Evaluar la gestión del Ministerio de Educación es siempre difícil y algo injusto. Se trata de una de las carteras más complicadas de administrar, siempre está bajo fuego y casi nunca logra responder en tiempo y forma a las expectativas que tiene la ciudadanía. Pero en la gestión pública hay que arar con los bueyes que se tienen y ver oportunidades en todos los problemas. Si no, es simplemente imposible. Veamos la agenda legislativa.
El Ministerio de Educación entró el 11 de marzo con el resultado del plebiscito de entrada como carta de triunfo. Planteó una agenda legislativa muy ambiciosa, sin tomar nota de que no tiene mayoría en el Congreso y que sus propias coaliciones le son difíciles de controlar. El resultado es que el año legislativo es realmente pobre. La mayor actividad vino de mociones parlamentarias de bajo impacto, y de carácter más bien simbólico. La única ley relevante que provino del Ejecutivo es la llamada “miscelánea” cuyo objetivo principal era postergar la entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación (idea que curiosamente el oficialismo rechazó virulentamente el año pasado, solo por ser una propuesta el gobierno anterior, otra vez la guitarra). Bajo la eximia gestión del subsecretario Cataldo, la norma avanzó muy rápido y mejoró en la Cámara. En el Senado, y ya sin hombres fuertes, la ley se convirtió en un árbol de pascua de intereses particulares y agendas electorales de los senadores. Se incluyó desde un bono para asistentes de la educación hasta postergación del control de calidad de los Centros de Formación Técnica Estatales, así como también la obligación de los colegios de financiar las horas gremiales del Colegio de Profesores. No podemos hablar de gran visión de Estado ni de gestión alguna. El ministro se vio totalmente arrollado por las presiones parlamentarias, a las que debió ceder en todo. La ley se publicará muy tardíamente, habiendo dejado a los Servicios Locales y las comunidades educativas en la incertidumbre durante meses. Pura pérdida.
En resumen, de los siete proyectos anunciados en abril, no se presentó ni tramitó ninguno. De los tres que luego el Presidente de la República reimpulsaría en su cuenta pública de junio, ninguno vio la luz en 2023. Sin perjuicio de ese lamentable récord, el Ministerio no tuvo inconvenientes en celebrar la postergación de la evaluación docente. ¿Por qué un gobierno que se plantea como dialogante y abierto es tan sumamente ineficiente en una de las áreas –educación- donde claramente juega con ventaja?
Pero no todo es negativo. La mejor versión de esta administración en educación se vio en la Ley del Reajuste. Se flexibilizó el uso de la subvención pro retención (42 mil millones) y se permitió el uso de los saldos de la ley SEP para recuperación educativa. Dos medidas menores, pero son una buena noticia, pues parece haber al menos una reacción tras cinco semanas de cuestionamientos transversales por el aumento de la deserción a 50.000 estudiantes en 2022.
Se puede tomar esta lección de este tema. El Ministerio primero escondió el problema (los datos se publicaron muy tarde), después lo minimizó (argumentando que Uruguay estaba peor y que esto siempre ha ocurrido), luego dijo que trabajaban en ello desde mayo y que perdiésemos cuidado, y posteriormente anunció que ahora sería su principal foco y que todos los recursos de la Ley de Presupuestos de educación se enfocarían en ello. Fue un camino largo – entremedio se ahogaron en el vaso de agua de la supuesta eliminación del programa de los Liceos Bicentenario -, pero al menos hay al fin una solución.
Mi tesis es que la costumbre de anteponer la ideología al pragmatismo es la principal debilidad de esta administración. Si se enfocan en las soluciones, se puede avanzar, que es más importante y necesario que reflexionar sobre paradigmas, para beneficio de todos.
Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar
