La organización Escuelas Abiertas, reconocida por su actividad a favor de las clases presenciales durante la pandemia, reportó desde la Región de Atacama el estado del retorno a las aulas tras los largos 80 días de paro de profesores del Servicio Local de Educación. Si bien varios medios habían reportado las dificultades que llevaron a la paralización, ha faltado información respecto al retorno.
Lo que se reportó es de la mayor gravedad, pero no podemos decir que fue una sorpresa. El Colegio de Profesores tuvo el control de la situación, y lo sigue teniendo. El principio “O todos ninguno” – según el cual, si no se verifican condiciones de infraestructura suficientes en todos y cada uno de los establecimientos, todos se mantendrían en paro- muestra las lógicas de presión política ramal, que deliberadamente maximizan el daño a las personas (las familias y sus estudiantes) para beneficio de casos puntuales. La aplicación de este principio también busca diluir la acción del Ministerio, haciendo ver como insuficiente cualquier acción que se tome. No es razonable, a menos que lo que se busque sea solo agudizar el conflicto y debilitar a las instituciones, anular al único actor que puede solucionar el problema en cuestión.
En segundo lugar, la vuelta a clases que se reporta no es la esperada. Se vieron jornadas parciales, con días completos sin clases, de manera “parcial y fragmentada”. Así, el Colegio de Profesores ha logrado imponer sus términos, por lo que la vuelta a clases en Atacama, que tiene a Santiago tranquilo, es un simulacro que no debe ser avalado –sino denunciado- por el Ministerio de Educación.
Lo tercero que reporta Escuelas Abiertas es que no se han ejecutado los descuentos correspondientes por los días no trabajados de los profesores en paro, como indica la ley (también se reportó que algunos trabajaron en paralelo durante la paralización, lo que debiera ser investigado por la Contraloría). Quien debe hacer efectivos estos descuentos es el sostenedor (el SLEP Atacama) y es de esperar que lo haga, a pesar de que en la Comisión de Educación del Senado la Senadora Provoste se opuso. Pero lo que interesa es la discusión de fondo. Algunos sectores, entre los que se cuenta el Ejecutivo, han bregado por cambiar el financiamiento escolar, pasando de uno basado en la asistencia a uno denominado “basal”, es decir, transferir recursos públicos de forma incondicional y a todo evento, sin medidas objetivas de logro o de resultado. Sobra decir que un sistema de financiamiento basal no solo impediría los descuentos que corresponde hacer en este y en muchos casos, sino que multiplicaría el poder de gremios que saben que podrán usurpar el derecho a la educación de los niños de forma impune y hasta lucrativa.
Vale la pena sacar algunas conclusiones de este episodio. La principal y más masiva violación al derecho a la educación en Chile no proviene de la Libertad de Enseñanza, sino de los paros constantes e impunes. La ausencia de una oferta privada robusta, como ocurre en Atacama, es garantía de arbitrariedad estatal: cuando tu única alternativa es el Estado, y esta falla, nadie responde. Cuando las burocracias públicas toman el control, abusa, y las víctimas son siempre las mismas: los ciudadanos más vulnerables y los niños.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
