Columna de Daniel Matamala: Una mera sombra

Si la fuerza pública pudiera deliberar y obrar de propia autoridad (…) la Constitución sería un fantasma, el orden público una farsa y las garantías individuales que ella nos asegura, una mera sombra”.

La frase es de Manuel Carrasco Albano, hablando en el siglo 19 de la Constitución de 1833, pero es de plena actualidad para referirse a Chile hoy.

El orden portaliano, que tanto nos distinguió de la espiral de golpes y dictadorcillos que asoló a las nuevas repúblicas latinoamericanas, se basó en la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Esa Constitución establecía que “la fuerza pública es esencialmente obediente” y “ningún cuerpo puede deliberar”. La fórmula se repitió en la carta de 1925. E incluso en la de 1980, aunque por cierto, otras normas de esa Constitución antidemocrática volvían esa declaración letra muerta.

Es la regla de todas las democracias dignas de tal nombre. La condición básica para que exista la República es que las Fuerzas Armadas y de Orden, a quienes entregamos el monopolio del uso legítimo de la fuerza, no usen ese poder para intervenir en el debate político.

No hay democracia posible cuando se debate con una pistola sobre la mesa.

Por eso las declaraciones realizadas por el general director de Carabineros son una amenaza a la base misma de nuestra República.

“¡Ya basta, ya basta!”, repitió el general Yáñez, emplazando a “aquellos que tienen que legislar” a aprobar determinadas leyes sobre la función policial. “Yo creo que ya basta de conversaciones”, aseveró. Y exigió que el carabinero “pueda tener la certeza que lo que va a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades ni por nadie”.

Revisemos lo que escribió respecto a la no deliberación el célebre jurista Alejandro Silva Bascuñán. “La más leve oposición o expresión de disentimiento que emane de los institutos armados de defensa o policía, manifiéstese de modo expreso o implícito, ha de considerarse como gravísima ofensa a la democracia y constituye una inminente amenaza potencial a su subsistencia”.

En 2021, un dictamen de la Contraloría reafirmó que deben “abstenerse de manifestar injerencia o favoritismo sobre posiciones políticas o contingentes que puedan esgrimirse por determinados sectores en la deliberación pública”.

A esa luz, es evidente que esas declaraciones constituyen deliberación política. El general emplaza al poder Ejecutivo y al Legislativo a que legislen de una determinada manera, y a la Fiscalía a que “no cuestionen” lo que haga un carabinero. Es más: exige que “nadie” pueda cuestionarlo. ¿La justicia no debió haber cuestionado la versión policial en el caso Catrillanca, en la Operación Huracán o en el Pacogate? Es una pretensión de impunidad para un grupo de la sociedad que acabaría con el Estado de derecho.

Tan grave como las palabras del general fue que políticos lo apoyaran. “Tiene todo nuestro respaldo. La oposición no se siente interpelada por el general, sino motivada”, dijo el diputado UDI Jorge Alessandri. “Tiene razón el general Yáñez”, coincidió el exDC Matías Walker.

La ministra del Interior citó al general director a una reunión, una respuesta mínima ante tan flagrante violación de las normas. Pero las reacciones políticas escalaron. La alcaldesa Evelyn Matthei llegó a La Moneda para decir que “lo que requiere Carabineros en este momento es respaldo y no llamados a dar explicaciones”. “No se entiende esta suerte de llamado de atención al general”, dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya. El diputado de ese partido Henry Leal, a nombre de su bancada, agregó que “a la institución de Carabineros se le cuida y se le respalda. No se le cita a dar explicaciones”.

El secretario general de RN, Diego Schalper, expresó que “cuando el general Yáñez necesitaba más apoyo, recibió del gobierno un reproche”. El jefe de bancada de ese partido, Frank Sauerbaum, habló de “un desatino más del gobierno”.

“Al general le corre sangre por las venas y hay que ser empático con la institución”, dijo el diputado Jaime Araya (independiente PPD), en un punto de prensa junto a varios colegas de ese partido.

Sí, el partido de Tohá y Lagos. El Presidente que, cuando los comandantes en jefe insinuaron deliberar en el “servilletazo”, los reprendió públicamente, en un hito crucial de la subordinación del poder militar al político.

Impacta la frivolidad de nuestra clase política que, con tal de colgarse de una causa popular y gatillar likes, es capaz de cortar la rama sobre la que está sentada. Una que costó tanto restaurar tras la dictadura cuando, paso a paso, los presidentes Aylwin, Frei y Lagos recuperaron la calidad de no deliberantes de las fuerzas militares y policiales.

Carabineros cuenta con canales institucionales para entregar su opinión técnica sobre este y todos los temas que le competen. Y por cierto, se puede estar de acuerdo con la necesidad de dar rango legal a las normas de uso de fuerza, y con las críticas a la actitud pasada del Presidente y su sector político sobre Carabineros.

Pero ese no es el punto. Si aplaudes que un cuerpo armado presione a los poderes públicos porque te conviene, los estás legitimando como actor político partidista. Hoy será este tema, mañana las pensiones militares, sus sueldos, la reforma tributaria o cualquier otro.

¿Ya se nos olvidó cuando, hace un siglo, militares presionaron al Congreso a legislar con su “ruido de sables”? La acción fue torpemente fomentada y aplaudida por los políticos a los que beneficiaba. En cosa de días, la República se había derrumbado y Chile entraba en una espiral de ocho años de golpes militares y gobiernos de facto.

Aceptar que las Fuerzas Armadas y de Orden entren al debate político es jugar al aprendiz de brujo. Respaldar que sus acciones “no sean cuestionadas”, “por nadie” es volver nuestras garantías individuales “una mera sombra”. Precisamente lo que, en su infinita frivolidad, nuestra clase política aplaudió con entusiasmo de porristas esta semana.