Columna de Daniel Rodríguez: Educación, frentes abiertos

Las elecciones presidenciales y parlamentarias marcarán necesariamente la discusión política durante el 2025. Si bien esto suele polarizar las posiciones, también orienta el debate hacia las propuestas. ¿Qué debieran estar mirando los encargados programáticos de los futuros candidatos presidenciales? Para responder esta pregunta, es necesario tomar distancia de la contingencia.

El próximo Gobierno enfrentará tres grandes frentes abiertos: (1) un proceso de ajuste financiero relevante para el sistema escolar, derivado de la disminución en los ingresos por la baja natalidad y las alzas en los costos por la rigidización del empleo, la densificación de la burocracia y restricciones fiscales significativas ; (2) el “techo” de resultados de aprendizaje que lleva más de 10 años: por mucho que invertimos y reformamos, cerca de la mitad de estudiantes no logra los aprendizajes mínimos esperados y (3) un desequilibrio ineficiente entre una educación superior de alto financiamiento y alta cobertura, y un sistema parvulario institucionalmente débil, desfinanciado y de baja cobertura.

Estos problemas son de enorme complejidad, a la que se sumará un clima político enrarecido y un Fisco empobrecido. ¿Qué se puede hacer? Es necesario avanzar en dos ejes: sostenibilidad y calidad.

En sostenibilidad, es urgente contener la baja en los recursos en educación escolar por la baja de natalidad. Esto implica, al menos, mantener el gasto actual real en subvenciones educacionales, aumentando la subvención por alumno. Pero para que los colegios puedan aprovechar con efectividad el mayor gesto per cápita, se requieren ajustes en la regulación. Necesariamente se debe permitir a los establecimientos racionalizar sus plantas, disminuir sus gastos en burocracia (limitando significativamente la acción intrusiva de la Superintendencia) y se debe considerar la reposición del copago de las familias, para atraer recursos privados al sistema. Todo esto es aún más grave y urgente para el sistema público, que se encuentra en medio de un traspaso acelerado a una nueva institucionalidad, y que no ha logrado resolver su atávica sobredotación de profesores y asistentes de la educación.

Todo esto requiere medidas que tendrán oposición fuerte desde grupos de interés. La flexibilización del estatuto docente es necesaria para dar autonomía a colegios públicos para desvincular personal innecesario y aumentar las remuneraciones de sus mejores docentes. Se debe ajustar a la baja la acción de la Superintendencia, disminuyendo recursos para fiscalización inútil y reinvertirlos en equipos para orientación y apoyo a los colegios. Finalmente, es urgente contener el aumento exponencial de la burocracia, que proviene casi en su totalidad de una serie de proyectos de ley desconectados entre sí que crean exigencias a los colegios, pero no incluyen recursos, solo reglamentos, protocolos y, como no, sanciones y funcionarios para cursarlas.

En calidad escolar, se necesita reforzar el monitoreo permanente de los resultados de aprendizaje y el consecuente apoyo y orientación de los establecimientos. Fortalecer la medición de aprendizajes es siempre bienvenido, pero más importante es el seguimiento y las decisiones que toman las comunidades y las autoridades basadas en esos datos. El apoyo debe reformarse en el sentido de que ayude a formar capital humano en los establecimientos. Buscar que el apoyo sea también una forma de capacitación y formación (y eventualmente investigación) en la escuela y en aula. Los recursos para esta reorientación y fortalecimiento del apoyo deben provenir de la reasignación de recursos desde la fiscalización y de programas existentes de baja transparencia y efectividad, como “habilidades para la vida” de JUNAEB. Pero se requiere una agenda de reasignación más ambiciosa y estructural.

La gratuidad en educación superior, que comenzó costando algo más de - 500 millones de dólares anuales y hoy se empina por sobre los 2.300 millones de dólares – debe repensarse. No es políticamente viable retroceder, pero debe arreglarse y detenerse. Deben reasignarse a educación parvularia la variedad de fondos compensatorios que se entregan a las universidades del Consejo de Rectores por los mismos efectos de la gratuidad. Además, todo gasto adicional que se asigne a educación debe ir a parvularia, en particular los niveles medios, sin cometer el error de financiarla totalmente por el Estado. Debe activarse la fuerza e iniciativa del sector privado para colaborar con un objetivo prioritario, pues el fortalecimiento de la educación parvularia es un aspecto clave para dar un empuje definitivo a la calidad de la educación escolar y los niveles superiores.

Obviamente hay muchas otras iniciativas necesarias que no caben en una columna. Pero sin estos, pasará lo peor. No pasará nada.

Por Daniel Rodríguez Morales, Director Ejecutivo de Acción Educar.