En el mes de enero recién pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un nuevo estudio de mercado, cuyo objetivo es examinar las potenciales limitaciones a la competencia en el mercado de la educación superior en Chile.
Sin duda se trata de una noticia interesante. Como la misma Fiscalía argumenta, el gasto público y privado en educación superior es una parte significativa del PIB (2,6%), y desde la implementación de la gratuidad, el gasto fiscal ha ido creciendo y reemplazando el gasto privado. Si bien el tamaño no refleja en sí mismo problemas de libre competencia, si pone en perspectiva la importancia de la educación superior para el país.
Entendida la relevancia de la educación superior, es destacable que la Fiscalía reconozca que la educación es un mercado, aunque en realidad, se trata de varios mercados. Si bien académicos muy destacados como Carlos Peña y José Joaquín Brunner, con el objetivo de analizarlo, en varias de sus publicaciones se han referido a la educación superior como un mercado, de un tiempo a esta parte este tipo de denominación supuestamente propia de la economía ha sido excluida del debate público. Las reformas de Bachelet II fueron especialmente virulentas contra cualquier elemento que pudiera asemejarse (en lo real o en lo imaginario) a un mercado. La Ley de Inclusión Escolar (que sigue dando dolores de cabeza a cada ministro que asume) y la Ley de Educación Superior son un ejemplo.
Entender la educación superior como un mercado (aunque no exclusivamente como un mercado) permite pensar en herramientas de política que pueden ayudar a mejorar la calidad y eficiencia de este nivel educativo. Pero el sistema de educación superior es altamente regulado. Es decir, el Estado interviene de forma directa o indirecta en todos los aspectos de este mercado. La Fiscalía se encuentra indagando en qué materias de libre competencia pudieran ser interesantes de explorar. Y hay muchos temas que abordar, y me permito agregar algunos más a ya abordados por la Fiscalía.
Primero, existen barreras de entrada muy desiguales según la naturaleza jurídica de las instituciones. Las nuevas universidades y CFT estatales, creados por Bachelet II, tienen reconocimiento oficial por ley, no requieren acreditación para recibir fondos públicos, y son gratuitos de facto. El Estado asume que son de calidad al momento de crearse, sin garantía alguna. Las universidades, IP y CFT privados tardan en promedio 14 años obtener la autonomía y acreditación. Si esas no son barreras a la libre competencia ¿qué son?
Segundo, las universidades creadas y sus derivadas antes de 1981 (llamadas comúnmente “tradicionales”) reciben subsidios estatales directos por más de 260 mil millones anuales, otorgados por razones históricas. No hay en la legislación ninguna justificación racional para la entrega de estos fondos. Estos recursos permiten a las instituciones tradicionales subsidiar sus precios, compitiendo en gran ventaja contra las universidades privadas, que no reciben nada de eso.
En tercer lugar, y desde una perspectiva algo distinta, las universidades del Estado están sometidas a la Ley de Compras Públicas y al Estatuto Administrativo, además de la supervisión de la Contraloría General de la República. Si bien esto es parte de su naturaleza estatal, también es efectivo que aumenta de forma considerable sus costos, dificultando la gestión de personas y ralentizando, entorpeciendo y encareciendo las adquisiciones. Esto es un desbalance que implica que las universidades y CFT estatales no entran a la cancha como iguales al resto.
El estudio de mercado de la Fiscalía es una oportunidad para revisar las reglas que alteran la cancha en educación superior, y que impiden que la competencia entre instituciones mejore la oferta de carreras para los estudiantes.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
