El 14 de octubre de 1980, la dictadura discutía los últimos ajustes al nuevo sistema de AFP. Reticente en principio, el general Pinochet había dado luz verde a la idea de su joven ministro José Piñera, con una condición: las Fuerzas Armadas quedarían fuera.
¿Cómo explicar que los militares se restaran del maravilloso sistema que prometía futuro esplendor a los trabajadores chilenos? El asunto complicaba a Pinochet.
Cuando leyó la redacción del artículo 96, que excluía al personal de las FF.AA., Carabineros e Investigaciones, el dictador arrugó la nariz. “Que no figure que somos excepción, que incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él”, pidió a los abogados a cargo de redactar la norma.
“Políticamente es una bomba de tiempo”, coincidió el ministro de Salud, general Alejandro Medina Lois. “¿Cuál es la ética que tenemos?”, se preguntó. Pinochet zanjó el debate con una instrucción perentoria. “Esta ley traería un repudio total”, advirtió. “Tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario vamos a aparecer muy mal ante la ciudadanía”.
A 42 años de esa instrucción, y después de tres décadas de democracia, nada ha cambiado. Y al parecer nada cambiará: el proyecto de reforma previsional enviado por el gobierno al Congreso no toca, ni con el pétalo de una rosa, los privilegios de los uniformados.
Es un proyecto muy completo, de 321 páginas, que se pasea por todos los temas imaginables: cambios en la institucionalidad, fin de las AFP, nuevas cotizaciones, aumento de los topes imponibles, creación de nuevos entes públicos, fin del retiro programado, posibilidad de autopréstamos, distribución de los fondos de rezago, aumento de multas, eliminación de los multifondos, licitación de las rentas vitalicias…
Pero sobre las Fuerzas Armadas, nada.
El artículo 40 aclara que los uniformados “seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivos regímenes previsionales”. Consultado al respecto, el presidente Boric explicó lo que Pinochet quiso ocultar en 1980. “Cuando se creó el sistema de AFP durante la dictadura, tenían muy claro que no les convenía entrar a las AFP”, dijo. Pero a renglón seguido, descartó hacer algo al respecto. “Deberíamos avanzar gradualmente hacia allá, pero creo que uno tiene que saber elegir sus batallas, y hoy día estamos preocupados de aumentar las pensiones a la mayoría de los chilenos”.
Ya sabemos que ese “avanzar gradualmente” es un eufemismo para no hacer nada. En 32 años de democracia, el tema siempre ha sido tabú. Más allá de algunos cambios mínimos para enfrentar los abusos más escandalosos, ningún gobierno ha tenido los pantalones o las faldas necesarias para empujar una reforma a una situación que es tan injusta como en 1980, pero además se vuelve más insostenible con cada año que pasa.
Las pensiones militares son pagadas por Capredena. Las de carabineros, detectives y gendarmes, por Dipreca. Apenas el 6% de las jubilaciones son financiadas por los propios afiliados. El 94% restante es déficit, cubierto cada año por el resto de los chilenos. En 2020, el Estado destinó el 0,95% del PIB a financiar las jubilaciones de 174.185 pensionados militares. Para el millón 700 mil civiles que recibían el pilar solidario, repartió 1,24% del PIB. Un militar pensionado recibe los mismos recursos en solidaridad estatal que 7 a 8 civiles.
Este déficit se agrava año a año. Ya en 2012, la Dirección de Presupuestos proyectaba un gasto anual sobre U$12 mil millones en pago de pensiones militares para 2050. Eso significa que el Estado gastará en subsidiar pensiones militares el equivalente a construir un hospital de alta complejidad cada semana. Sí, cada semana: cerca de 50 hospitales al año para llenar un barril sin fondo.
Es un sistema de reparto en que los uniformados cotizan apenas el 6% de sus sueldos, y pese a ello tienen aseguradas jubilaciones equivalentes al 75% del último salario si tienen 20 años de servicio, y al 100% si cumplen 30 años. Ese beneficio de jubilar con 100% del sueldo que las AFP proyectaban para los chilenos en 2020, se cumple… pero precisamente para quienes se quedaron fuera de las AFP.
A esto se suman los escándalos propios de un sistema opaco. Distintas investigaciones han revelado fraude al fisco y lavado de activos, además de irregularidades por U$16 millones, en Dipreca. Además, cientos de jubilaciones múltiples, pensiones sobre $5 millones para empleados civiles (familiares de políticos incluidos), jubilaciones millonarias para condenados por violaciones a los derechos humanos, y casos de militares con pensiones sobre los $3 millones, recontratados por las Fuerzas Armadas con dobles sueldos como personal a contrata y profesor civil.
En 1980, hasta Pinochet sabía que esto era impresentable. En 2022, además es irresponsable e insostenible. Los cambios deben discutirse ahora, para implementarse gradualmente, respetando los derechos de quienes ya jubilaron y agregando medidas como el alargue de la carrera militar.
En 2018, el entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, habló ante 900 efectivos en la Escuela Militar. “Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas”, los arengó, según un audio que publicó The Clinic. Entonces, políticos del actual oficialismo pusieron el grito en el cielo. Pero una vez en el gobierno, han optado por hacerse los lesos.
Sí, hay que elegir las batallas. La igualdad ante la ley y el combate a los privilegios deberían ser batallas que una democracia digna de tal nombre elija siempre.
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