La inauguración de una estatua del Presidente Aylwin en La Moneda –y en particular las palabras del Presidente Boric– son quizás la culminación de un proceso. Al menos parte de las coaliciones gobernantes parecen reconocer hoy los logros de los años 90 como algo destacable y valioso. Pero más que las obras en concreto, pareciera que es la forma de gobernar, navegando entre divisiones políticas profundas sin dejar de avanzar significativamente, la que parece atractiva para los gobernantes de hoy. ¿Será una fórmula para salir jugando?
El sector educación se beneficiaría de una fórmula así. Una estrategia polarizante, como la que se deriva del denominado “cambio de paradigma” y se materializa en la desarticulación selectiva de elementos del sistema vigente (Simce, evaluación docente, currículum nacional, puntajes nacionales), no es apropiada para un contexto ya dividido en lo técnico y lo político. Aliena a los adversarios, es poco comprensible para la opinión pública y no ha logrado, a pesar de los esfuerzos, alinear a un Colegio de Profesores acostumbrados a exigir sin límite. Pero el Ministerio de Educación la sigue empujando, con pocos avances para mostrar y con nulo impacto en el sistema. Es un daño solo en tanto hay urgencias que atender que quedan postergadas.
Pero la condonación del CAE es otro asunto. Cuando el gobierno persiste en la idea de gastar más de 10.000 millones de dólares en una política regresiva, sin aumentar la cobertura ni el acceso a la educación superior, deja necesariamente de priorizar otros niveles y otras necesidades. Se entiende que es una promesa de significativo peso electoral y simbólico (parte importante del gabinete se hizo conocido exigiendo beneficios estudiantiles para los universitarios, es decir, ellos mismos), pero el contexto importa. Hay también cierta lentitud en asumir que la agenda de la Convención Constitucional –de pleno gusto del Mineduc– está en un mal momento. Aún más: las restricciones fiscales (responsables de un presupuesto relativamente conservador) hacen incompatible la condonación del CAE con una inversión significativa en educación parvularia y escolar que nos permitan hacernos cargo del desastre educacional que implicó la pandemia. Será necesario aplicar la medida de lo posible: usar los recursos que hay, aunque sean menos de los que quisiéramos, en reconstruir el sistema escolar.
Este cambio de giro es absolutamente factible. De hecho, en términos de discurso el ministro de Educación ha sido cauto -declaró que la condonación depende de la reforma tributaria, y que no beneficiará a todos por igual–, pues ha insistido que el nuevo foco central de su gestión es la recuperación educativa escolar. Pero la subsecretaria de Educación Superior ha tomado una postura avasalladora. Sus declaraciones (“La señal es muy clara, el CAE se condona y se termina”) parecen más un epitafio desafiante que una propuesta de política pública. Nuevamente, tomar la alternativa de polarizar y radicalizar, en lugar de abrirse a enfrentar las verdaderas prioridades, le juega una mala pasada. Y los resultados pueden ser efectivamente graves: en momentos de crisis, no hacer nada.
Por Daniel Rodríguez, director Ejecutivo de Acción Educar
