Columna de Daniel Matamala: Gatito de chalet

Hasta 2018, los consumidores chilenos estaban desprotegidos frente a los abusos de las grandes empresas. Existía el Sernac, pero este era, como se decía entonces, un “león sin dientes”.

Entonces, tras una larga discusión, el Congreso aprobó la ley que empoderaba al Sernac para fijar normas y sancionar a las empresas infractoras. Gracias a ella, en Chile hay reglas efectivas contra los abusos en el comercio, y, tal como en los países desarrollados, usted obtiene rápidas soluciones sin tener que ir a tribunales.

¿Cómo, no es así?

No. Porque esa ley, pese a ser aprobada por el Congreso, nunca llegó a regir.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) envió un “téngase presente” al Tribunal Constitucional (TC). Y el codo del TC borró lo que había escrito la mano del Congreso, convirtiendo la ley en un mamarracho tachado y tarjado: 28 normas fueron eliminadas, entre ellas todas las que permitían al Sernac dictar normas y sancionar a los infractores. En palabras de su director de la época, el efecto fue “catastrófico”, ya que a las empresas “les sigue costando menos infringir la ley que cumplirla”.

Por obra y gracia de la acción conjunta de la CNC y el TC, el Sernac sigue siendo un mediador buena onda, que les pide por favor a los infractores que se porten bien. El prometido león con dientes es un dormilón gatito de chalet. Y usted sigue igual de desprotegido que siempre ante los abusos.

Avancemos a 2023. Después de cuatro años y medio de discusión, el Congreso aprobó la nueva ley contra los delitos de cuello y corbata. El proyecto, considerado como la reforma más significativa al Código Penal desde 1874, fue elaborado por un prestigioso grupo de penalistas y empujado por el senador Matías Walker (Demócratas).

La reforma prevé penas efectivas de cárcel para delitos graves cometidos por directivos de grandes empresas, y sanciones por “días-multa”, ajustados según los ingresos de la persona condenada, como se hace en muchas democracias europeas. Además, aumenta la responsabilidad por delitos contra el medioambiente y los que involucran lavado de activos.

Un debate de años permitió llegar a un amplio acuerdo. El último trámite fue aprobado por 139 votos a favor y una abstención en la Cámara de Diputados, y por 42 votos a favor y una abstención en el Senado.

Un consenso que debería ser celebrado especialmente por los grandes empresarios, que exigen “mano dura” contra la delincuencia, y que, con toda razón, piden separar a los honestos de las manzanas podridas que emporcan el prestigio del gremio.

¿No?

No.

Esta semana, la CPC, la patronal del gran empresariado, replicó la estrategia de 2018: presentó un “téngase presente” al TC para derribar esta ley. La CPC acusa un “sesgo ideológico antiempresarial” (¿de Walker?, ¿de la UDI?), y reclama que gerentes y directores quedarán expuestos a sanciones “por el solo hecho de detentar el cargo” (falso, es por participar activamente en la perpetración de un delito en una posición jerárquica superior en la organización).

Su ofensiva es apoyada por los editoriales de La Tercera (propiedad de Saieh), El Mercurio (propiedad de Edwards) y La Segunda (ídem). “Discriminación a empresarios: el flanco que encontrará el TC en ley de delitos económicos”, dictamina el titular de una nota supuestamente informativa (no de opinión) de La Segunda, en que cinco abogados corporativos tildan de “desproporcionada”, “no racional” y “muy gravosa” la ley.

El “téngase presente” fue redactado por Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik. Hube fue convencional y propuso en sus afiches de campaña que la nueva Constitución consagrara “el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sin limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional”.

Zaliasnik es el abogado defensor favorito en delitos de cuello y corbata, como Penta y SQM, y compara a los fiscales que buscaban hacer justicia en esos casos con la Stasi. Zaliasnik dice que la ley es una “estigmatización al empresariado” y que hace que “el riesgo de invertir en Chile y desarrollar negocios (sea que) se va a la cárcel, si suceden ciertas situaciones que incluso pueden escapar a sus esferas de control”. Nótese el lenguaje: cuando son de cuello y corbata, los delitos no se “cometen”, simplemente “suceden”, y delinquir es un “riesgo” de hacer negocios.

Zaliasnik, quien logró que un senador librara con una multa tras financiar su campaña con dinero ilegal, advierte que este proyecto “viola la igualdad ante la ley”. Sí, en un país en que hurtar un balón de gas se ha penado con cinco años de cárcel, mientras los carteles quedan impunes y gigantescos esquemas de robo tributario terminan en clases de ética.

Tal como en 2018, se pretende convertir a la democracia en una farsa. Usted elige parlamentarios para que lo representen. Ellos dictan una ley. Entonces, un grupo de señores que usted no eligió, a petición de otro grupo de señores, que representa a una minúscula fracción de la sociedad, elimina esa ley de interés general, en beneficio de intereses particulares. ¿La razón? Supuestamente infringir una Constitución que usted nunca aprobó.

“En este país, desprovisto de leyes modernas, todos los abusos se cometen a costa de una mayoría de humildes, en beneficio de una minoría de privilegiados que todo lo tienen y todo lo pueden”.

Esto escribía, hace exactamente un siglo, Joaquín Edwards Bello.

Cien años después, el desafío sigue siendo el mismo: dotar al país de leyes modernas que protejan a la sociedad de esos abusos.

Contra eso, la CPC pretende mantenernos en el siglo XIX, con normas vigentes desde 1874. Así, la justicia chilena seguirá siendo lo mismo que en la época de Edwards Bello: un gatito de chalet, durmiendo la siesta cuando los delitos se cometen desde las oficinas afelpadas de un salón de directorio.