De todos los ámbitos bajo su tutela, la educación parvularia es claramente el menos atendido por el Ministerio de Educación. Más allá de la presencia de la Subsecretaría en actos y ceremonias, su incidencia en la agenda de la cartera parece ser mínima. La gran promesa de Presidente Boric en materia de educación parvularia -la creación de cupos- no muestra avances significativos, tampoco parece que sea monitoreada. Hasta la fecha, no había proyectos de ley en la materia.
A principios de esta semana se presentó un proyecto que presumiblemente “moderniza” la oferta en la educación parvularia. En el mejor de los casos, se trata de publicidad engañosa. Veamos.
Durante la última década el país ha hecho esfuerzos para asegurar la calidad de la educación parvularia. El más emblemático es la exigencia de reconocimiento oficial de los jardines infantiles con financiamiento estatal, esto es, la obligación de los jardines infantiles que reciben recursos del fisco de someterse a estándares mínimos de infraestructura, material pedagógico, idoneidad docente, entre otros, para operar. Estos nuevos requisitos –válidos para todos los jardines- permitirían asegurar que ningún niño asistiera a un establecimiento financiado por el Fisco no cumpliera lo mínimo esperado por el mismo Estado. La ley le otorgó al Estado ocho años a partir de 2011 para lograr esta meta.
Como es frecuente, el mismo Estado no cumplió. El plazo se postergó a 2022 primero, y luego a 2024 en el gobierno anterior. Pero hoy, incluso tras estas sucesivas postergaciones, todavía un 56% de los jardines con financiamiento estatal no tiene este reconocimiento. El proyecto de ley presentado por el gobierno posterga esta obligación hasta la remota fecha de 2034. Como país, esta postergación no solo es una derrota, es una vergüenza. En catorce años no hemos podido asegurar un mínimo de calidad en la oferta pública. No tiene mucho sentido responsabilizar a uno u otro gobierno de esto, pero posponer la meta una década más y llamarlo “modernización” parece incorrecto.
El segundo elemento de esta supuesta modernización permite eximir a los jardines Junji denominados” alternativos” de este reconocimiento oficial, proponiendo una versión simplificada y más vaga del mismo. Esto no puede vestirse de una mejora: se trata de una regularización de un centenar de jardines de características muy heterogéneas y de bajos estándares de infraestructura y dotación. En lugar de tomar la decisión de mejorarlos para poder exigirle lo mismo que a cualquier jardín Junji tradicional (sin por ello dejar de lado su particularidad territorial), se institucionaliza y oficializa que sean de un nivel inferior. Tampoco hay modernización acá.
Adicionalmente, el proyecto crea un registro de jardines, con datos que permitirán el monitoreo y análisis de la cobertura. Esto sería una buena noticia, pero incomprensiblemente se establece que no será un registro público, por lo que no podrá disponerse de esa información para el análisis de instituciones especializadas. Tampoco resulta muy moderno este bajísimo estándar de transparencia. Si quería protegerse datos considerados sensibles, hay formas más inteligentes que la mera prohibición.
En resumen, este proyecto es un poco menos que un ajuste administrativo. No alcanza a ser una ley miscelánea, mostrando una falta de visión sorprendente de la autoridad. Si el gobierno espera estar a la altura de las expectativas que sembró en relación a su preocupación por la primera infancia, debe hacer más que correr un plazo.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
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