La comisión de expertos que actualmente trabaja en el borrador de una nueva Constitución política ha avanzado, hasta el minuto, en la unanimidad. Los varios capítulos que incluye el documento base fueron votados favorablemente sin oposición. Evidentemente, esto se trata más bien de una señal de buena voluntad que de una supresión de las diferencias. Se puede intuir que lo que se busca es dar al país la tranquilidad de que los acuerdos políticos son posibles. El texto resultante es, entonces, equilibrado. No genera entusiasmo, pero tampoco rechazo. No es poco.
Pero esto está recién empezando. Las enmiendas, tal como se esperaba, serán el espacio para que se manifiesten las visiones programáticas. Cada sector ha mostrado sus cartas para poner puntos políticos de menor consenso, pero vitales para sus agendas. El problema –o quizás lo positivo- es que estas agendas particulares deben suscitar el mismo grado de apoyo que el documento de acuerdo, ya que en el caso contrario serán rechazadas. Por esto, se entienden como precisiones, mejoras, complementos al acuerdo, pero no una revisión total del mismo ¿Qué se observa en las enmiendas en educación?
Desde el oficialismo no se observa un respeto por el documento de acuerdo. Si bien hay precisiones necesarias (como especificar que la educación pública debe ser laica) y complementos importantes (como agregar los principios de inclusión y equidad), hay una intención de retroceder en los acuerdos votados a favor hace pocos días. Si bien hay varios ejemplos, la muestra más clara de esto es el derecho preferente de los padres. En el documento acordado de forma unánime, “se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos”. A esta redacción, el oficialismo busca eliminar el verbo “escoger”, nada menos que el centro mismo de la norma. En otros casos, proponen eliminar la totalidad de un inciso acordado: “la asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de calidad, respeto a la libertad de enseñanza y razonabilidad”. Esta norma es algo a todas luces razonable y positivo, considerando nuestro históricamente discriminatorio sistema de financiamiento a la educación superior. Adicionalmente, suprime la posibilidad explícita a que existan formas de financiamiento distintas a la gratuidad en educación superior. Más allá de la discusión que estos puntos pueden generar, lo negativo es que se busque, de forma tan frontal, desconocer los acuerdos.
La oposición también ha formulado enmiendas, pero estas van más en la línea de precisar y complementar que en contravenir o eliminar los acuerdos. Se precisa “pluralista” por “que ofrezcan pluralidad de proyectos educativos”. En el caso del derecho preferente de los padres, se persigue especificar su alcance alineándose a tratados internacionales: “siendo titulares de este derecho sus padres, madres o tutores legales, en su caso, y de acuerdo a sus propias convicciones morales o religiosas”. Quizás lo más frontal, por parte de la oposición, es aumentar el quorum de las leyes referentes al reconocimiento oficial. Pero también podría argumentarse que en el borrador acordado esto ya consideraba un quorum más alto que el normal.
Al menos en educación, la discusión de las enmiendas corre el riesgo de lesionar el valioso acuerdo alcanzado. La altura, seriedad y civismo que han mostrado los expertos debe confirmarse en la siguiente fase, de forma que la negociación de cambios respete el espíritu del acuerdo. Pero más importante es la señal para los futuros consejeros que sean elegidos el 6 de mayo. Pues si bien vendrán con el mandato de plasmar la voluntad popular, su deber no es refundar, sino ser cuidadosos custodios del valioso acuerdo que, hasta el momento, todos están respetando.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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