“Cuesta creerlo”, se titulaba una columna en este mismo espacio, dos meses antes del plebiscito, sobre las promesas de la derecha en caso de que ganara el Rechazo. Costaba creerlo, pero en los primeros días tras el referéndum pareció que sí sería posible. Los líderes de la UDI, RN y Evópoli reafirmaron su compromiso con una nueva Convención elegida por voto popular, y en la primera reunión en el Congreso, los presidentes de partidos de Chile Vamos dieron el sí a ese punto de partida.
Entonces vino el giro en 180 grados.
Parlamentarios y dirigentes de RN y la UDI presionaron para abortar el acuerdo; los senadores RN pidieron dejar la nueva Constitución en manos de “sabios” (“No debemos llamar a una votación, por ningún motivo”, zanjó el senador Castro). Mientras desde la extrema derecha los republicanos los acusaban de “venderse barato”. “¡Estamos en un terremoto!”, escribió, según una crónica de La Tercera, el presidente de RN, Francisco Chahuán, a sus cercanos en la directiva. Horas después, borraban con el codo lo que habían escrito con la mano, desconociendo el acuerdo y frenando las negociaciones.
Este viernes, la UDI, RN y Evópoli presentaron su nueva postura. Desapareció el compromiso con una Convención electa democráticamente. Ahora piden un comité previo, que ponga límites a cualquier debate, y aseguran que “el 62% que rechazó el texto de la Convención permite dar por sentados ciertos mínimos comunes, que debiesen ser planteados como principios del proceso constitucional”, entre los cuales incluyen la mantención de la Cámara de Diputados y el Senado (muy elegante, los parlamentarios asegurando la pega), “la protección de la propiedad, haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas”, y el “derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional”.
Cuánta audacia.
Marearse con las victorias es un mal negocio. Le pasó a la misma derecha en 2017, cuando leyeron la elección del Presidente Piñera como el triunfo de una agenda que incluía bajar los impuestos a los dueños de empresas y entregar más fondos a las AFP. El estallido les hizo ver lo profundo de su error. Le pasó a la izquierda en 2021, cuando entendió la elección de convencionales como un cheque en blanco para redactar una Constitución identitaria, y se farreó una oportunidad histórica al chocar con el 62% del Rechazo.
Pero al menos tenían razón en algo: los chilenos votaron por Piñera en 2017, y por convencionales independientes y de izquierda en 2021. Pero, ¿de dónde saca la derecha que los chilenos votaron por ella el 4 de septiembre? Habrá que recordar que varios de sus principales líderes, incluido su único expresidente de la República, pasaron meses escondidos, mientras subcontrataban la campaña en figuras centristas, apolíticas y “amarillas”. Y ahora salen de las catacumbas para proclamarse intérpretes de la voluntad popular.
En caso alguno la privatización del agua, la división entre isapres y Fonasa, o las AFP, son “mínimos comunes” que puedan “darse por sentados”, sin admitir debate alguno sobre ellos. Por ejemplo, el “derecho a elegir” en materia previsional no existe en la actual Constitución. La derecha pretende que, antes de que los chilenos puedan votar y el debate pueda empezar, se consagren principios que ni siquiera Pinochet dejó establecidos en su Constitución.
¿Qué fue del “una que nos una”?
La ciudadanía ha entregado tres mandatos, y nada más que tres mandatos: que quiere una nueva Constitución (78% en 2020), que esta debe ser redactada por mandatarios elegidos por voto popular (79% en 2020) y que el texto no debe ser el propuesto por la Convención (62% en 2022). Todo lo demás es ficción.
Estos giros y contradicciones evidencian que la derecha hoy vive un momento crucial. Debe definir su destino entre dos opciones.
Una es seguir amarrada a la Constitución de Pinochet, convertida en el triste vagón de cola de los republicanos. Ceder a los insultos y chantajes de la ultraderecha y a los “aprietes” con que los barrabravas intentan acobardarlos.
La otra es aprovechar esta oportunidad para despojarse del pasado, hacer creíble su compromiso con una democracia sin letra chica, y mirar hacia el centro buscando una alianza con los grupos exconcertacionistas que estuvieron por el Rechazo.
En cambio, desconocer sus promesas y dejar a los “amarillos” en la estacada dinamitaría la posibilidad de generar un nuevo clivaje que rompa el del Sí y el No.
Un rol crucial les cabe a sus líderes. El presidente de la UDI, Javier Macaya, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se comprometieron con una Convención electa por la ciudadanía, y parecen genuinamente interesados en cumplir su promesa, contra la oposición de sectores internos.
Ellos harían bien en recordar el pasado acuerdo constituyente, el de 2019. Los alcaldes de Recoleta y Valparaíso, que aparecían como firmes cartas presidenciales, trataron de derribarlo. Complaciendo a los sectores más radicales de la izquierda, consideraron que era un salvavidas para el Presidente Piñera y se restaron de él haciendo duras acusaciones.
En cambio, un diputado llamado Gabriel Boric se la jugó y firmó a título personal, aun contra la opinión de su partido. Le suspendieron la militancia, lo trataron de traidor y lo agredieron. Pero ese día se convirtió en un líder respetado, y dos años después llegó a La Moneda.
¿Qué camino quieren seguir los líderes de la derecha? ¿El de Jadue y Sharp, o el de Boric?
En este caso, lo que es mejor para su futuro político también es lo mejor para su sector y para Chile: dejarse de pequeñeces y cerrar el acuerdo que le prometieron al país si ganaba el Rechazo. Una Constitución redactada por un órgano electo y paritario, sin candados ni letra chica.
Hacer lo que corresponde, en vez de caer en la audacia de creerse depositarios de un mandato imaginario. De una representación que nadie les dio.
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