Una encuesta de la Universidad del Desarrollo ha dado luces sobre la dificultad de evaluar la calidad de la educación, y deja entrever que la percepción de la población no parece alinearse con los datos objetivos de nuestro sistema. Ante la afirmación “el sistema educativo chileno ha mejorado en la última década”, un 15% dice estar muy en desacuerdo, un 35% dice estar en desacuerdo, un 35% de acuerdo y un 15% muy de acuerdo.
El sistema educacional chileno tiene indicadores destacados a nivel regional en cobertura y asistencia, medidas clave en educación a nivel de sistema. En términos de resultados de aprendizaje, Chile cuenta con un sistema educacional de buen rendimiento regional, y ligeramente bajo la media a nivel global. Tanto las pruebas internacionales (Timss y PISA) como nacionales (Simce) muestran avances relevantes en las últimas décadas, en particular en lectura.
Sin embargo, desde 2010, el sistema se ha mantenido estancado. Por otra parte, pero de forma muy ligada, las brechas socioeconómicas en el rendimiento son significativas y persistentes en el tiempo, si bien se observa una leve disminución. Esto implica que existe un grupo significativo de la población escolar que no logra aprendizajes mínimos y se queda sistemáticamente atrás.
Si bien hoy nos apremia la urgencia de abordar la crisis educativa derivada de la pandemia, esto no es incompatible con un esfuerzo por trazar un camino que permita romper la inercia. En efecto, el Mineduc ha anunciado que planteará pronto un proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación escolar y parvularia, por lo que la voluntad política para esta discusión estaría disponible por parte del Gobierno. ¿Cuáles debieran ser los ejes de una política para volver a poner la calidad en el centro?
El primero es romper la jaula de la burocracia y sobre regulación que afecta al sistema y aleja a los directores y sostenedores de la labor de liderar y educar. Parte de esta sobrecarga administrativa puede tratarse simplificando los procesos de rendición de cuentas y dándole más coherencia interna a los múltiples planes y programas que hoy conviven. En esto se avanzó en la administración anterior, pero hace falta concretar decididamente.
El segundo es una estrategia para insertar capital humano de alta calidad en todos los niveles del sistema escolar. Para ellos, evitar la politización y captura por grupos de intereses gremiales es una condición de base para hacer más atractivo laboralmente el entorno escolar. Replantearse el estatuto docente en profundidad y sin miedo al lobby es el primer paso para que exista consenso técnico y político para mejorar las condiciones laborales, remuneraciones y las carreras de quienes se desempeñan en colegios.
El tercero es un plan de profesionalización docente intensiva que amplíe la formación de los profesores, con el objetivo de fortalecer las capacidades internas de los colegios, y no esperar que vengan desde afuera. Profesionalización es también liberar a los profesores de responsabilidades propias de asistentes sociales, sicólogos y administradores. Incluso en un contexto de escasez, es fundamental dejar claro que debemos invertir más en educación escolar y menos en superior.El cuarto es dar a los directores de colegio las atribuciones, respeto y reconocimiento que requieren para hacerse cargo de algo tan complejo como un establecimiento educacional. No puede ser que desvincular a alguien de su equipo o expulsar a un alumno que amenaza la convivencia sea materia de decisión de los diputados. Es responsabilidad del director, por lo tanto, su decisión autónoma, dentro del respeto a los derechos que corresponden y asisten a cualquier persona.
Finalmente, se debe establecer un sistema de monitoreo permanente de los resultados de aprendizaje. Esta medición debe ser útil y sus resultados oportunos y prácticos para su uso en los colegios. El Simce puede ser la columna vertebral de esto, pero no la única herramienta.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
