En el programa de gobierno del Presidente Boric se habla de condonar la “deuda educativa”. Se refiere, obviamente, a los créditos para la educación superior, en particular el CAE y el Fondo Solidario. Pero la segunda acepción de deuda, según la RAE, es “obligación moral contraída con alguien”. En esa línea, cabe preguntarse: ¿Qué deudas ha contraído el Estado con los ciudadanos en educación?
La primera deuda proviene de la pandemia. Las suspensiones de clases presenciales fueron las más extensas de entre los países de la OCDE. En términos de aprendizajes, socialización, y salud mental, contrajimos una deuda muy grande al privar por tanto tiempo a los estudiantes del sistema escolar de su derecho. SI bien hay un plan de reactivación, este es minúsculo en presupuesto, y si echamos un vistazo en indicadores más relevantes, como lo son la asistencia y deserción escolar, vemos que no han progresado lo necesario.
La segunda deuda es de los aprendizajes. El objetivo central de las escuelas es que los niños aprendan para que puedan convertirse en la mejor versión de sí mismos. El sistema educativo chileno lleva más de una década estancado, con un promedio bajo la ya citada OCDE. No hemos logrado mover la aguja: las promesas detrás de la Ley de Inclusión de la ex Presidenta Bachelet no se cumplieron.
En tercer lugar, hay una deuda con la educación técnico profesional, media y superior. Es un área estratégica donde se manifiesta por excelencia el vínculo entre educación y mundo del trabajo. Pero la inversión pública en ella es marginal comparada con el mundo universitario. Algo de esto hizo ver la Fiscalía Nacional Económica en su minuta de lanzamiento del estudio sobre el mercado de la educación superior.
Cuarto, tenemos una clara deuda con la educación parvularia. No hemos sido capaces de proveer suficiente oferta para ponernos al día en cobertura, sabiendo de la evidencia contundente sobre su impacto en el futuro de los estudiantes. Esto porque persiste una ideología que busca marginar al mundo privado del financiamiento público, mientras que al mismo tiempo Junji e Integra no dan abasto para cubrir las necesidades de toda la población. Tras la pandemia la asistencia cayó.
Hay una deuda con la educación especial. El Estado financia hasta 5 estudiantes con necesidades educativas especiales por sala. Si hay más, simplemente no se pagan. La subvención extra alcanza para contratar un profesional, pero en 34% de los cursos de Chile hay tres o más necesidades educativas especiales distintas, que requieren metodologías especializadas y particulares.
Se contrae una deuda moral cuando Junaeb se gasta 24 mil millones de pesos en útiles escolares que llegan en julio. También cuando 20 mil niños están 80 días sin clases en Atacama y todavía no se descuentan los sueldos por clases no rendidas.
La lista de deudas del Estado en educación podría seguir. Hay temas sentidos que por espacio no pude incluir. La pregunta para la política pública debe ser: ¿cuál deuda debemos pagar primero, y cuál después? Mi pregunta para el lector, y para los ministerios de Hacienda y Educación es, teniendo todo este panorama: ¿Es lógico que condonemos la deuda del CAE?
Por Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar
