Columna de Daniel Matamala: El perdonazo del siglo

Esta semana, la Corte Suprema extendió sus cargos contra la suspendida jueza Ángela Vivanco. Se la investiga ahora, también, por presuntas irregularidades en una serie de causas. Entre ellas, el recurso de casación caratulado con el rol 17536-2019.

Ese no es cualquier fallo. Es uno que le costó al Fisco 61.536 millones 160 mil pesos. Los mismos que se le perdonaron al dueño de SQM, Julio Ponce Lerou.

El 2 de octubre de 2020, con la firma decisiva de la ministra Vivanco, la justicia ejecutó el perdonazo del siglo.

La historia comienza en 2012, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) develó la trama del caso Cascadas, la catarata de sociedades a través de las cuales Julio Ponce controlaba SQM, el botín personal con que el exyerno de Pinochet se hizo en las privatizaciones de la dictadura de su suegro.

Ponce y sus compinches usaban las sociedades cascadas para un esquema en que se vendían a sí mismos acciones de SQM a precios bajo el mercado, mediante “remates” que se anunciaban con minutos de anticipación y órdenes de venta directas. Luego, vendían a precios significativamente mayores.

El esquema, según la SVS, le permitió a Ponce y a sus compinches embolsarse irregularmente 332 millones de dólares entre 2009 y 2011, generando perjuicios por 300 millones al resto de los accionistas, incluyendo los fondos de pensiones, que tenían grandes inversiones en los negocios de Ponce.

Las AFP involucradas y la superintendencia del ramo calcularon que los fondos de pensiones perdieron entre 31 y 44 millones de dólares debido a este esquema, con más de siete millones de afiliados afectados. Si usted tenía dinero en su fondo de pensiones entre 2009 y 2011, es probable que haya sido uno de los esquilmados para constituir el magnífico botín de Julio Ponce y sus compinches.

La SVS aplicó a los involucrados la “multa de siglo”, la mayor sanción en la historia del organismo, por 1.700.000 UF. Al cambio de hoy, 64.376 millones 960 mil pesos o, si usted prefiere, 69 millones 205.232 dólares.

La multa correspondía al 30% de las operaciones irregulares, el máximo que permitía la norma. Esta fue ratificada en 2016 por el 18ª Juzgado Civil, pero la artillería legal de Ponce, “ideólogo y promotor” del esquema según la SVS, tenía más sorpresas preparadas. Decidieron ir por el Tribunal Constitucional. En 2018, por seis votos contra cuatro, el TC determinó que la norma que permitía a la SVS multar por hasta el 30% de las operaciones irregulares era inconstitucional, por ser “vaga e imprecisa”.

Con esa carta bajo la manga, Ponce llegó a la Corte de Apelaciones, que le dio la razón, y luego a la Corte Suprema. ¿Sobreviviría la “multa del siglo”? ¿O se saldría Julio Ponce con la suya, pagando una sanción ridícula en comparación a sus ganancias?

El fallo de rol 17536-2019 zanjó la controversia.

Y, como sabemos todos quienes vivimos en Chile, la respuesta a estas preguntas es siempre la misma: Ponce siempre gana.

Dos de los ministros (Sergio Muñoz y Pedro Pierry) votaron por mantener en pie la multa, considerando, entre otros puntos, que “la regla en cuestión se encontraba vigente” al imponerse la sanción, y “únicamente se dio contenido a su inconstitucionalidad con posterioridad”, por lo que eliminarla significaría aplicar una norma de manera retroactiva.

Sin embargo, los otros tres jueces (Ángela Vivanco, María Eugenia Sandoval y Diego Munita) consideraron que el fallo del TC sí debía aplicarse y, por lo tanto, la norma que permitía a la SVS sancionar no valía el papel sobre el que estaba escrita.

En cambio, solo podría aplicarse otra regla, que apenas autorizaba a la SVS multar por un máximo de 75 mil UF.

Así, aunque las transacciones fraudulentas estaban acreditadas, la multa bajaba de 69 millones a tres millones de dólares. Ponce pagaría apenas el 4% de la sanción original y solo el 2% de las utilidades que había obtenido.

En otras palabras: a Ponce lo pillaron con las manos en la masa embolsándose 100. El castigo decretado por la justicia chilena: devolver dos de los 100.

Sólo para tener una comparación: el “robo del siglo” ejecutado por la banda de “Baby Bandito” alcanzó los seis mil millones de pesos. El “perdonazo del siglo” de la justicia a Ponce fue 10 veces mayor: alcanzó los 61 mil millones de pesos de rebaja, desde la sanción original a la estipulada por la Corte Suprema.

Esta fue la arista civil del caso. Existió también una arista penal, pero con escasas probabilidades de éxito. Según el doctor en Derecho de la Universidad de los Andes Osvaldo Lagos: “No existían tipos penales diseñados para sancionar estos ilícitos, y no porque se trate de conductas inimaginables, sino que porque la legislación penal en Chile tiene estándares distintos para ricos y pobres”.

El 24 de mayo de 2024, silenciosamente, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en su indagación penal contra Ponce. Fue la palada final en el entierro del caso.

Ahora, la Corte Suprema indagará la actuación de Ángela Vivanco en el fallo que selló el “perdonazo del siglo”. Cuatro relatores de la corte acusan a la jueza de “incumplimientos de las normas y criterios existentes” en la tramitación de esta y otras causas.

¿A qué se debió la inusual actuación de Vivanco en este caso en particular? En sus chats con Luis Hermosilla, ambos se coordinan para instalar ministros en la Suprema, integrar salas de una manera favorable a los intereses del penalista y comparten información reservada sobre sus causas. También hay indicios de irregularidades de Vivanco para beneficiar a una empresa bielorrusa en un litigio contra Codelco.

¿Habrá evidencia también de tráfico de favores en el “perdonazo del siglo”? Aún no lo sabemos. Pero sí es un hecho que la forma en que la justicia actúa en casos que involucran al poder económico está en tela de juicio.

La sospecha es que el peso del dinero en la balanza de la justicia es irresistible. Que el color del dinero se cuela por los entresijos de la venda que debería ocultar su mirada del poder de quienes acuden a ella para hacer justicia.

Y por eso es una exigencia que la Corte Suprema y la Fiscalía, en investigaciones rápidas y transparentes, develen toda la verdad tras este fallo que vale 61 mil millones de pesos.