Aunque el Presidente de la República haya opinado lo contrario, la reacción al proyecto de condonación parcial y reemplazo del CAE ha sido en general negativa, y a lo más tibia en el caso de parlamentarios muy comprometidos con el oficialismo. Pero esta discusión recién comienza.
Hasta ahora, el debate se ha centrado en el efecto negativo que tendrá la extensión de la regulación de aranceles y vacantes a todas las instituciones de educación superior, incluso las no gratuitas, y en el diseño del nuevo sistema de financiamiento (FES) como un sistema de reparto forzado que se sustenta en un impuesto a los graduados beneficiados que trabajen formalmente. Pero ha habido pocas voces discutiendo el informe financiero que acompaña el proyecto de ley, y que costea el gasto fiscal que implica el proyecto.
A primera vista, cuesta creer lo que el informe señala. Se argumenta que, a partir del tercer año de funcionamiento del FES, el Estado tendrá ahorros por 130 millones de dólares. Es cierto que la morosidad desatada del CAE, de la cual el gobierno es en parte culpable por promesa electoral de la condonación universal, lo ha hecho muy caro para el Fisco. Pero para sostener el argumento de que se ahorrará condonando deudas, se requiere una explicación más elaborada.
Hay una parte de este ahorro que tiene una explicación simple. Para financiar el FES el gobierno propone eliminar las becas de arancel. Si bien en el cuerpo del proyecto se argumenta que las becas toman la enrevesada forma de un menor tiempo de pago del impuesto (nota aparte merece la idea algo distópica de que Estado premie el buen rendimiento académico de un ciudadano descontándole años de pago de un impuesto). Pero en el informe financiero no hay dudas, las becas se eliminan. Será interesante seguir la discusión política de una medida que, se puede adelantar, no tendrá mucho apoyo.
Por otra parte, para “ahorrar”, el ministro Marcel propone posponer el avance de la cobertura de la gratuidad hasta al 70% más vulnerable (hoy llega al 60% más vulnerable). La idea, según el Ministerio de Hacienda, es que al “posponer” el enorme gasto que implicaría seguir el itinerario de gratuidad universal fijado por la Presidenta Bachelet, estaríamos en el fondo “ahorrando”. Esto parece más un truco contable, con el que nos distraemos del problema presente induciendo a los parlamentarios a imaginar ahorros futuros. Desde una perspectiva política, el gobierno está en buena parte compuesto por personas y partidos que apoyaron férreamente la promesa de gratuidad universal de Bachelet. Es dudoso que apoyen su postergación.
Sin perjuicio de lo anterior, fijar la gratuidad al 60% más vulnerable no es en sí misma una mala idea, pues la gratuidad de la educación superior se vuelve más regresiva, cara e innecesaria a medida que empieza a cubrir a las clases medias. Pero en lugar de posponer, debiera eliminarse el avance de la gratuidad, asumiendo al fin que, al menos a partir del decil 7, es mejor un sistema de becas de mérito y créditos subsidiados.
Hay algunos temas más del informe que sería interesante profundizar, pero no es la idea abrumar al lector. Es necesario que los parlamentarios aborden este proyecto en toda su complejidad, exigiendo transparencia total en los supuestos, decisiones, estimaciones y bases de datos utilizadas para simular el costo financiero del proyecto. Esto permitiría que economistas especializados replicaran y modelaran los cálculos del gobierno, teniendo así una discusión más transparente y abierta a la ciudadanía.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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