E n su célebre alegato en el Juicio a las Juntas, dramatizado en la película “Argentina, 1985″, el fiscal Julio Strassera abogó por “fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria; no en la violencia, sino en la justicia”.
Argentina tuvo justicia: los principales líderes de su dictadura fueron condenados y encarcelados. Al otro lado de la cordillera, nuestro balance fue más agridulce. Algunos responsables de la represión, partiendo por el siniestro “Mamo” Contreras, fueron a la cárcel. El dictador Pinochet eludió la justicia hasta su muerte, aun al costo de declararse demente y definir su lugar en la historia con un balbuceo penoso: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo”
La justicia fue en la medida de lo posible, pero los avances fueron más firmes en el ámbito de la memoria, ese segundo fundamento de la paz que citaba Strassera. Con la Comisión Rettig, el Estado reconoció los miles de asesinatos cometidos por sus agentes, aunque el Ejército respondió, desafiante, que no veía “razón alguna para pedir perdón”.
Pero, poco a poco, un consenso nacional se fue abriendo camino. Los 30 años del golpe, en 2003, sirvieron de catarsis colectiva y enmarcaron la creación de la Comisión Valech, que amplió la memoria a las decenas de miles de víctimas de prisión política y tortura. En 2004, el Ejército asumió su responsabilidad como institución “en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”, y comprometió su esfuerzo para que ellos “nunca más vuelvan a repetirse”.
“Nunca más”, la misma expresión con que Strassera había cerrado su discurso, dos décadas antes.
Chile avanzaba en el consenso sobre un mínimo civilizatorio, y lo afirmaba creando instituciones como el Museo de la Memoria, con un directorio transversal que incluye al expresidente de RN Daniel Platovsky y el exdirector del CEP Arturo Fontaine.
Los 40 años del golpe, por primera vez con un Presidente democrático de derecha, fueron un nuevo paso adelante. Al hablar de los “cómplices pasivos”, cerrar ese resort para torturadores que se llamaba Penal Cordillera, y comprometerse a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en materia de verdad y reconciliación”, el presidente Piñera avanzó en convertir los derechos humanos en un patrimonio de la Nación toda, más allá de izquierdas y derechas.
Una prueba de ese consenso ocurrió en 2018, cuando Mauricio Rojas fue designado ministro de Cultura, y reaparecieron declaraciones en que había descrito al Museo de la Memoria como “un montaje”, “una manipulación de la historia” y “un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional”. El presidente Piñera aclaró que “no compartimos sus opiniones y declaraciones”, y el mismo Rojas se disculpó afirmando que esas palabras “no reflejan mi pensamiento actual”. De todos modos, debió renunciar, tras cumplir menos de 100 horas en el cargo.
Por esos mismos días, José Antonio Kast decía, tras visitar el Museo de la Memoria, que le parecía “un buen museo, a un nivel europeo o americano”, y que “lo hicieron bien porque está bien documentado, está bien informado”, aunque pedía que tuviera “más contexto”, para que fuera un museo y no “un memorial”.
Esto ocurrió hace solo cuatro años. Y es impactante constatar el retroceso que hemos sufrido desde entonces. Copiando tácticas de la ultraderecha internacional, un grupo de nostálgicos del pinochetismo decidió abandonar el consenso civilizatorio y convertir de nuevo a los derechos humanos en un campo de batalla.
Lo desconcertante es que la derecha supuestamente democrática, autodenominados liberales e incluso parlamentarios de la DC se dejaron arrastrar por esos extremistas. Con esos votos, la Cámara de Diputados rechazó los fondos del Presupuesto 2023 para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, lo que obligaría al Museo de la Memoria, Villa Grimaldi y Londres 38 a cerrar sus puertas, afectando también a la Corporación Estadio Nacional, Fundación Salvador Allende, y Fundación Eduardo Frei Montalva, entre otras (sí, hubo votos DC por asfixiar a la Fundación Frei. Su bancada lo atribuyó a un “error”).
¿A quién le conviene que el horror sea olvidado? ¿Que los hechos espantosos del pasado se pierdan en una niebla de frivolidad e intrascendencia? Sólo a aquellos que no creen en la democracia, y que pretenden trivializar el espanto que significaría caer de nuevo en un régimen autoritario.
Al pretender borrar el pasado, nos muestran su visión sobre el futuro.
Es que para una sociedad la memoria es un faro hacia el porvenir. En palabras del filósofo Walter Benjamin, la narración sobre los hechos del pasado es la que permite que una nación “constituya a la experiencia como común”.
Al hablarnos del pasado, la memoria nos permite construir un futuro común. Como afirma Carlos Peña en su esclarecedor libro “El tiempo de la memoria”, “la memoria cultural es un esfuerzo por instaurar una balsa a bordo de la cual las comunidades puedan sobrevivir en medio de la tempestad del tiempo”.
Esas tempestades suelen asaltar a los países, con olas gigantes y vientos embravecidos. Hoy vivimos una de ellas, en que el cielo se nubla y nos impide ver con claridad un horizonte común al cual dirigirnos como sociedad.
Es el momento de aferrarnos a nuestra balsa, a nuestra certeza de que tenemos un principio común que estamos resueltos a no romper jamás. Ese principio es la convicción de que la democracia es irrenunciable, y que el Estado nunca, bajo ninguna excusa, puede ejercer la violencia contra sus propios ciudadanos. De que, citando de nuevo a Strassera, “el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”.
Ahora corresponde al Senado pronunciarse. Será la prueba de fuego para saber si este consenso, laboriosamente construido por décadas, sigue en pie, y si la derecha democrática mantiene su compromiso con ese futuro compartido.
Con ese “nunca más” que nos permite seguir juntos en medio de la tempestad.
