Quedan dos meses para la presentación del proyecto de ley que buscará cumplir con la promesa electoral del Presidente Boric de “condonación universal de las deudas estudiantiles”. Este hito coincide con lo que se ha llamado el “tarifazo”. Las cuentas de luz de los hogares chilenos aumentarán fuertemente para pagar la deuda contraída con las empresas por la contención de las alzas de los precios de la energía durante la pandemia. Hasta el momento, el Presidente ha sido claro en su postura de no seguir extendiendo el congelamiento, al declarar que “la experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara”.
Según la filosofía del Presidente, corresponde entonces pagar la deuda del Crédito con Garantía Estatal, conocido como CAE, que acumula un monto cercano a los 12 mil millones de dólares, que solo 30% de sus beneficiarios está pagando. La afirmación presidencial es contraria a la actitud que ha tenido su sector, pues la morosidad responde a haber sacado por ley estas deudas del registro conocido como Dicom y de los reiterados anuncios de condonación por motivos electorales o de popularidad. Quienes hoy gobiernan son responsables de que esta deuda “salga más cara”.
Pero al menos habría acuerdo en que hay que pagar. El punto es quién paga, y en eso hay dos alternativas: (1) todos los chilenos (a través de sus impuestos) o (2) los beneficiados por el crédito.
La condonación universal implica que seamos todos los chilenos los que paguemos la deuda. Esta idea debe ser taxativamente desechada, pues es, como lo dijo un ex presidente de Codelco, inmoral. Y aquí también habría acuerdo, pues la opinión pública y parlamentarios de varias bancadas reaccionaron con inusitada fuerza de forma contraria a la condonación universal, hace apenas un mes, cuando previo a la Cuenta Pública Presidencial el tema se tomó la agenda. Aunque el discurso acuñó el término “solución”, la ministra vocera de gobierno siguió insistiendo en la universalidad. Palabras más o palabras menos, la promesa está a firme.
Si es claro que los recursos de los chilenos no se deben usar para pagar la deuda eléctrica de los hogares, ¿es prioritario que se usen para pagar la deuda de los beneficiarios del CAE?
La respuesta es no, y sorprende que no venga del mismo gobierno. El Mineduc ha presentado un proyecto de ley sobre educación parvularia, sin financiamiento. También presentó otro de convivencia escolar –tema clave en el que estamos en falta - que tampoco cuenta con financiamiento. La importante tarea de la reactivación educativa ha estado sistemáticamente desfinanciada, y por ello sus resultados observables han sido escasos. Si se quiere repensar o ajustar marcos institucionales, la educación pública y los SLEP son prioridad. No se entiende que el Mineduc esté disponible para sacrificar todos estos temas centrales para el futuro del país en el altar de la promesa electoral de la condonación del CAE.
Si el Mineduc quiere mirar la educación superior, tiene problemas urgentes que atender. Por ejemplo, los vicios a la política de gratuidad, a saber: regulación centralizada de precios (que está siendo fuertemente cuestionada incluso en tribunales) y regulación de vacantes que limita arbitrariamente el crecimiento de los proyectos. Mantener la regulación de precios y vacantes lleva a un destino conocido por las instituciones en gratuidad: caída de los ingresos y estancamiento de los proyectos de desarrollo. Las universidades del CRUCH han podido resistir gracias a un uso impropio del Fondo Solidario. Pero ello no durará para siempre.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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