Es difícil sobrestimar la importancia de una buena convivencia escolar en el funcionamiento de un establecimiento educacional. Una escuela es un lugar de aprendizaje, pero también un ambiente laboral y un espacio de interacción de una comunidad muy amplia. Mantenerla como un espacio de relaciones sanas y respetuosas resulta esencial para el cumplimiento de sus fines.
El gobierno ha presentado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para abordar esta materia. El Presidente de la República lo había adelantado en su cuenta pública. Y es que día a día llegan a los medios y a las redes sociales episodios de violencia entre distintos miembros de las comunidades educativas en todas partes del país, algunos más extremos de lo tolerable. Esto es un síntoma de un desajuste de alcance nacional y bastante profundidad, que el Mineduc hace bien en abordar.
Sin embargo, el proyecto no logra el objetivo. La orientación del proyecto hace imposible alegrarse de que este importante tema se trate.
Por una parte, el proyecto pone una excesiva confianza en los cambios semánticos y en los múltiples reglamentos y protocolos que regulan a los colegios. Estos instrumentos ya existen, y los establecimientos dedican tiempo valioso a desarrollarlos y socializarlos. El Mineduc pretende que estos sean rediseñados masivamente, en base a nuevos lineamientos centrales, que no varían significativamente de instrumentos vigentes. Es una pérdida de energía relevante que sobrecarga a colegios ya sobrepasados de trabajo administrativo. Reglamentos y protocolos están, pero se requiere autoridad, apoyo y recursos para implementarlos.
En esto el proyecto del Ministerio tiene un déficit importante. En el papel, el proyecto busca establecer un nuevo estándar de convivencia, más alto y exigente que el actual, y para eso demanda a cada establecimiento -entre otras cosas- contar con un encargado de convivencia a tiempo completo. Pero no incluye recursos nuevos, sino que espera que se utilicen recursos no ejecutados de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Si bien en el pasado no se han gastado todos los recursos, en la actualidad se ejecuta gran parte de esta subvención para cubrir las múltiples necesidades y exigencias que recaen sobre las escuelas. Estos recursos son de los colegios para la implementación de su plan de mejoramiento: forzar el uso de los recursos SEP para financiar un proyecto de ley es confiscatorio. La finalidad de los recursos los fija el establecimiento. Reforzar los equipos de convivencia es acertado, pero este proyecto no lo concreta.
Por otra parte, el proyecto introduce una forma de cogobierno en los establecimientos que vulnera la libertad de enseñanza. El Consejo Escolar (que es un órgano de representación de padres, profesores, asistentes y estudiantes) pasa a tener poder de veto sobre el reglamento interno y el plan de convivencia, que son instrumentos centrales y fundamentales para la gobernanza de los colegios. Esto debilita a los directores y sus equipos, volviendo deliberativo un actor consultivo y formativo. No es razonable entregar atribuciones a actores que no serán responsables de sus resultados. Finalmente, esto podría traer la politización de la comunidad educativa, lo que tiene un costo que hemos visto y lamentado muchas veces en los liceos emblemáticos.
Es relevante legislar en esta materia. Una buena convivencia no solo es habilitante para aprendizajes de calidad, es una parte central de una educación de calidad. Por eso financiar desde el Estado la conformación de equipos de convivencia sólidos e interdisciplinarios, vinculados al proyecto educativo y en dotación suficiente para cada establecimiento, es invertir en calidad. Es la expectativa que existe en el sistema, que no se observa en el proyecto del gobierno.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
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