Mientras escribo, varios medios de comunicación informan sobre al menos treinta estudiantes gravemente quemados por la detonación de una bomba molotov dentro de un establecimiento educacional de Santiago. A renglón seguido, los mismos medios informan sobre la molestia de varias comunidades educativas por la suspensión de clases a nivel nacional durante los próximos jueves, viernes y lunes, debido a las elecciones de este fin de semana. Esta suspensión es considerada absurdamente extensa (hasta cuatro días) y abusiva, por no aceptarse apelaciones.
Estos episodios -violencia en los colegios públicos de la capital y suspensiones innecesarias de clases– son muy frecuentes. ¿Por qué esta vez merecerían un análisis mayor? Va una idea.
Cada vez es más claro que el valor de la educación para las autoridades políticas actuales es instrumental: los discursos relacionados al derecho a la educación fueron una estrategia electoral, pues no ha tenido reflejo en políticas acorde. Lo que sí se ve es lo siguiente: entrevistas de varias páginas en diarios nacionales al encargado de educación de la Municipalidad de Santiago, diciendo que sus estrategias están funcionando. También vemos al ministro Cataldo convocando un Consejo de Reactivación, cuyas recomendaciones no se aplican. Se asignan recursos insuficientes a un plan de reactivación que simplemente, no se ejecutan. También supimos, a días de las elecciones y después de once meses sin referirse al tema, una propuesta de pago de la llamada “deuda histórica” de los profesores. Por la educación y, en consecuencia, el futuro de los niños nada.
Se me puede acusar de estar sesgado. Pero ¿cómo se explica la obsecuencia de la alcaldesa Hassler con la violencia en los liceos a su cargo? ¿Cómo se explica que el Ministerio de Educación y sus secretarías regionales no hayan abogado por defender las clases en el contexto de la elección?
Esto no calza con el valor que la ciudadanía le da a la educación: el único camino creíble de movilidad social en un contexto de crecientes inseguridades.
Lamentablemente, teniendo a la vista los sucesos más recientes, se suma a lo anterior un gravísimo problema de gestión y coordinación, en la cual las autoridades buscan protegerse, capear el chaparrón, y seguir como si no pasara nada. La alcaldesa Hassler no enfrenta la tragedia de 30 niños quemados en un colegio a su cargo: el gobierno en connivencia con ella manda al delegado presidencial, que no está en campaña electoral.
Asimismo, el ministro Cataldo no sale a defender a los colegios para asegurar que lo primordial sea lo educativo. No conocemos sus gestiones para evitar el peor escenario de suspensión, sino que dice que se aproveche esto como “pedagogía republicana”. Parece una expresión desafortunada, pero que, a fin de cuentas, viene a reflejar una vez más el lugar que tiene la educación en las prioridades del gobierno.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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