derecha radical atrapada en la simulación meramente performática.

Pero hay un aspecto tal vez más profundo que ha pasado desapercibido: la división, no solo de la derecha política, sino también de la económica, y la estruendosa derrota de su plataforma de lobby más eficaz.

Hagamos un poco de historia.

Jamás desde la vuelta a la democracia un gobierno ha logrado aprobar una reforma tributaria o previsional sin la venia de la élite económica.

Su poder de veto es tal que, en 1993, como recuerda el entonces asesor de Hacienda Mario Marcel, el gobierno “en lugar de dirigirse a la oposición, inició una serie de contactos con el sector empresarial” para lograr un acuerdo tributario.

En 2002, el gobierno de Lagos también negoció directamente con la patronal CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) una “agenda pro-crecimiento” diseñada por el gran empresariado, que incluyó normas como la eliminación de los delitos contra la libre competencia.

Y cosa similar ocurrió en 2014 con la reforma tributaria de Bachelet, que el gobierno aceptó mutilar tras una serie de reuniones secretas con directores de grandes grupos económicos, los hermanos Bernardo y Juan Andrés Fontaine, este último, consejero del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en cuya casa se efectuó la negociación decisiva.

Es que, junto al entendido de que el gran empresariado tiene poder de veto, había un acuerdo tácito sobre que LyD operaba como su representante en el ámbito político.

Eso, hasta ahora.

Durante los últimos años, la derecha política y la económica vetaban cualquier reforma previsional que no entregara todos los recursos adicionales a las AFP. Contaban con un muro inexpugnable, gracias al control opositor del Congreso y a su liderazgo en la opinión pública, donde las muy bien financiadas campañas contra el proyecto constitucional de 2022 habían cimentado el rechazo a cualquier forma de reparto.

En un Chile acostumbrado a votar contra algo (contra los gobiernos, o contra los proyectos constitucionales de izquierda o de derecha) solo los “no” generaban mayoría: el “con mi plata no” de la derecha, y el “no + AFP” de la izquierda. Sacar adelante un proyecto sobre un “sí” parecía una quimera.

Pero parte relevante de la élite económica comenzó a pispar que este bloqueo iba contra sus intereses. El tema clave aquí no son los jubilados, sino el mercado de capitales. Este había quedado herido de muerte por los retiros, y se necesitaba con urgencia la inyección de dinero que traería el aumento de las cotizaciones.

No hay que olvidar que la creación de ese mercado de capitales fue la verdadera razón para el nacimiento de las AFP en 1981, y su revitalización es el verdadero motivo que permitió su reforma en 2025.

Según un análisis publicado por JP Morgan, los fondos de pensiones gestionan ahorros por 186.400 millones de dólares. Con la cotización de 10%, las AFP reciben 8.520 millones de dólares anuales, de los cuales 4.680 millones van a pagar pensiones y 3.840 millones son “entradas netas”: dinero disponible para el mercado de capitales.

La reforma, con su 4,5% adicional a las cuentas (además del 1,5% de préstamos y el 1% para mejorar pensiones de las mujeres), significará una inyección anual de 3.825 millones de dólares frescos, disponibles, en especial, para los grandes grupos económicos.

Si París bien vale una misa, esa cantidad de dinero bien valía ciertas concesiones de la ortodoxia neoliberal.

Así lo hicieron ver expertos dialogantes en la derecha, como el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien apuntó que “es fundamental recuperar el mercado de capitales. Sin un mercado de capitales robusto, el crecimiento se hace esquivo y lo dañamos severamente”, además de elevar las tasas de interés y encarecer los créditos para la vivienda.

Y los grandes grupos empresariales, que dominan las organizaciones patronales, estuvieron de acuerdo. La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, respaldó el pacto, y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, valoró que, pese a sus defectos, este permite “darle la necesaria mayor profundidad al mercado de capitales”.

¿Y Libertad y Desarrollo?

En los últimos años, LyD ha sufrido una deriva hacia posiciones cada vez más radicales, personificada por el ascenso de Luis Larraín y Marcela Cubillos a sus máximas posiciones ejecutivas.

LyD se opuso tajantemente al pacto, alineándose con la extrema derecha en la denuncia a la “traición” que significaba negociar con una ministra comunista.

La minuta oficial de LyD enumeró 12 efectos negativos del acuerdo, y fue publicada en su página web por la Asociación de AFP.

Para las AFP, la prioridad era proteger a toda costa su negocio y evitar la competencia. Por eso se negaron a la licitación de cartera, que facilitaría el ingreso de nuevos actores. Los controladores estadounidenses de tres AFP llegaron a acusar “expropiación”, como si los trabajadores chilenos fueran cosas de su propiedad (llamativamente, la única que sí celebró el acuerdo fue AFP Uno, que cobra las comisiones más bajas).

Luis Larraín, presidente del Consejo de LyD, la calificó como “una pésima reforma en que, desmintiendo a los que afirman que aquí se consolida el sistema de capitalización (nada se consolida con los comunistas al frente), se hace un retroceso inexplicable en nuestro sistema al consolidar el reparto”.

Pero esta vez, la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos decidieron no escuchar al centro de lobby que ha guiado sus votaciones por décadas.

Libertad y Desarrollo quedó offside, arrinconado en una posición extrema.

Por primera vez en 35 años no logró actuar como vocero del gran empresariado, que levantó el pulgar al acuerdo, ni pudo disciplinar a los parlamentarios de Chile Vamos, que votaron en línea con la Sofofa y la CPC, no con LyD ni la Asociación de AFP.

Es el ocaso del grupo de lobby disfrazado de think tank que ejemplificó como ninguno la subordinación del poder político al poder económico en Chile.