Estamos a la espera de que la mesa de trabajo para mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), convocada por el Ministerio de Educación tras un acuerdo con el Congreso, de a conocer su informe. Su objetivo no es dar una solución a los conflictos que genera la aplicación del sistema, sino plantear sugerencias para la formulación de indicaciones a proyectos de ley en trámite que pudieran lograr esto. Es un eslabón que puede habilitar, pero no mandar, excluir o agotar los cambios necesarios.
Ha trascendido que la mesa habría llegado a ciertos acuerdos técnicos que podrían convencer al Gobierno de modificar la Ley de Inclusión de la segunda administración de la Presidenta Bachelet. Curiosamente, los cambios que podrían derivar del acuerdo son muy similares a la humilde petición que parte de la oposición planteó al proyecto cuando se tramitó: permitir algún grado de selección académica en algunos colegios.
Aunque modesto, esto es un avance. La mayoría parlamentaria con la que contaba el gobierno de Bachelet era tan arrolladora que incluso la oposición que se levantó en la sociedad civil y movimientos de padres y apoderados no lograron hacer ver sus puntos. Durante el segundo mandato del Presidente Piñera, se presentaron dos proyectos de ley para modificar, muy marginalmente, el SAE. La entonces oposición reaccionó con furia y rechazó la idea de legislar: era otra señal clara de este “cerrojo” que prohibía hablar del tema y tocar el SAE. Ahora, forzados por una jugada arrojada de la Cámara de Diputados, el gobierno al menos debió abrirse a conversar.
El punto es que los promotores del SAE nunca han querido entender que su idea fue impuesta por una mayoría circunstancial, y que, por lo tanto, recoger las observaciones, quejas y críticas de sus opositores era clave para la supervivencia del sistema.
Sin embargo, hay riesgos. Primero, en los ojos de los críticos del sistema, los avances son cambios muy menores, y serán imperceptibles a nivel de sistema: permitir que un puñado de liceos seleccionen no tiene impacto significativo en la educación del país. En otras palabras, se corre el riesgo de volver a dejar pendiente la solicitud y queja de los opositores al SAE: todos los colegios debieran tener la posibilidad de un margen de selección para quienes conforman sus comunidades educativas, fuera del sistema centralizado. Un cambio tan pequeño como que los emblemáticos seleccionen es solo ganar tiempo en el margen.
Segundo, en el debate público hay confusiones que suelen asignar al SAE problemas que no derivan de su aplicación, sino de la Ley de Inclusión en general. Se tiende a creer que hay relación directa entre selección y mayores cupos de calidad disponibles para las familias, pero esto no es mecánicamente así. Se requieren modificaciones más profundas que las referentes a la admisión: debe rediseñarse el marco institucional que la ley de inclusión forzó a la educación particular subvencionada. Ese marco está basado en la desconfianza y en la intención – nunca transparentada pero siempre presente – de que esta desaparezca frente a la educación pública. Hay que eliminar las regulaciones absurdas que tuvieron como intención explícita quitar los patines a la educación subvencionada.
El trabajo de la mesa no es el punto final, sino el inicio de la discusión. Es de esperar que sus acuerdos no se usen de forma torcida para agotar la conversación política y técnica, sino que la nutran. Hay muchos grupos relevantes que no han participado de la conversación (los padres, por ejemplo), por lo que el debate sobre el SAE sigue abierto a la propuesta.
Por Daniel Rodríguez M., Acción Educar.
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