Columna de Daniel Matamala: Un puente hacia ninguna parte

En la campaña del Rechazo, un grupo de dirigentes históricamente ligados a la Concertación caminaba por el Puente Condell, replicando la icónica propaganda del No.

“Hace 35 años dijimos que No, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que No, para tener la Constitución que Chile merece. Votamos Rechazo para tomar el camino de una Constitución que nos una”, rezaba el anuncio.

¿Nos está llevando hacia allá ese puente?

Quienes formulaban esa promesa no tenían el poder para cumplirla. Era un cheque sin fondos. Los verdaderos dueños de ese capital político se mantuvieron ocultos, y externalizaron la campaña en rostros moderados y amables. Fue una estrategia exitosa, que planteó al No en 1988 y al Rechazo en 2022 como una continuidad histórica, la prolongación del mismo puente hacia un Chile democrático, amable e inclusivo.

Pero la noche del 4 de septiembre, los dueños reaparecieron y se hicieron cargo. El triunfo de los republicanos en las elecciones de consejeros completó el cuadro: ellos no habían hecho ninguna promesa, y por lo tanto, el cheque era incobrable.

Un vulgar “chirimoyo”.

Los republicanos ganaron machacando un solo mensaje: mano dura contra la delincuencia. Pero ahora dicen tener “un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto”. ¿En qué pliego de campaña dijeron eso? ¿En qué franja hablaron de dar beneficios a los asesinos de Punta Peuco, o de vetar las acciones contra la crisis climática?

La paridad también fue eliminada. Los votos republicanos descartaron la norma que comprometía que ningún género tendría menos del 40% de los parlamentarios en las dos próximas elecciones.

“La paridad no está en juego en caso que gane el Rechazo”, habían prometido en una carta pública las principales dirigentas de derecha antes del plebiscito. “Yo estoy de acuerdo con este tema en el proyecto de Constitución”, dijo entonces la senadora Ximena Rincón. “Yo estoy de acuerdo con la fórmula que se propone. Hay un avance civilizatorio que hay que mantener”, agregó el exministro Jaime Bellolio.

Ese proyecto definía a nuestra democracia como “inclusiva y paritaria”, comprometía al Estado con la “igualdad sustantiva” entre géneros, establecía un mínimo de 50% de mujeres en todos los órganos de poder del Estado, y reconocía los cuidados y el derecho a la interrupción del embarazo. Nada de eso está en el proyecto actual.

Ese cheque rebotó con estrépito en caja.

La explicación para descartar la paridad es que significaría “meter la mano a la urna”. Lo curioso es que eso es exactamente lo que hacen otras normas que sí fueron aprobadas, como el sistema electoral por listas, o la barrera de 4% para que un partido acceda al Congreso.

O sea, sí se puede meter la mano a la urna para resguardar los equilibrios entre fuerzas políticas o excluir a los partidos más chicos, pero es inaceptable hacerlo para garantizar la paridad entre mujeres y hombres.

Hay más. El Pleno aprobó que “las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar”.

Con ese artículo, casos como el de Romario Veloz, asesinado por una patrulla militar el 20 de octubre de 2019 en La Serena, serían vistos por la justicia militar. Los invito a leer el fallo sobre ese caso, que acredita que una patrulla disparó municiones de guerra sobre civiles desarmados, y decidir si es deseable que un crimen como ese quede bajo tutela militar.

Lo paradojal es que un punto clave del Rechazo fue la oposición a las “justicias paralelas”, debido a que sería la ley la que definiera el límite de las jurisdicciones indígenas. Ahora la justicia paralela para víctimas civiles no es una suposición, es un hecho. Según la exministra Soledad Alvear, de Amarillos, “ni Pinochet o Jaime Guzmán habrían llegado a estas normas. Constitucionalizar la justicia militar es muy grave”.

Suma y sigue. Se aprobó que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto a las partes e intervinientes”. Una enmienda que favorece a empresas que abusen masivamente de clientes o consumidores, como las isapres, ya que los fallos no podrán aplicarse a los afectados que no sigan el largo proceso ante la justicia.

Como reconoció abiertamente el consejero Antonio Barchiesi, se trata de evitar “el riesgo de que los jueces extiendan el efecto de las sentencias más allá de las partes del juicio, como ocurrió recientemente en una materia de política pública muy sensible por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema”.

Supremos, quedan avisados. No se metan con las isapres.

Una más: el Pleno aprobó que la Cámara tenga 138 diputados. El político Edmundo Eluchans, que ha ejercido cargos políticos por los últimos 30 años, celebró que “Chile por fin tendrá menos políticos”. ¿Y por qué ese número? “Si la pregunta es por qué 138 y no 137 o 139, no tengo respuesta”.

El consejero Becker dijo que “138 es un promedio” entre los actuales 155 y los 120 del binominal. El consejero Solar reconoció que “es un poquito al azar esta cuestión”. El consejero Silva filosofó “¿Por qué 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima en carretera? ¿Por qué 50 es la velocidad máxima en zona urbana?

¿Se imaginan si este cantinfleo sobre una norma tan relevante hubiera sido protagonizado en la Convención por mujeres indígenas o dirigentas sociales? Pero como fueron hombres de traje y corbata, pasó piola.

Es que el clasismo pega fuerte. Los Amarillos dicen que el actual proceso se hace “con constituyentes razonables, dialogantes”, y que no están “ni la tía Pikachu, ni Rojas Vade, ni grupos identitarios furiosos”.

Giovanna Grandón (la “Tía Pikachu”) hizo un trabajo serio y dedicado en la Convención. Hubo convencionales agresivos, que insultaron a sus colegas, o que nunca fueron a las sesiones, pero su origen social los exime de la caricatura. En el actual Consejo se lanzan frases como que “nuestra bancada elige la vida mientras ustedes eligen la muerte”. ¿Es eso “razonable y dialogante”?

Quedan cinco semanas. Y hasta ahora, el prometido puente hacia una Constitución “que nos una” es un puente hacia ninguna parte.