Este jueves, en Chilevisión emitimos el último capítulo de El debate de Chile, un programa de conversación entre ciudadanos y políticos sobre el plebiscito. En cada uno de los temas (seguridad, pensiones, pueblos indígenas…) un foso separaba ambas opciones: la nueva Constitución parece capaz de crear futuro esplendor o de hundirnos en una pesadilla.
La conversación nacional ya estaba polarizada por la ponzoña de las redes sociales, el trauma del estallido y la importación de las fake news y la política tribal. A ello se suman el hastío por la delincuencia, la violencia y la inflación, y, como guinda de la torta, un plebiscito polar: Apruebo o Rechazo.
Pero la noche del jueves, cuando planteamos el último tema de discusión (paridad e igualdad de género), los dos representantes del Rechazo coincidieron en cada punto con los del Apruebo. “Yo estoy de acuerdo con este tema en la Constitución”, dijo la senadora DC Ximena Rincón. “Yo estoy de acuerdo con la fórmula que se propone. Hay un avance civilizatorio que hay que mantener”, agregó el exministro UDI Jaime Bellolio.
Se produjo un segundo de silencio. Y la cristalización de una gran noticia: demandas que hace poco parecían radicales, ya se instalaron en el corazón de la sociedad chilena.
Es un enorme éxito del movimiento feminista, capaz de movilizar multitudes y derribar estereotipos sociales, a la vez que influir en espacios de poder.
En la Constitución actual, la paridad no existe. Recién en 1999 se cambió el sujeto de su frase inicial: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos” por “las personas…”.
Sobre las mujeres, la preocupación constitucional más relevante es impedirles la autonomía sobre sus cuerpos, con la frase “La ley protege la vida del que está por nacer”. En 2006, el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Antonio Leal, decretó que un proyecto de aborto terapéutico ni siquiera podía discutirse en el Congreso, debido a esa norma constitucional. Para el representante de un partido supuestamente “progresista”, solo discutir sobre derechos de las mujeres era “inadmisible”.
El mismo año en que la palabra “hombres” fue reemplazada por “personas” ocurrió un hecho que, como el aleteo de una mariposa, terminó provocando un huracán. El entonces candidato Ricardo Lagos se comprometió a tener cinco mujeres en su gabinete. Pese a lo modesto de la meta, le faltaba una, de modo que tuvo que desistir de nombrar en Salud a su amigo y vecino Hernán Sandoval, para designar en cambio a una desconocida doctora socialista, Michelle Bachelet. Sin esa cuota, habría pasado lo de siempre: el cargo habría sido para un hombre del círculo cerrado del poder. El liderazgo político más potente de este siglo en Chile jamás habría ocurrido.
Tener una Presidenta fue un primer impulso. En 2015 se aprobó una ley de cuotas que obligaba a los partidos a presentar candidatas, con un efecto acotado: las mujeres pasaron del 15,8% al 21,2% de los escaños en el Congreso. Como recuerda la cientista política Claudia Heiss, en una crónica escrita por Francisca Skoknic para Revista Anfibia, “llevaron a las mujeres de arroz graneado, mientras el bistec era el candidato hombre. Les ofrecían los cupos así: no te vamos a poner en un distrito competitivo, nadie espera que tú salgas”.
El 8 de marzo de 2019, la marcha femenina más grande la historia inundó cuatro kilómetros de Santiago. Meses después, cuando el estallido gatilló el proceso constituyente, una bancada feminista transversal presionó a los reticentes políticos para incluir la paridad en la elección de convencionales. Compitiendo por primera vez en igualdad de condiciones, las mujeres probaron su poder electoral. Las excusas de siempre (“no hay mujeres”, “son malas candidatas”) demostraron ser patrañas para mantener el poder en los salones masculinos de siempre.
Ahora, en cambio, el proyecto de nueva Constitución define a nuestra democracia, en el Artículo 1, como “inclusiva y paritaria”. Compromete al Estado con la “igualdad sustantiva” entre géneros, y establece una composición paritaria (“al menos 50% de mujeres”) para los órganos de poder del Estado, desde el Congreso hasta el directorio de las empresas públicas, además de reconocer los cuidados (tarea abrumadoramente femenina) y el derecho a la interrupción del embarazo.
Como suele pasar en Chile, el poder reacciona con rezago al cambio cultural. Ya antes de 2019, el 84% de los chilenos estaba a favor de una ley de cuotas obligatoria para las grandes empresas privadas, el 65% para el Congreso y el 79% para el gabinete (PNUD).
El resultado “es innovador a nivel mundial”, dice en Revista Anfibia la investigadora de la Universidad de Columbia María Victoria Murillo. “Me parece que es una novedad internacional que va a generar mucha atención a su implementación y también muchos intentos de veto”.
Esos intentos de veto son constantes. En diciembre de 2019, la directiva de la UDI congeló su participación en Chile Vamos cuando sus socios, RN y Evópoli aceptaron establecer la paridad en la Convención. En su compromiso en caso de ganar el Rechazo, Chile Vamos se limitó a hablar de “igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”, y la exconvencional Rocío Cantuarias calificó la paridad de “estupidez”.
Pero llegó el contraataque desde la propia derecha. “Nunca más sin nosotras”, es la carta firmada por la alcaldesa Evelyn Matthei, senadoras, diputadas y otras lideresas de ese sector, en que comprometen su respaldo a la paridad. El presidente de la UDI, Javier Macaya, causó polémica al hablar en Tolerancia Cero de la “obsesión” con la paridad, pero luego aclaró que en su partido “estamos de acuerdo en que un nuevo proceso constituyente sea paritario”.
El camino seguirá siendo pedregoso. Pero, en medio del clima crispado de estos días, hace bien que una mayoría política y social celebre la paridad como lo que es: un gran avance civilizatorio.
Tal vez sea el mayor legado que nos dejen estos años convulsos.
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