Columna de Daniel Matamala: Estulticia

El Congreso batió su propio récord de estulticia. La vara ya estaba bajísima, pero los parlamentarios no saben de límites.

Así que esta semana hicieron algo que nadie con dos dedos de frente podría considerar razonable: acusaron a dos personas distintas, por cargos absolutamente diferentes, y por hechos que no tenían nada que ver el uno con el otro, en una misma votación.

Por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, las honorables diputadas y diputados declararon admisible la acusación constitucional contra los jueces Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes.

Ambos quedaron suspendidos de sus cargos, y a un paso de ser destituidos e inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos, si el Senado así lo determina.

¿Cuál es ese “notable abandono de deberes” en que incurrieron Vivanco y Muñoz? Es imposible saberlo. Y es imposible porque se votó en un solo acto (dedo para arriba, dedo para abajo) por ambos casos.

El abogado de Muñoz, Jorge Correa Sutil, dijo que esta votación era “inmoral y una aberración jurídica”. Su desconcierto era total: ¿cómo puedes defender a un acusado, si en la votación se le juzgará, no por sus actos, sino por los pecados de otro?

Así, en el año 2024 después de Cristo, el Congreso Nacional de la República de Chile decidió renunciar a siglos de civilización basada en las responsabilidades individuales, y volver a los tiempos bíblicos en que las culpas eran colectivas, y los castigos, también.

Una especie de Diluvio Universal. Un castigo por igual contra justos y pecadores, pero en versión selfie y con cuñas para Twitter.

¿Cómo se llegó a esta aberración?

Como sabemos, la jueza Ángela Vivanco es una de las protagonistas del caso Hermosilla. Compartió con el abogado información reservada sobre causas que le interesaban, y ejecutó acciones sospechosas en varias causas de interés económico, como el de una empresa bielorrusa contra Codelco, y el de la “multa del siglo” contra Julio Ponce. En varias de ellas habría presionado a relatores para acelerar su despacho.

La Corte Suprema obró con premura: por unanimidad, expulsó a Vivanco de la Corte.

En paralelo, diputados presentaron una acusación constitucional doble, contra Vivanco y contra otro juez de la Suprema, Sergio Muñoz.

Lo insólito es que Muñoz no tiene nada que ver con el caso Hermosilla, ni con los demás cargos (de hecho, votó contra el perdonazo a Ponce, mientras Vivanco lo hacía a favor).

Según el texto, al juez se le acusa por otros casos: informar a su hija sobre un proyecto inmobiliario en que ella tenía intereses (lo que él niega), y no denunciar que ella, siendo jueza, realizaba audiencias desde fuera de Chile. Más allá del discutible mérito de esos casos, lo cierto es que ambos son antiguos, denunciados en 2022 y 2023, respectivamente.

Ninguno de nuestros ágiles parlamentarios denunció entonces a Muñoz por ellos. Pero ahora, años después, súbitamente decidieron que debían acusarlo, y no en su propio mérito, sino amarrando su suerte a la de Vivanco.

Esto no es más que una burda maniobra politiquera para confundir a la ciudadanía sobre el caso Hermosilla.

Como Vivanco es de derecha (fue presidenta de la UCC de Fra-Fra Errázuriz, y candidata a diputada por RN), había que unir su suerte a un juez de izquierda. Muñoz no ha tenido protagonismo partidista, pero, por sus opiniones y fallos, se le considera cercano a la izquierda.

Así, se convierte a la acusación constitucional en un burdo cuoteo político: si cae uno de un lado, debe caer uno del otro.

Adicionalmente, Muñoz tiene cuentas por pagar, en especial con el pinochetismo y con ciertos sectores del poder empresarial.

Como investigador, resolvió el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, develó el organigrama de la CNI, y se hizo cargo de más de 60 procesos por crímenes de la dictadura. Con la misma efectividad, desanudó la trama de corrupción del caso Riggs, y tuvo la audacia de ser el primer juez en tratar de interrogar a Augusto Pinochet.

Luego, se convirtió en el ministro más influyente de la Corte Suprema, con la llamada “Doctrina Muñoz” en temas económicos y ambientales. Él considera que “interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”, pero sus críticos lo califican de “activista judicial”. Entre otros fallos controvertidos, ordenó tomar medidas contra la polución en Quintero-Puchuncaví, y paralizó proyectos termoeléctricos e inmobiliarios.

Y, en su fallo más polémico, ordenó a las isapres congelar las alzas de planes y devolver a sus pacientes los cobros en exceso, poniendo en crisis al sistema de salud privado.

Por esos “supremazos”, Muñoz era blanco de polémica hace años. En 2018 el diputado UDI Juan Antonio Coloma dijo que “es sabido por todos el afecto y adhesión del juez Muñoz al pensamiento de izquierda”. Tras el fallo sobre las isapres, recibió duras críticas, entre otros, del líder republicano Luis Silva, de la Fundación Jaime Guzmán, y del Observatorio Judicial, ligado a Libertad y Desarrollo.

Así llegamos a la votación de esta semana, en que la mayoría de los diputados actuaron como cobardes cómplices. Sabiendo que participaban en una parodia de justicia, no tuvieron el coraje de actuar según sus principios.

En vez de explicar que este procedimiento era aberrante, y que Vivanco sería juzgada individualmente luego (hay otra acusación, presentada solo contra ella), votaron “sí” a acusar a dos personas, en un solo acto, por hechos diferentes.

¿Cómo respetar a diputados que no se respetan a sí mismos? ¿Cómo tomar en serio a parlamentarios que están dispuestos a pisotear los principios más básicos de nuestra civilización con tal de cobrar una cuenta partidista, o de ahorrarse un mal rato en las redes sociales?

Es que no saben de respeto hacia su aporreada dignidad. Por último, de un pichintún de autoestima.