Columna de Daniel Matamala: La tesis Donoso

“Tolerancia cero con la corrupción, que caiga quien caiga, aunque sea mi hermano”, proclamó el jueves Evelyn Matthei. Su cita a dos frases hechas convertidas en nombres de programas de televisión dejó fuera una referencia televisiva que sería la más adecuada para describir el ambiente predominante: “sálvese quien pueda”.

A falta de un pacto para rescatar la estantería, ese es el estado en que se encuentra gran parte de la clase dirigente.

Hasta ahora no hay acuerdo, aunque sí hay un esbozo de estrategia. ¿Resultará? La historia entrega algunas lecciones.

En la escala Richter de los escándalos políticos, los terremotos con potencial destructivo sobre todo el sistema nos acechan, uno por década. En 2003 fue MOP-Gate. En 2015, Penta-SQM. En 2024, Hermosilla amenaza con convertirse en un terremoto grado 10. Uno que no deje estructura en pie en un radio demasiado grande como para que el sistema lo permita.

MOP-Gate acechó al gobierno del presidente Lagos, desde el ministerio que él había encabezado, y escaló hasta su familia, cuando su jefe de gabinete y primo de su esposa, Matías de la Fuente, quedó en prisión preventiva (luego fue absuelto). También se reveló el pago de sobresueldos (literalmente: billetes en sobres) a los ministros.

La oposición se regocijó al principio (hablaban de “prácticas gansteriles”). Pero la investigación amenazaba entrar al espinoso tema del financiamiento de las campañas, y entonces José Miguel Insulza y Pablo Longueira lideraron el pacto, con un acuerdo que formalizó las platas empresariales en la política.

La fórmula legal fue más burda: el Servicio de Impuestos Internos resolvió que los sobresueldos no eran tributables, y que por lo tanto los ministros no habían cometido delito.

El abogado PPD Samuel Donoso fue pieza clave en el control de daños, como defensor del dueño de la empresa Gate. El exministro Carlos Cruz aceptó cargar con la cruz legal, y, tras el breve paso de rigor por Capuchinos, fue condenado a pena remitida.

La jueza Gloria Ana Chevesich fue ridiculizada como “la señora MOP” por el gobierno, y presionada por el presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, para que no siguiera abriendo una caja de Pandora que el poder ya había decidido cerrar.

La porfiada Chevesich debió pasar varios años de purgatorio antes que su ascenso a la Suprema fuera visado por el Senado (el senador Lagos Weber, hijo del Presidente investigado, no se inhabilitó, y votó contra ella).

Una década más tarde, estalló Penta-SQM. Mientras el caso involucraba solo a un grupo empresarial (Penta) y un partido (la UDI), no hubo obstáculos. Pero cuando los fiscales metieron las narices en altos cargos del oficialismo, y en todos los grandes grupos empresariales, llegó la hora de frenarlos.

Y un nombre fue clave: de nuevo, Samuel Donoso.

Tal como en MOP-Gate, se usó a Impuestos Internos como cortafuegos, ahora con la articulación de Donoso, quien oficiaba simultáneamente como abogado del exgerente de SQM y hombre de confianza de La Moneda. Siguiendo la “tesis Escobar” (por Ricardo Escobar, exdirector de Impuestos Internos), el SII declararía que las boletas ideológicamente falsas eran una falta y no un delito, y todo se arreglaría con multas, lejos de tribunales.

Pero hubo problemas. El director y el subdirector jurídico del SII, y los fiscales de Penta, se negaron a seguir las órdenes y debieron ser reemplazados por funcionarios más dóciles. La “rebelión de los mayordomos”, como la bautizó Eugenio Tironi, hizo que los hilos del acuerdo quedaran expuestos a la opinión pública.

Esta década toca Hermosilla. ¿Terminará por decreto, tal como MOP-Gate y Penta-SQM?

Por ahora, el poder destructivo está acotado al sistema judicial y a ChileVamos. Las revelaciones conocidas hasta hoy se centran en las redes de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, y el cerco se estrecha por las gestiones personales del exministro ante la Comisión para el Mercado Financiero.

Y aquí aparece, por tercera vez, Samuel Donoso.

Tras articular la trenza SQM – bacheletismo, el abogado representó a Piñera en causas por delitos de lesa humanidad y la investigación por Dominga, caso que había sido previamente cerrado por el fiscal Guerra, el mismo que puso la lápida a Penta. Es la misma causa en que el director de la PDI, Sergio Muñoz, filtraba diligencias a Hermosilla.

Tras explotar el audio, Donoso sucedió a Hermosilla como abogado de Andrés Chadwick.

En La Tercera, y sin transparentar su relación con Chadwick, este lunes Donoso publicó una columna titulada “Una filtración brutal”, en que afirma que “las filtraciones de elementos secretos de una carpeta de investigación” constituyen delito, y que los funcionarios públicos “tienen el deber de denunciar como delito las filtraciones flagrantes”. “No denunciar es también delito”, advierte Donoso.

Juan Pablo Hermosilla ya había usado ese argumento ante la corte, y el presidente del Colegio de Abogados aportó otro granito de arena, esta vez hablando del audio que desató el escándalo. Pedro Pablo Vergara dijo que “a lo menos una parte de esa conversación estaba amparada por secreto profesional, de ahí que ese audio pueda no ser considerado prueba lícita”.

Ya tenemos la tesis jurídica para frenar la sangría de información desde el teléfono de Hermosilla: la “tesis Donoso”. Falta la articulación política. Aquí todos miran a Evelyn Matthei, cercana a Chadwick, líder de la carrera presidencial y, por lo mismo, quien más tiene que perder en este caso. Ha vacilado entre exculpar a Chadwick (“¿usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya defraudado?”), llamar al caiga quien caiga (“aunque sea mi hermano”) y tomar el guante de Donoso (“es vergonzoso el tipo de filtraciones de la vida íntima que estamos teniendo”).

El presidente de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, pide que quienes “intervengan de manera positiva en esto”, para evitar “la incitación al odio y la caza de brujas”, sean Matthei, la ministra Carolina Tohá, el presidente del senado José García, y la Corte Suprema, y exige a la Fiscalía que termine “las filtraciones dirigidas”.

Falta que el oficialismo decida que está en su propio interés sumarse. Y que la Fiscalía y el Poder Judicial, que esta vez están en el epicentro del terremoto, tomen sus propias cartas en el asunto.

Claro que 2024 no es 2015 ni 2003. La capacidad de la clase dirigente de actuar como un solo cuerpo es, al menos, dudosa. Y disciplinar a los mayordomos es cada vez más difícil.

La fórmula está sobre la mesa. Pero por ahora, el acuerdo sigue demasiado verde. Hoy, prima el sálvese quien pueda. ¿Mañana? Atentos a la “tesis Donoso”.