Columna de Daniel Matamala: El viejo truco

La Fiscalía anunció que formalizará a Daniel Jadue. Le imputa presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

El alcalde de Recoleta lo atribuyó a un “montaje” y acusó a la Fiscalía de “politización” y “animadversión”. Según Jadue, a esta “operación” se sumaría el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que se querelló en su contra. Su presidente, Raúl Letelier, “es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”. A través de él, el Frente Amplio querría perjudicarlo porque, según Jadue, “estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante”.

Su formalización, dijo el alcalde, es “tráfico de influencias” que “no solo viene de la derecha, sino de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC”. “Habiendo podido ser hace años”, la formalización justo “se ejecuta en año electoral”, ya que “nos quieren sacar de carrera” para una candidatura presidencial, concluye. Antes, Jadue había hecho acusaciones similares contra el excontralor Jorge Bermúdez por el sumario en su contra por “faltas a la probidad”.

En resumen, Jadue es una víctima de la Fiscalía, la derecha, el Frente Amplio, los integrantes del CDE, la Contraloría y el gobierno, todos juntos en una maquiavélica operación para perjudicarlo.

Es de manual.

Cada vez que un político es investigado por corrupción, la estrategia es la misma. Hacerse la víctima e inventar oscuras operaciones para desviar la atención, de modo que se hable de cualquier cosa, menos del mérito de las acusaciones.

La teoría de la conspiración de Jadue es especialmente débil. El argumento del “año electoral” no se sostiene. El próximo año sin elecciones es 2026. ¿La Fiscalía debe irse de vacaciones hasta esa fecha? Por lo demás, Jadue ni siquiera será candidato en este año electoral: no puede ir a la reelección por Recoleta, por haber cumplido ya tres períodos en el cargo.

Tampoco hay muchos, salvo él mismo al parecer, que lo vean como un contrincante de temer para la presidencial de 2025. La realidad es otra: él nunca ha perdonado que el Frente Amplio lo derrotara en las primarias en que era favorito, en 2021.

Sobre el CDE, Letelier es uno más de los consejeros que votaron unánimemente por querellarse en su contra. Y no hicieron más que cumplir el procedimiento estándar en estos procesos.

Así lo han hecho en 203 casos, en 135 municipios del país, contra 32 alcaldes, entre ellos el de Vitacura, Raúl Torrealba (RN); el de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN); la de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI); los de Maipú, Christian Vittori (DC) y Cathy Barriga (UDI); el de Melipilla, Mario Gebauer (PPD); la de Antofagasta, Karen Rojo (independiente), etcétera, etcétera.

¿Todas ellas son oscuras persecuciones políticas del CDE contra esos alcaldes y partidos? ¿O ese argumento solo corre cuando el acusado es PC?

Intentar desacreditar a fiscales y contralores es una estrategia más vieja que el hilo negro. Así lo han hecho políticos de todos los sectores, cada vez que las indagaciones los alcanzan.

Un ejemplo entre muchos. Cuando el Contralor develó el millonario déficit en la municipalidad de Viña del Mar, la alcaldesa lo acusó de “politiquería barata”. La UDI denunció un “aprovechamiento político” de “la izquierda”, y terminó exigiendo la renuncia de Jorge Bermúdez, amenazando con una acusación constitucional en su contra.

Entonces, ¿Bermúdez es un zurdo que persigue a la UDI, o un facho que acosa al PC? La Fiscalía Centro Norte que lidera Xavier Armendáriz, ¿es un instrumento de la derecha cuando formaliza a Jadue? ¿O es un títere de la izquierda cuando persigue a Torrealba?

Lo exasperante es que el viejo truco funciona. Los políticos indagados cambian el tema de la discusión, desde los hechos hacia sus delirantes teorías de la conspiración. Nos exigen que no seamos ciudadanos pensantes, que evalúan y aquilatan los hechos investigados, sino seguidores incondicionales de un líder, dispuestos a creer a pies juntillas en su palabra.

Esta semana se ha hablado mucho de las declaraciones de Jadue, de sus efectos políticos y de las respuestas que causaron. ¿Saben de lo que no se habla? De las pruebas, evidencia y descargos del caso.

Así que hablemos de eso.

La investigación comenzó en 2022, con una querella por estafa de Best Quality, empresa proveedora de mascarillas para la Asociación de Farmacias Populares, que lideraba Jadue. Luego, un vendedor de la empresa, César Ramírez, confesó un soborno, asegurando que Jadue había pedido un “bono” extra de insumos, por 20 millones de pesos, que habrían sido entregados en la sede del Partido Comunista de Recoleta.

Entre las evidencias existe un intercambio de mensajes entre el vendedor y el entonces secretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias, Matías Muñoz, en que este coordina una “donación para Daniel Jadue”. Las declaraciones del dueño de la empresa, que confiesa haber autorizado el “bono”, y del chofer que habría entregado los productos, además del tráfico de llamadas entre los involucrados, coinciden con esa versión. En paralelo, la Contraloría detectó irregularidades y “faltas a la probidad” en la gestión de las farmacias.

Jadue, por cierto, goza de presunción de inocencia. Puede hacer sus descargos ante la Fiscalía y, si esta decide acusarlo, tiene derecho a defenderse en un juicio oral, ante jueces que tomarán la última decisión. También en la arena pública puede hacer todos sus descargos públicos sobre estas acusaciones.

Cuando hablamos de corrupción, ese debe ser el foco: antecedentes, evidencias y pruebas.

Todo lo demás (las frases grandilocuentes, las poses de perseguido, las teorías conspiranoides, las manitos al pecho) son solo humo para tapar lo importante.

Un viejo truco con que los políticos nos meten el dedo en la boca, una y otra vez.