Columna de Daniel Matamala: Ya no es tu platita

“Ya no es tu platita”. La poco afortunada frase del entonces convencional Daniel Stingo fue por más de un año carne de campaña. En dos plebiscitos consecutivos, la volvieron viral en redes sociales, la replicaron en franjas televisivas y la usaron para empapelar las calles.

Stingo intentaba explicar, con escasa habilidad, qué pasaba con los fondos en un sistema de reparto. Convenientemente descontextualizada, se usó esa expresión como “evidencia” de que la Convención Constitucional planeaba quitar a las personas sus ahorros de las cuentas de AFP, lo que era falso.

Es que la propiedad privada, nos dijeron una y otra vez en los últimos años, es sagrada. Innegociable. No puede tocársele ni con el pétalo de una rosa. Y así, Republicanos, UDI, RN, Evópoli y Demócratas hicieron campaña en ambos plebiscitos con esa bandera.

Cualquier propuesta que reformara los derechos de previsión, educación, salud o vivienda significaba que “tu plata ya no será tuya”, “el gobierno se quedará con tus ahorros”, o “los políticos te quitarán tu casa”. Si no se votaba como ellos querían, advertían que venía “el robo”, “el manotazo”, “la expropiación”.

Hasta que efectivamente pasó.

Esos mismos partidos acaban de aprobar en el Senado de la República un manotazo de setecientos veintinueve millones de dólares (seiscientos noventa y un mil noventa y dos millones de pesos) contra cerca de 700 mil afiliados al sistema privado de salud.

No, ya no es tu platita.

¿Cómo ocurrió? Pues pasando piola, con un bonito eufemismo: “mutualización”.

“Senado aprueba la mutualización de las Isapres”. Una palabra arcana, a primera vista inofensiva, solidaria incluso.

Por eso, dejemos de lado el eufemismo y contemos la historia con peras y manzanas.

Entre 1990 y 2021, las isapres amasaron utilidades después de impuestos por un total de $ 1,3 billones. En paralelo, por 15 años, los tribunales fallaron más de dos millones de veces que las alzas de planes que las Isapres ejecutan cada año eran ilegales. Pero, como cada sentencia solo beneficiaba a quien reclamaba, las aseguradoras siguieron aplicando los reajustes al resto de sus afiliados.

Finalmente, en 2022, la Corte Suprema ordenó detener las alzas injustificadas, y devolver a las personas lo cobrado en exceso en los últimos tres años.

En vez de disculparse con sus clientes por haberlos esquilmado y presentar un plan para devolverles la plata malhabida, las isapres anunciaron que no podían pagar. Advirtieron que, de no haber un perdonazo a su favor, quebrarían, afectando la atención de 3,3 millones de pacientes y arrastrando consigo a las clínicas, a las que en paralelo también les deben sumas exorbitantes: más de 500 mil millones de pesos.

Ante tal amenaza, el sistema político lleva un año y medio de rodillas. Y los clientes despojados siguen sin recuperar un solo peso.

El gobierno ha pedido múltiples prórrogas a la Suprema mientras maniobra planes, cada vez con menos elegancia. En diciembre llegó al extremo de incluir dentro de la ley de reajuste a los empleados del sector público una norma pro-isapres, que les permitía adelantar el alza de sus planes.

Un chantaje que obligó a tramitar ese salvavidas a un grupo de empresas a matacaballo, so pena de dejar sin reajuste a los empleados del Estado. Lo lograron, y ahora se prevén alzas que podrían llegar al 41%.

Pero para las isapres, nada es suficiente. Y así llegamos a la martingala bautizada como “mutualización”.

En los últimos tres años, las isapres cobraron cerca de U$ 1.180 millones en exceso a unos 700 mil afiliados, especialmente mujeres y adultos mayores. La justicia ordenó devolver el dinero expoliado a esas personas.

La “mutualización”, en vez de cumplir ese fallo, hace un truco de magia. Calcula cuánto se cobró de más a esas personas, resta lo que se le cobró de menos a otros clientes (hombres jóvenes, especialmente), y saca un promedio entre todos. Así, se devuelve a cada persona afectada sólo ese promedio, y no el total que se le adeuda.

¡Eureka! Con esta artimaña, los U$ 1.180 millones se convierten mágicamente en U$ 451 millones. En un solo truco, los honorables prestidigitadores han reducido a apenas el 38% la deuda de las isapres con los chilenos.

Digamos que la isapre te cobró $ 1.000.000 de más durante tres años. La Corte Suprema ha ordenado que te devuelvan el millón de pesos expoliado ilegalmente. Y he aquí que el Senado de la República dice: “No, que las isapres se embolsen $ 620.000 y que te devuelvan sólo $ 380.000″. “¿Y mis otros $ 620.000? ¿Los que me quitaron ilegalmente, los que según la justicia me corresponden?”

Aquí es donde los senadores se encogen de hombros: ya no es tu platita.

Por supuesto, no lo dicen así. Usan frases más elegantes, como “asegurar la sustentabilidad del sistema” o “garantizar las coberturas de la salud privada”.

Queda camino aún. Falta que el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y eventualmente la propia Corte Suprema se pronuncien sobre este manotazo contra la propiedad de cientos de miles de chilenos.

Pero las isapres y sus aliados confían en que, como siempre, se saldrán con la suya. Es que en Chile, la propiedad privada sólo es sacrosanta cuando su defensa coincide con los intereses de los dueños del poder económico. Cuando hay contradicción, cuando la propiedad privada no conviene a esos intereses… pucha, qué lástima por la propiedad privada.

“Con mi plata no”, fue el muy bien financiado grito de campaña cuando se pretendía tocar a las AFP. “Con tu plata sí” es la cruda realidad cuando se trata de salvar a las isapres.

Así haya que meterles la mano al bolsillo a unas 700 mil personas, quitándoles el dinero que según la justicia les pertenece, para entregárselo a los dueños de las isapres.

¿Tu platita? Ya no es tuya.