En su extendido discurso, el Presidente de la República reservó un espacio relativamente reducido a educación, o, al menos, más acotado que el año anterior. Eso puede obedecer a que –objetivamente– el Ministerio tiene pocos logros que mostrar, pero también a que el gobierno ha cambiado la posición de la educación en su visión estratégica, marginándola hacia la periferia manteniendo sus compromisos de impacto electoral.
Lo primero que llamó la atención es la ausencia de algunas promesas o compromisos que se habían anunciado como de alta importancia en 2022, tales como resolver el deficiente diseño de la gratuidad en educación superior y presentar un proyecto de ley de educación sexual. Sin embargo, el Presidente fue claro en que sus prioridades cambiaron. Queda pendiente saber si el ministro Ávila tomará nota de este giro, especialmente de la idea de persistir en un proyecto de educación sexual que ha sido antecedido de duras polémicas, y hasta posibles acciones por parte de la Cámara de Diputados.
Respecto de lo que sí figuró en la cuenta, se destaca el mayor protagonismo de la llamada “reactivación educativa”. Sin embargo, decepciona que el Presidente se haya limitado a repetir políticas y metas ya anunciadas –algunas que todavía no se implementan- pero no haya profundizado o proyectado más acciones al respecto. Si bien los 20.000 tutores son una política ambiciosa en su número, su cobertura no puede ser sino muy limitada si pensamos que solo en un nivel (por ejemplo, 2 básico) hay cerca de 200.000 estudiantes. Se esperaba que el gobierno anunciara más acciones y sobre todo más recursos para la reactivación, ahora que esta es su primera prioridad. Se pierde una oportunidad de comprometer al país en profundizar la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia.
Es destacable, por otro lado, que el Presidente haya abordado la situación de violencia de los Liceos Emblemáticos. Si bien no anunció medidas ni comprometió acciones, al mencionar su importancia histórica, su prestigio perdido y el orgullo que el país sentía por éstos logró modificar el rumbo que ha tomado el Ministerio. Sistemáticamente, el ministro ha reducido el impacto de la violencia en los emblemáticos en la totalidad del sistema, usando duros términos (los llamó “pinches liceos tomados”) y sus acciones se han limitado a apuntar a la responsabilidad de la Municipalidad de Santiago. Hay expectativas de que este cambio de visión permee también a la autoridad sectorial, transmitiendo que el lugar simbólico de estos antiguos buques insignia de la educación pública no puede descartarse como algo sin importancia.
Finalmente, el Presidente reafirmó su compromiso de terminar y reemplazar el CAE y pagar la llamada “deuda histórica” de los profesores, sujeto a la aprobación de la reforma tributaria. Esto no es una novedad –quizás lo novedoso es que no se usa la palabra “condonación”, prefiriéndose la expresión “aliviar la carga de deudas educativas”– pero sí un riesgo. Es claro que se requiere reemplazar el Crédito con Garantía Estatal por un verdadero crédito contingente al ingreso, que permita el desarrollo y dinamismo del sistema de educación superior y asegure que nadie que acceda a la educación se quede sin estudiar por razones económicas, y que al mismo tiempo no genere deudas imposibles de abordar. Pero el condicionamiento de esto a la condonación y a una reforma tributaria que tiene poca viabilidad termina por estar al servicio del statu quo. Esto ya ocurrió en 2017 cuando el Frente Amplio bloqueó la propuesta de eliminación del CAE del Presidente Piñera con el eslogan “no más deuda”.
El gobierno debe elegir. O se aferra a su promesa –electoralmente muy rentable– de una condonación financiada con más impuestos, para terminar muy probablemente con las manos vacías, o toma una vía seria y responsable de diseñar un crédito contingente al ingreso y una reprogramación para los deudores más afectados que permita, de una vez, avanzar en esto.
Por Daniel Rodríguez, director Ejecutivo Acción Educar
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