Acertadamente, la opinión pública, parlamentarios y varios líderes de opinión han rechazado con firmeza la idea de la condonación universal de las deudas estudiantiles derivadas del Crédito con Garantía Estatal, denominado usualmente CAE. Uno de los argumentos más repetidos es que esta idea no es prioritaria. Coincidentemente, la crítica a la priorización de problemas ha afectado sistemáticamente al Ministerio de Educación de esta administración. Vale la pena dedicar un momento a este problema.
Para priorizar en políticas públicas se cuenta con tres parámetros básicos. El primero es la urgencia( los seres humanos estamos sometidos al tiempo y en general, lo que nos afecta en el presente es percibido como más prioritario que lo futuro, aunque pueda ser peor) ¿Es urgente condonar el CAE? No parece ser el caso, pues el diseño del CAE es muy favorable con los deudores en el presente. Los mismos sectores que quieren condonar legislaron en favor de sacar las deudas educativas de los boletines comerciales. En consecuencia, el comportamiento de pago ha empeorado sistemáticamente, agravándose la morosidad con las promesas electorales. Se argumentará que las consecuencias de la morosidad no la pagan los deudores, sino el Fisco, que debe comprar los créditos a un valor mayor al real, y de ahí la urgencia. Pero esta premura por controlar el gasto fiscal de quienes hoy gobiernan simplemente no es creíble, pues ellos incentivaron mediante una legislación de su autoría, la eliminación de los incentivos al pago y el consiguiente aumento del gasto público.
El segundo parámetro es la focalización. En simple, es prioridad atender a quienes están en términos relativos en peor situación. Si nos mantenemos en el ámbito de la educación, es claro que el estado general del sistema escolar es más grave. Las consecuencias de la pandemia -disminución de la asistencia y aumento de la deserción, baja en los aprendizajes (que no, no se ha solucionado, por mucho que se mire con optimismo los resultados del Simce) y la afectación de la salud mental de las comunidades educativas– hacen que la acción de la autoridad deba focalizarse en este nivel. El estado de la educación pública es de extrema preocupación. Los nuevos SLEP necesitan mucha ayuda para cumplir las expectativas que hay sobre ellos, y la educación municipal va financieramente en caída libre, en parte por la misma desmunicipalización. El tiempo para relanzar la política de la nueva educación pública se agota, sobre todo porque la clase política es escéptica de sus resultados e implacable con sus falencias.
El tercer parámetro de priorización es la rentabilidad social. La evidencia científica es contundente al mostrar que cada peso invertido en educación parvularia de calidad tiene un impacto muy significativo a nivel social y económico. Es entonces más responsable priorizar los recursos en la educación inicial. Lamentablemente, el único proyecto de ley de esta administración en la materia no solo posterga 10 años las exigencias de calidad, sino que no incluye un plan claro ni los recursos necesarios para lograr los estándares esperados en el sistema público.
En conclusión, sólo la aplicación de un criterio político o ideológico puede justificar la acción del gobierno. Esto es válido, con una salvedad: al entrar en este terreno debemos sopesar el componente moral. Y la crítica de inmoralidad ha sido, por lejos, la más dura que esta idea ha recibido y de parte de sectores afines. ¿Podrá crearse un relato que haga moral o justo condonar el CAE? No tiene buen pronóstico, en particular cuando bajo la pátina de justicia se esconderá siempre el objetivo electoral, la búsqueda de una identidad política perdida y la necesidad de satisfacer un grupo de interés sistemáticamente decepcionado.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
