Columna de Daniel Matamala: Hágase la luz

Continua corte de luz en Peñalolen
Siete regiones del país siguen con problemas de luz. Foto: Marcelo Hernandez/Aton Chile


“Hágase la luz, y la luz se hizo”, es la fórmula del Génesis bíblico. Una luz que miles de chilenos llevan más de una semana aguardando. Tras el temporal de la semana pasada, lo que parecía uno más de los ya rutinarios cortes de energía ante cada sistema frontal, se ha convertido en una pesadilla para miles de familias, y en una crisis que ha escalado a las protestas, las barricadas y hasta las tensiones diplomáticas.

¿Qué está pasando?

Hay explicaciones inmediatas. Es evidente que hubo poca previsión de las empresas distribuidoras, especialmente Enel y CGE. Que no estaban preparadas y no habían invertido lo suficiente en prevención ni en gestión de la emergencia. Que su manejo de crisis ha sido deplorable y que la información a los vecinos afectados ha sido inexistente.

También es claro que el gobierno tardó en dimensionar la crisis. Que confió en que el asunto se arreglaría solo, y que recién cuando comenzaron las protestas de vecinos indignados, La Moneda empezó a presionar en serio a las empresas involucradas.

Todo esto es relevante, pero quedarse en esas explicaciones es sólo rascar la superficie. Para entender el origen hay que ir, como en el “hágase la luz”, al Génesis.

Y este es que las eléctricas no fueron privatizadas para mejorar el servicio a los usuarios, sino para sacar una jugosa tajada del desguace del Estado. Y ya en democracia, en vez de regularlas adecuadamente, los políticos se dejaron cooptar por ellas.

Tiene lógica: si eres un monopolio, tu negocio no depende tanto de satisfacer a los clientes, que están forzados a comprar tu servicio, sino más bien de complacer al regulador y obtener de él condiciones favorables: precios altos, inversión modesta y penalidades irrisorias.

La privatización se publicitó como “capitalismo popular”. Los dueños de las eléctricas serían los chilenos, a través de los fondos de pensiones, y de la compra de acciones por sus propios trabajadores.

“Es indiscutible la transparencia del proceso de privatización de Chilectra Metropolitana”, escribía Harald Beyer en la revista del CEP, en 1988.

Pero los hechos desmentirían tanto optimismo.

El gerente general José Yuraszeck orquestó la privatización para su propio beneficio, y emergió de ella como controlador de la empresa, usando los fondos de los supuestos “capitalistas populares”.

Luego, repitió el truco: se alió con José Piñera y usó los fondos de pensiones como palanca para capturar el control de la generadora Endesa, a través de las AFP.

En 1997, Yuraszeck y sus compinches aprovecharon esa posición controladora para negociar la venta a Endesa España, logrando millonarios dividendos, en desmedro del resto de los propietarios.

Entre los perjudicados estaban los trabajadores, a través de los fondos de pensiones, y los demás accionistas, entre ellos Sebastián Piñera. El entonces senador puso el grito en el cielo, mientras bajo cuerda aprovechaba su poder político para llegar a un acuerdo ventajoso con los nuevos dueños, dejando al resto de los accionistas en la estacada.

“No se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios”, acusó el entonces presidente de RN, Andrés Allamand. “No estoy dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio, si tengo la oportunidad que se me ofreció”, le contestó Piñera.

El “negocio del siglo” se había transformado en el “escándalo del siglo”.

En 1999, los españoles pasaron a controlar el 60% de Endesa, lo que los dejaba en posición dominante tanto en la generación como en la distribución eléctrica. La operación fue impugnada por el fiscal nacional económico, Rodrigo Asenjo, por “incrementar brutalmente el grado de integración vertical” del mercado.

Como detallo en el libro Poderoso Caballero, siguieron tres años de presiones políticas contra Asenjo, su sucesor Francisco Fernández, el presidente de la Comisión Antimonopolios, José Luis Pérez Zañartu, y los miembros de esa comisión. Las presiones incluyeron llamados personales del Presidente Ricardo Lagos a miembros de la comisión, para ordenarles que fallaran a favor de Endesa.

¿Cómo se cooptó al poder político? Una pista procede de la reunión del directorio de Endesa España del 30 de agosto de 2013. En ella se acordó destinar un millón de dólares a candidatos presidenciales y parlamentarios en las elecciones de ese año.

Los fondos serían distribuidos por el presidente del directorio, Jorge Rosenblut, quien era, al mismo tiempo, el histórico recaudador de dinero para las campañas de Michelle Bachelet y la Concertación. Estaba a ambos lados del mostrador, repartiendo plata en nombre de los privados con una mano, y recibiéndola en nombre de los políticos con la otra.

El PPD Rosenblut fue sucedido por otro hombre conocido, no por su experiencia en electricidad, sino por sus contactos políticos. El UDI Herman Chadwick presidió la empresa, ahora comprada por la italiana Enel, entre 2016 y abril de 2024.

Al final, la promesa del “capitalismo popular” terminó con la distribución eléctrica nuevamente estatizada, pero en manos de estados extranjeros: el 89% de la distribución eléctrica se concentra en Enel, cuyo principal accionista es el Estado de Italia, y en la estatal china State Grid Corporation, dueña de CGE y Chilquinta.

La Constitución prohíbe al Estado chileno y sus organismos “desarrollar actividades empresariales o participar en ellas”, salvo que una ley de quórum calificado lo autorice.

Así, en nuestro país la República Popular China o la República Italiana pueden controlar el estratégico mercado eléctrico, pero nuestra República de Chile no.

CGE, que llegó a tener dos millones de hogares sin luz, ha tomado una postura agresiva. Se niega a negociar compensaciones para los usuarios a través del Sernac, amenaza con querellas a privados y municipios por la caída de árboles, y reclama que sus rentabilidades “son bajísimas”.

En 2020, en esta misma columna, nos preguntábamos si, en caso de conflicto con una empresa perteneciente al todopoderoso gigante chino, podría el regulador defender a las familias chilenas.

Cuatro años después, la pregunta parece responderse sola.

Mientras, miles de chilenos siguen esperando que, en medio de esta oscura trenza de intereses partidistas, empresariales y geopolíticos, al fin se haga la luz.

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