Es fácil recordar el daño que el colapso y posterior cierre de la Universidad del Mar le hizo al sistema de educación superior chileno. El Ejecutivo de ese entonces no tenía las herramientas jurídicas para fiscalizar, prevenir, intervenir o siquiera sancionar una casa de estudios que tomara decisiones que terminaran destruyendo su sustentabilidad académica y financiera, y afectando de forma casi irremediable a sus estudiantes.
El trauma de este episodio llevó a la dictación de la ley que crea el administrador provisional, por parte del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Se le dieron atribuciones al Ministerio y se crearon figuras para intervenir las instituciones que por mala administración pusieran en riesgo la educación de sus estudiantes. Pero el posterior caso de la Universidad Arcis mostró que no bastaba que el Mineduc tuviera atribuciones si no era capaz de prever y actuar antes de que una administración irresponsable por parte del sostenedor de una institución –en este caso, el Partido Comunista de Chile- terminara por desfondar un proyecto educativo valioso. Nuevamente el Estado quedó al debe con los estudiantes.
La Ley de Educación Superior vino a perfeccionar la normativa, creando una Superintendencia de Educación Superior que se haría cargo de fiscalizar, pero sobre todo de prevenir y monitorear los estados financieros de las instituciones, con inteligencia y análisis y en base a riesgos, para evitar que casos como los mencionados se repitieran. Sus atribuciones son objetivamente excesivas, un resultado del estatismo bacheletista combinado con el trauma de la Universidad del Mar, pero al menos, contaríamos con una entidad fuerte que podría prevenir.
Y lo hizo. A fines de 2019, la Superintendencia de Educación Superior inició una investigación a la Universidad de la República, que finalizaría a principios de 2021. Los hallazgos fueron muy graves: un déficit financiero de más de 1.800 millones de pesos, 4.100 deudas previsionales por el monto de 285 millones de pesos, retraso en el pago de impuestos por 1.700 millones de pesos, entre muchos más problemas. Estos antecedentes fueron remitidos al Mineduc del gobierno del Presidente Piñera, que ordenó rápidamente el cierre de la institución. La universidad llevó la materia a tribunales, donde pudo ganar tiempo, pero no aportó antecedentes que cambiaran la grave situación en la que se encontraba.
Pero el tiempo ganado se acabó. La Superintendencia, ya en el presente gobierno, remitió los antecedentes nuevamente al Mineduc dirigido por el ministro Ávila en septiembre del año 2022. Como los casos de la Universidad del Mar y Arcis enseñaron, era esperable que el tiempo solo agravara los problemas ya establecidos en la investigación anterior, y así ocurrió. Pero no se hizo nada, y lo que es más grave, se permitió que nuevos alumnos se matricularan en esta institución en el proceso 2023. Toda la capacidad preventiva de la Superintendencia, tras dos años de investigación, fueron omitidas por la autoridad política.
Hace algunos días, medios de comunicación mostraron que la Universidad de la República debió abandonar la totalidad de su campus de Rancagua por adeudar más de 500 millones de arriendo a una congregación religiosa. La crisis de la institución ya llegó a los estudiantes. Por exclusiva responsabilidad del Ministerio de Educación, en un acto de omisión que se asemeja al abandono de deberes, se ha afectado el derecho a la educación de los jóvenes. ¿Qué explica que no se haya recurrido a la ley para cerrar dicha institución y reubicar a los estudiantes? ¿Con qué argumentos se fundamenta la inacción del ministro? No basta la ley, las políticas públicas bien diseñadas, ni una institucionalidad diligente (como la Superintendencia) cuando la autoridad política está preocupada de su agenda ideológica y prefiere correr un velo sobre los problemas reales de los estudiantes.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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