Columna de Daniel Matamala: La raíz de la inquina

Ximena Chong
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.


La fiscal Ximena Chong actúa “con una agudeza y severidad que sólo es comparable a la Santa Inquisición”, y “hace uso y abuso” del caso “para satisfacer su ego”, acusan el jefe y subjefe de la bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún, en una carta-denuncia al Fiscal Nacional.

Chong comete “un inaceptable abuso de sus facultades y daña al Poder Judicial”, dice el jefe de la bancada de senadores UDI, Víctor Pérez. “Se debe contar con fiscales desprovistos de sesgos políticos”.

La declaración de Coloma y Hasbún es de 2016. La de Pérez, de 2018.

Sí, muchísimo antes del estallido, y de que Chong quedara a cargo de investigar causas relativas a carabineros, la clase política ya la tenía entre ceja y ceja. Y esa tirria no tenía nada que ver con derechos humanos o con “octubrismo”. Su pecado era investigar en serio la corrupción política.

Desde la izquierda, Marco Enríquez-Ominami la acusó de “actuar con sesgo político” (palabras calcadas a las de la UDI) y de “abuso y persecución”, por indagar el financiamiento de su campaña (ese caso luego fue cerrado por falta de antecedentes).

Desde la derecha, se la cuestionaba por indagar las coimas de las pesqueras. El caso había partido con el fiscal Carlos Gajardo, quien también investigaba Penta y SQM, y fue sometido a una campaña de ataque y demolición por parte de los políticos, ansiosos por cerrar esas cajas de Pandora que los amenazaban.

La presión surtió efecto: a petición de la defensa de Orpis, en junio de 2015 Gajardo fue sacado del caso, el que terminó en manos de Chong.

Orpis escapó de la sartén para caer en las brasas. Para sorpresa del senador y sus partidarios, Chong demostró una férrea determinación y, pese a todas las presiones y ataques políticos, logró lo impensable: una pena efectiva de cárcel para un político por corrupción.

Nunca le perdonarán esa afrenta.

En 2020, un grupo de sujetos ligados al grupo de ultraderecha “La Vanguardia” llegó hasta la casa de Chong, donde dejaron a su hijo una carta con amenazas de muerte. El senador UDI Iván Moreira, investigado por su “raspado de la olla” en las platas políticas, reaccionó así: “Cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar y se expone a este tipo de cosas. No nos vengamos a hacer las víctimas. Me parece algo muy normal, muy normal. Cuando una provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas”.

En ese momento, Víctor Pérez era ministro del Interior, encargado de garantizar la seguridad de los fiscales. Esta fue su respuesta: Chong “carece de objetividad. Pero ella es una persona, una fiscal, que hay que respetarla”.

En 2023, Pérez volvió a atacar a Chong, ahora exigiendo al Fiscal Nacional represalias en su contra por haber tomado declaración al expresidente Piñera.

Hay una vieja cuenta por cobrar.

Este viernes, el 4º Tribunal Oral de Santiago determinó que el excabo de Carabineros Sebastián Zamora es inocente. Los jueces argumentaron que “no se ha probado el hecho objeto de la imputación” liderada por la fiscal Chong: homicidio frustrado y apremios ilegítimos contra “Anthony”, menor de edad al momento de los hechos, el 2 de octubre de 2020, en las inmediaciones del Puente Pío Nono.

En un estado de derecho las decisiones de la justicia se acatan, y en este caso asientan la verdad jurídica de que las acciones de Zamora, ese 2 de octubre de 2020, no constituyen homicidio frustrado ni apremios ilegítimos.

Nada menos que eso, y nada más.

Porque este, habrá que recordárselo a los políticos, era un juicio sobre un eventual homicidio frustrado, no sobre la indudable existencia de violaciones a los derechos humanos, ni menos un debate político sobre el estallido, ni, menos aún, una forma de cobrarle cuentas pendientes a una fiscal por encarcelar a uno de los suyos.

La presión política y mediática hacia el tribunal fue enorme. Un grupo de diputados estuvo presente en la sala desde el inicio del juicio. Tildaron de “peligro para la sociedad” e “indecente” a la fiscal, cuya destitución exigen, por tener “un sesgo político ideológico”. De nuevo: textualmente, lo mismo que decían desde la izquierda y la derecha de ella por investigar la corrupción.

¿A estos políticos les importa la justicia? Por supuesto que no. Solo se dedican a presionar a la justicia para sus propios fines.

La mejor prueba es que los parlamentarios que celebran el fallo en el Caso Pío Nono quieren amarrar las manos de la justicia. RN y UDI piden una ley de amnistía para carabineros y militares responsables de torturas, mutilaciones y homicidios de civiles entre 2019 y 2020.

Esa aberración significaría dejar impunes más de 50 casos en que los tribunales han establecido la culpabilidad de uniformados, en hechos como el disparo que dejó ciega a Fabiola Campillai, o la muerte de Romario Veloz.

O el de la actriz María Paz Grandjean, atacada en la cara con un proyectil de kevlar relleno de perdigones de plomo, en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde salía de una función de teatro, la tarde del 18 de octubre de 2019.

En abril, el excapitán de Carabineros Tomás Rodríguez fue declarado culpable, en un caso liderado por Chong. Claro que esa vez no se escuchó a políticos alabando el trabajo de la fiscalía, ni la prensa se repletó de titulares sobre el “triunfo” de Chong, como sí ocurrió con su “fracaso” y “derrota” de esta semana (si quiere comprobarlo por sí mismo, le invito a guglear esos términos, y comparar la cobertura mediática).

Un solo ejemplo entre muchos: ExAnte publicó 14 notas sobre la fiscal desde el inicio del juicio, el 22 de mayo. Las 14 son negativas para ella, con titulares como “Crónica de la derrota de Chong (y del octubrismo)”, “Duro golpe a Chong”, “Su aplastante derrota”, “Los reveses para la tesis de la fiscal Chong”, etcétera.

En un Estado de derecho, la justicia falla caso a caso, de acuerdo a la evidencia presentada, no según la interpretación proselitista que partidos políticos y sus maquinarias mediáticas pretendan darle a los casos.

Ni tampoco del mensaje que quieren dejar establecido: que quien se atreva a investigar la corrupción política terminará, tarde o temprano, pagando un alto precio por su audacia.

Esa, y no otra, es la raíz de la inquina contra Chong.

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