Durante estas semanas, el Ministerio de Educación ha estado negociando con la directiva del Colegio de Profesores para evitar un paro indefinido y la consiguiente suspensión de clases que tanto daño ha hecho a los niños. El argumento de la autoridad ha sido que se ha avanzado en la agenda de la directiva gremial y que el paro debiera evitarse en un contexto de reactivación. El tono ha sido conciliador, casi zalamero, y hasta el minuto inefectivo. La directiva del gremio, por su parte, argumenta que simplemente está exigiendo que el gobierno cumpla sus compromisos de campaña, adoptando un tono duro y crítico con el Ministerio.
Pero esta información es insuficiente para entender el comportamiento del Mineduc y de la directiva del Colegio de Profesores en esta contingencia.
El Ministerio se encuentra en un escenario difícil. Si bien el ministro sorteó la acusación, la defensa orquestada desde La Moneda no logró fortalecerlo, ni dar la imagen de una buena gestión. Es una cartera que tardó meses en entender que su prioridad debía ser la reactivación educativa, y cuando lo hizo, diseñó políticas e invirtió recursos totalmente insuficientes para la escala del problema. Por ejemplo, se tiene como meta alcanzar las 20.000 tutorías este año. Pero hay alrededor de 200.000 estudiantes en cada grado (1ero básico, por ejemplo). La mayor política de aprendizajes alcanza para apenas 10% de uno de los 12 cursos. En convivencia escolar, por ahora se invertirán 5.800 millones en tres años, cifra bastante humilde para la magnitud del problema. Para tener una idea: se invertirán en 2023 algo más de 255 millones de pesos en la Región Metropolitana, con 1,3 millones de estudiantes. Es decir, 193 pesos chilenos por alumno anual. En síntesis, no hay mucho que mostrar.
Esta fragilidad es detectada por el gremio docente y rápidamente aprovechada para poner al frente sus intereses. ¿Y cómo lo hace? A través de la agenda legislativa. Hoy no se tramita ningún proyecto de ley que ayude a la reactivación educativa o a reforzar los aprendizajes perdidos durante la pandemia. En lugar de eso, el Ejecutivo ha puesto urgencia en el Senado a su proyecto de ley que elimina la evaluación docente, dejando exclusivamente el sistema de aumento de remuneraciones por tramo denominado usualmente “Carrera Docente”. Este proyecto de ley no tiene como objetivo la calidad de la docencia, ni el mejoramiento de los profesores (estos elementos se reemplazan por otros aún más débiles que los vigentes), sino la agenda dura de la directiva del Colegio de Profesores, que es eliminar la verdadera evaluación y sus consecuencias. El Ministerio defiende este proyecto con fuerza y lo prioriza sobre otras muchas urgencias, esperando con eso acallar las presiones y buscando la aprobación del gremio, incluso cuando su presidente, Carlos Diaz, se mostraba conforme con que el ministro saliera en el pasado cambio de gabinete. El proyecto se votará en la Sala en las próximas semanas.
El gobierno usará la amenaza del paro para hacer parte al Senado de su rendición ante la agenda de los directivos nacionales del Colegio de Profesores, y obligarlo a votar favorablemente un muy mal proyecto. Sería equivocado que la Cámara Alta se hiciera parte de este juego, teniendo la oportunidad de mejorar el proyecto y asegurar un sistema de evaluación docente único que apunte a la calidad de la docencia. Quizás uno podría llamar al pragmatismo: de muy poco le ha valido al Mineduc su obsecuencia con la directiva del Colegio de Profesores, al Senado no le irá mejor.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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