Columna de Daniel Rodríguez: Devolvamos los colegios a las personas

Las marcadas diferencias promedio en los puntajes de la PAES de estudiantes provenientes de colegios particulares pagados y el sistema público y particular subvencionado generan un efecto curioso. Preocupan por algunos días a la opinión pública, que, paradójicamente, parece sorprendida con un hecho que se observa de forma consistente e invariante cada vez que se publican los resultados de cualquier métrica educacional: nuestro sistema es de bajo rendimiento y desigual.

Existen cientos de iniciativas particulares que se han comprometido desde el terreno a enfrentar esa desigualdad. Y no desde la quejumbrosa retórica política, la jerga sociológica o la protesta callejera, sino desde la acción. Hay en Chile sostenedores particulares subvencionados extraordinarios, que combaten la desigualdad educacional palmo a palmo, con escasísima colaboración del Ministerio de Educación y su Superintendencia. Y sus resultados son extraordinarios. Permítaseme algunos ejemplos: la Sociedad de Instrucción Primaria, la Fundación Astoreca, La Fundación Educacional Barnechea, Belén Educa. Pido perdón por las omisiones.

¿Y desde el Estado? Este interés y preocupación sobre la desigualdad educacional muy escasamente lleva a que se tomen acciones efectivas desde lo público. La Ley SEP -que entrega una subvención adicional que reconoce que educar en condiciones de pobreza es más caro y difícil- es quizás la última política significativa en la materia. Los resultados de tests internacionales y nacionales ya no movilizan a las autoridades. O peor, y es lo que ha ocurrido sistemáticamente en las últimas décadas, las movilizan hacia aspectos que, aunque suelen llamarse “estructurales”, alcanzan débilmente sus objetivos, tienen nulo impacto en los aprendizajes, generan efectos nocivos no deseados, y desvían recursos e interés público en la sala de clases.

Me refiero a la Ley de Inclusión. La eliminación del lucro debió, teóricamente, allegar más recursos a las escuelas, al evitar que -supuestamente- los sostenedores los retiraran. No se observan mejoras en aprendizajes, pero se eliminó el dinamismo del sector particular subvencionado. La eliminación del copago reemplazó el gasto privado por gasto público, pero no hay mejoras observables. El SAE no alivió la segregación, debilitó proyectos públicos de alta exigencia académica y rigidizó el proceso de admisión. La educación pública no ganó nada con este golpe a la educación particular subvencionada: 70% de los padres siguen prefiriéndola año a año. Las políticas de aseguramiento de la calidad también han quedado al debe en sus efectos: con la Superintendencia se creó un monstruo que tiene al sistema paralizado y el apoyo ministerial a los colegios, así como el cierre de establecimientos sistemáticamente insuficientes, no ha ocurrido. Hay colegios que han mejorado, sin duda, pero el promedio se mantiene.

Y es que, a veces se olvida, el Estado no es el instrumento para mejorar la educación. Es un intermediario imperfecto cuyo rol debiera ser el más limitado posible: generar las condiciones para que la educación ocurra (entregar los recursos, insumos y fijar mínimos de funcionamiento) y monitorear e informar ampliamente sus resultados. Y desde esa base dar el espacio a las personas y a las organizaciones para que, desde su innovación y creatividad, y con sus recursos, enfrenten la difícil y humana tarea de educar. Una vieja idea para combatir las brechas: devolvámosles los colegios a las personas.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar