Columna de Daniel Matamala: Manos al fuego

“Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota”, escribió el general chino Sun Tzu. Pero esta semana, en medio del ruido desatado por el caso de corrupción de Democracia Viva*, esa lección parece olvidada. Los actores improvisan tácticas para salvar el día, sin que se perciba estrategia alguna.

Mientras el incendio se extiende por la pradera frenteamplista, el Presidente Boric advirtió que “no pondría las manos al fuego por nadie”.

Es que al caso de Antofagasta se suman nuevos antecedentes. La Fiscalía abrió una arista penal en la Región del Maule, debido a contratos suscritos entre el seremi de Vivienda y una fundación de la que él había sido director, Urbanismo Social. Y Revolución Democrática (RD) incluyó en su querella a la delegada presidencial del Biobío.

“Se abrió la caja de Pandora”, dicen desde la oposición, y también desde sectores del oficialismo que se regocijan con la caída de la “generación dorada” de la política, como la llama con sarcasmo el senador PS Fidel Espinoza.

La pregunta es qué tan extendida está la fórmula de usar los traspasos a fundaciones como caja pagadora de favores, o de financiamiento de partidos y de campañas. Por ahora los casos golpean a RD, pero es imposible saber hasta dónde pueden escalar, dentro del oficialismo o en la clase política en general.

Cabe recordar al ministro Rodrigo Peñailillo, quien en el verano de 2015 pasó del entusiasmo por el caso Penta, cuando golpeaba exclusivamente a la UDI, al pavor cuando emergieron las facturas de SQM, abriendo la caja de Pandora de las boletas irregulares.

Esa vez la caja se cerró brutalmente, mediante un pacto de impunidad entre la Nueva Mayoría y la derecha, tal como antes lo hicieron la Concertación y la UDI en los sobresueldos del MOP-Gate.

El pacto fue tan eficiente, que algunos de los involucrados en esos casos hoy se pasean por los medios, exigiendo justicia donde ellos gozaron de impunidad. Hasta Pablo Longueira, hoy en juicio por el caso SQM, envía cartas al director pidiendo que “devuelvan la plata”.

La hipocresía es inseparable de la política, lo sabemos. Pero no deja de impresionar la cara de palo de los que acusan cacerías de brujas y persecución política cuando el denunciado es de su sector, pero desatan toda la furia del “caiga quien caiga” cuando los apuntados son del otro lado.

En medio del vértigo, el Presidente giró su discurso. Cuarenta y ocho horas después de proclamar que no pondría las manos al fuego por nadie, hizo algo muy parecido a eso, al respaldar, con nombre y apellido, a la delegada del Biobío y al seremi del Maule.

El cortafuegos a la presidencia construido el martes, fue derribado apenas 48 horas después.

Se entiende que Boric debe insuflar confianza a un gobierno golpeado. Pero defender de forma tan específica a funcionarios de bajo rango, cuando la investigación apenas comienza, es exponerse a un riesgo innecesario.

En un ajedrez político que recién mueve sus primeras piezas, la regla número uno es proteger al rey, no enviarlo a posiciones peligrosas para defender a sus peones.

El actuar de la oposición tampoco destaca por su clarividencia. En su táctica de tierra quemada, corre el riesgo de propinarse un enorme autogol estratégico.

“En 15 meses, el gobierno ha transferido US$ 479 millones a 3.296 fundaciones y entidades similares”, tituló en portada el domingo pasado El Mercurio, comparando esa cifra con los US$ 319 millones entregados en el mismo período por el gobierno Piñera II, y los US$ 186 millones de Bachelet II.

La diputada Gloria Naveillán tuiteó: “La izquierda lleva años hablando del “pacogate”, cuyos montos defraudados ascienden a 40 millones de dólares. El Frente Amplio se mandó 12 (DOCE) pacogates EN UN AÑO! Y eso es lo que se ha logrado descubrir hasta ahora, no más #fraudeFA #ROBO”. Varios dirigentes opositores se sumaron a denunciar los US$ 479 millones del “Boricgate”, como lo bautizaron.

Si hubieran leído un par de párrafos después del titular, habrían entendido que la cifra de los US$ 479 millones, por sí misma, sólo prueba algo que la derecha debería aplaudir: que los montos destinados a organizaciones privadas han crecido. La misma nota lo deja en claro, al detallar que tres de las cuatro fundaciones que más dinero han recibido (y que la diputada suma a un supuesto “robo”) pertenecen a la Universidad de La Frontera, el Arzobispado de Concepción y el Desafío Levantemos Chile.

Sin darse cuenta, están atacando uno de sus principios ideológicos fundantes: que lo público no es sinónimo de estatal, y que la sociedad civil debe tener un rol protagónico en la provisión de servicios.

Recién cuando el contralor anunció la paralización de las tomas de razón de todos los convenios con fundaciones (medida que luego matizó), algunos líderes de la derecha entendieron el peligro. El presidente de la UDI, Javier Macaya, puso paños fríos a los termocéfalos de su sector. “El problema no son las transferencias a fundaciones”, aclaró, “el problema es el uso que personas ligadas al Frente Amplio han hecho de una figura que no corresponde, disfrazando de sociedad civil una maquinaria para defraudar al Fisco”.

Dos principios deberían ser compartidos por todos los sectores. Primero, transparencia y justicia. Cualquier pacto de impunidad al estilo SQM sería un nuevo golpe a la ya moribunda credibilidad de nuestra clase política. Y segundo, consensuar reformas que limiten los cargos políticos en el Estado y estrechen los resquicios por los que operan estas redes de corrupción.

El vértigo de los escándalos estimula comportamientos erráticos. La muestra más evidente la dio el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien pasó de apoyar en un punto de prensa a la diputada Catalina Pérez, a firmar una querella en su contra.

RD compromete su futuro al respaldar irreflexivamente a Pérez. La derecha corta la rama ideológica sobre la que está sentada. Y el Presidente se pone a sí mismo en la línea de fuego.

No es un espectáculo que Sun Tzu miraría con orgullo.