El Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley que busca modificar la evaluación centralizada de los profesores del sistema público. No hay ningún cambio significativo en materia de formación, remuneración, incentivos, mejoramiento o similares. Lo único relevante del proyecto es que elimina la evaluación que tiene, entre sus consecuencias de última ratio, la posibilidad de desvincular a un docente de bajo desempeño reiterado. Esto es, para ser más claro, sacar de la sala de clases a un mal profesor remunerado con recursos de todos los chilenos.
Con esto, el Ministerio quiere matar dos pájaros de un tiro. Efectivamente, la Carrera Docente (Sistema de Desarrollo Profesional Docente) fue elaborada en tal grado de tensión entre los actores políticos del momento que terminó evaluando dos veces a los profesores, por el mismo concepto (lo que usualmente se llama en la jerga, “doble evaluación”). El primer objetivo del proyecto es eliminar dicha duplicidad. Este cambio es necesario y razonable, porque el sistema diseñado por la segunda administración de la Presidenta Bachelet, además de burocrático y enrevesado (y hasta ahora, muy caro y bastante poco efectivo), es redundante.
Pero eliminar este problema de diseño no es sinónimo de eliminar las consecuencias de la evaluación, y es en eso en lo que el Ministerio se equivoca. El segundo objetivo de la propuesta del Ejecutivo es dejar sin consecuencia alguna la evaluación de los profesores: ¿qué sentido tiene evaluar si quien tiene malos resultados puede seguir impartiendo clases, sin limitación alguna? La lógica detrás de esto es mediocre: quien destaque y lo haga bien, felicitaciones. Al que lo haga mal y deje a sus estudiantes sin aprender, felicitaciones igual. Es evidente que no se justifica el significativo gasto de recursos.
¿Qué motiva al Ministerio a quitarle al sistema una herramienta –si bien poco usada– de aseguramiento de la calidad? La respuesta más obvia parece ser la afinidad de este Gobierno con la agenda de la directiva del Colegio de Profesores, que, obviamente, promete a sus asociados que presionarán todo lo necesario para lograr la inamovilidad total de los malos docentes. Esto es problemático, pues pone en segundo plano el bienestar de los alumnos y la calidad de la enseñanza. Al proponer esto, sin argumentos, el Ministerio ubica los intereses políticos por sobre el bienestar del sistema. El ministro de Educación no puede servir a dos amos: son los niños, o los intereses gremiales de los grupos de presión. Ello no puede pasar desapercibido en el Congreso Nacional.
Sin duda los profesores son el actor más importante dentro de la escuela. Pero quien realmente sabe el rendimiento efectivo de cada profesor, su capacidad de lograr aprendizajes, y quien conoce el contexto real y las dificultades particulares que enfrenta cada uno (por ejemplo, al atender niños en extrema pobreza) es el director, no el Estado. Por ello, los sistemas de evaluación docente no deben depender del criterio de la autoridad central (a la cual no le afecta en lo absoluto si los docentes de la escuela donde asisten los hijos del lector son malos o no) ni de tests estandarizados que no registran el contexto. Deben ser dirigidos y aplicados por equipos directivos de la escuela donde se desempeñan, y ellos determinar sus consecuencias. Quizás hay una oportunidad de mejorar el débil proyecto de ley del Ejecutivo descentralizando la evaluación docente hacia las escuelas, donde debe estar.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
