Chile está conmocionado. La indignación por el asesinato de tres carabineros nos muestra como una sociedad aún sana. Una que no ha perdido la capacidad de rebelarse frente a crímenes tan atroces.
Álex Salazar, el 14 de marzo. Rita Olivares, el 26 de marzo. Y Daniel Palma, el 6 de abril. El día que recibamos las muertes con resignación, estaremos perdidos. Ese día no ha llegado, y esperamos que nunca llegue. No está muerto quien pelea, y los chilenos están dispuestos a enfrentar la criminalidad violenta.
Ahora necesitamos autoridades capaces de liderar ese esfuerzo.
El discurso de los líderes de opinión, sin embargo, parece anclado en el pensamiento mágico. Una etapa saludable del desarrollo infantil, pero impropia de adultos racionales: “La creencia en poder influir sobre la conducta de los demás o en eventos a distancia a través del pensamiento, los deseos o rituales”.
Muchos políticos presentan un mundo en que la realidad se modifica por el simple expediente de quererlo e invocarlo.
Atribuyen la escalada de violencia a una falta de apoyo a Carabineros. La crisis se debe a críticas pasadas de ciertos políticos a esa institución y, por lo tanto, la solución es simple: debemos “respaldar a Carabineros”. Decir una y otra vez, con las palabras más severas y elocuentes posibles, que estamos de su lado y contra los delincuentes.
El problema del pensamiento mágico es que la realidad lo desmiente.
Partamos por el origen. Carabineros fue por muchos años la institución más confiable de Chile, un prestigio ganado por varias razones: su imagen de probidad, su presencia en todos los rincones del país y su raigambre popular; tal vez sea la única institución del poder que se parece al país real, con muchos funcionarios de extracción popular en sus filas.
Ese prestigio comenzó a derrumbarse años antes del estallido. Según la encuesta CEP, la confianza en Carabineros pasó de 57% en 2015 a 37% en 2017. Según Mori, la caída fue de 56% en 2014 a 33% en 2016. En el Índice Nacional de Victimización, la confianza cayó al 18% en 2017.
¿Qué pasó en esos años? En una palabra: corrupción. Se destapó un enorme desfalco con participación de altos mandos, sindicado como el fraude contra el patrimonio fiscal más grande de la historia: 26 mil millones de pesos.
A él le siguieron la Operación Huracán y el caso Catrillanca, marcados por las mentiras y el ocultamiento de evidencia. La crisis fue de tal envergadura, que obligó a descabezar el alto mando: en marzo de 2018, a pocos días de asumir el Presidente Piñera, más de un tercio de los generales fueron llamados a retiro.
Luego, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido golpearon a una institución ya debilitada. Pero la crisis era anterior, y no se debía a palabras irrespetuosas (que las hubo, algunas muy groseras, de actuales autoridades). Se debió a hechos: una red de corrupción y montajes policiales en que los altos mandos tuvieron gran responsabilidad, y que afectaron injustamente a la inmensa mayoría de los carabineros, que son probos.
Ese prestigio se ha recuperado en los últimos años, y esa es una buena noticia: necesitamos una institución confiable para combatir una criminalidad que también había mutado mucho antes del estallido. Ya en 2009 Ciper identificaba 80 poblaciones y 660 mil personas viviendo en “zonas ocupadas”, en que el narco estaba llenando el vacío dejado por el Estado. En 2017 se destapó el caso Aguilera, que demostró cómo los tentáculos del narcotráfico comenzaban a infiltrar la política, en este caso a través del municipio de San Ramón y del Partido Socialista. A ello se ha sumado en los últimos años la llegada desde el extranjero de bandas y delincuentes con métodos de acción brutales.
Nada de esto se resuelve proclamando que “se les acabó la fiesta” y “tienen los días contados”, como lo hacía el Presidente Piñera, ni que “vamos a ser unos perros”, como promete el Presidente Boric.
Esas son frases vacías, que no modifican la realidad. Nunca hubo tantas palabras y gestos de apoyo a Carabineros como en este mes, y es en este período en el que llevamos tres homicidios. No son las palabras las que inhiben a un asesino de jalar el gatillo.
Los problemas son más concretos y menos retóricos.
Un ejemplo: esta semana supimos que los carabineros que hacen patrullajes entrenan apenas una vez al año el uso de sus armas. Así es muy difícil que puedan defenderse adecuadamente frente a delincuentes mucho mejor entrenados.
Gobierno tras gobierno han prometido incrementar el número de carabineros. Pero si eso se hace a tontas y locas, el resultado es poner en la calle, frente a criminales cada vez más peligrosos, a profesionales mal equipados y adiestrados: una receta para el desastre.
Y los políticos no escarmientan. En este mes marcado por tres crímenes atroces se han desgastado debatiendo un proyecto de “legítima defensa” que no habría hecho la diferencia en ninguno de los tres casos.
En un clima cada vez más irracional, los políticos tradicionales tratan de competir con los populistas por quién es más demagogo. “Los penalistas son una opinión más en esta materia, de corte académico, y con intereses”, dijo el exministro Carlos Maldonado para descalificar a la casi unanimidad de especialistas que advertía sobre proyectos inútiles y contraproducentes.
Para proteger a Carabineros y golpear a los delincuentes no necesitamos más discursos. Necesitamos formación, entrenamiento, equipos y estrategias para patrullar con seguridad, sacar las armas de las calles, desarticular las finanzas de los narcos y mejorar la inteligencia para encarcelar a los peces gordos.
“¡Ay, ay! Qué pena que los hechos no puedan hablar a los hombres, para que no sirviera de nada ser buenos oradores”, se lamentaba Eurípides en su tragedia Hipólito. Dos mil 500 años después, nos seguimos lamentando de la demagogia que oculta la realidad bajo un velo de palabras huecas.
Del pensamiento mágico que cree que los problemas se crean y se resuelven como por arte de magia gracias al don de la palabra.
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