Ha vuelto a la discusión pública la promesa presidencial de condonar la totalidad de las deudas contraídas por los beneficiarios del Crédito con Garantía Estatal, más conocido como CAE. Este debate suele terminar en un punto muerto: el enorme costo -sobre los 10 mil millones de dólares (13% del presupuesto del país)– acaba por acallar el impulso idealista de hacer desaparecer la deuda por un acto legislativo, y que alguien (el Estado, los bancos… nadie) pague. La alta rentabilidad electoral hace que la discusión, después de alguna pausa, vuelva. Pero así resulta imposible pensar en mejores herramientas de financiamiento de la educación superior. Por esto, resulta más provechoso discutir sobre las características de una política pública que reemplace el CAE. Tres consideraciones podrían hacer avanzar este debate mediante el diseño de un reemplazo.
Lo primero es que se necesitan ayudas financieras para los estudiantes que no son beneficiarios de la gratuidad, nada menos que 860 mil jóvenes, 67% de la matrícula. Los estudiantes más vulnerables que no acceden a la gratuidad, y crecientemente aquellos de mayores ingresos, hacen uso del CAE como forma de financiar sus estudios. Es decir, la herramienta que lo reemplace debe ser de carácter masivo, disponible para todos los estudiantes que requieran apoyo y elijan instituciones acreditadas. Nadie que cumpla con los requerimientos académicos debe quedarse sin estudiar. Como debe ser universal, no es conveniente que esta nueva herramienta emule a la gratuidad, pues el costo fiscal sería imposible de solventar. Es por esto que un crédito estatal contingente al ingreso tiene mejor chance de funcionar.
Lo segundo es que la nueva herramienta debe aprender de los errores anteriores. La gratuidad impone significativas restricciones a la autonomía de las universidades, limita su crecimiento y sus fuentes de financiamiento, y las lleva a un déficit del cual los rectores del Cruch se quejan periódicamente. Por esto, cualquier herramienta de financiamiento que busque reemplazar el CAE debe evitar estas limitaciones que hacen de la gratuidad una política pública mal diseñada que afecta a las instituciones. La clave es permitir el copago, es decir, que junto con el subsidio estatal se permita que las instituciones cobren. ¿Por qué? Porque la educación superior será cada vez más cara (cada vez más, nuestro sistema hace más investigación, innovación y extensión, contrata más profesores con doctorado, entre otras), y no es conveniente que los contribuyentes financien esos costos crecientes. Si no se les entrega autonomía a las instituciones para buscar su propio financiamiento, será el Fisco el que tendrá que cubrirlo tarde o temprano. Habiendo otras prioridades y urgencias, como la reactivación educativa escolar, esto debe evitarse.
Lo tercero es que es imperioso hacerse cargo del grupo de beneficiarios del CAE que, por las razones que sean, hoy cargan con una deuda que no podrán pagar. Si bien la Comisión Ingresa – institución administradora del crédito CAE – los cifra en 5% de los desertores y 5% de los titulados, los sobreendeudados podrían ser más, dependiendo del criterio que se fije. Pero es posible adelantar que quienes hayan dejado sus estudios (desertores) y por lo tanto no se benefician de las mayores rentas de tener un título, y se encuentren en una situación de vulnerabilidad, debiesen ser prioritarios. Pero quienes pueden pagar, deben seguir cumpliendo con su compromiso y obligaciones. Según datos oficiales, el Estado recaudó 4,9 millones de UF en 2021 vía restitución de créditos. Aquí surge un problema de justicia: ¿por qué condonar a unos y no a otros? Una salida a esto ha sido propuesta antes: que todos los beneficiarios restituyan algo de su deuda y, al mismo tiempo, que todos se beneficien en algo de una reprogramación.
Estos son apenas algunos de los puntos de esta difícil discusión. Lo que es claro, es que la idea de condonación resulta ser un muro infranqueable para discutir materias de fondo. Según datos de Acción Educar, cuando el Presidente Boric ganó la elección y reafirmó su promesa de condonación universal, la morosidad de los estudiantes titulados beneficiarios del CAE aumentó 10 puntos porcentuales. Solo por los intereses, la promesa presidencial ya se hizo más cara de cumplir. Debemos admitir, por impopular que sea, que el eslogan de la condonación es enemigo de un mejor sistema de financiamiento a la educación superior.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
