El pacto fiscal que espera impulsar el gobierno tiene algunos párrafos referidos a educación. Pero no para comprometer más gasto o alguna reforma, sino para reconocer algo que se dijo y previó muchas veces durante la tramitación de la gratuidad en educación superior: la presión de gasto que esta generaría sobre el fisco sería de tal magnitud que terminaría por monopolizar toda la inversión pública en educación. Esto no solo en detrimento de la calidad de la misma educación superior, sino afectando la disponibilidad de recursos para educación escolar y parvularia.
En la Ley de Presupuestos 2024, esto fue exactamente lo que pasó. Los aumentos para educación escolar y parvularia fueron marginales, incluso considerando la grave crisis de aprendizajes derivada de la pandemia. Todo el aumento se lo llevó la gratuidad en educación superior, varios cientos de miles de millones de pesos.
¿Se puede pensar en gastar menos? No está fácil: proveer educación superior es cada vez más caro (no solo en Chile), pues los estudiantes tienen expectativas crecientes de lo que esperan recibir de la educación universitaria, encareciendo su paso por la educación superior. Si bien la matrícula no ha mostrado una tendencia al crecimiento, es necesario que el país piense en aumentar su cobertura, en particular en los deciles más vulnerables de la población. En el caso particular de Chile, han entrado en vigor nuevos criterios y estándares de calidad de la educación superior, cuyas exigencias son mayores y requieren de más recursos para cumplirse. Además, la regulación ha llevado a las universidades a volverse cada vez más complejas, incorporando fuertemente la investigación y la vinculación con el medio a sus quehaceres docentes. Todo esto cuesta muchos recursos.
El problema que tenemos, que registra el Ministerio de Hacienda en su documento del pacto fiscal, es que todo es gasto público. La gratuidad implica que el país se comprometió a reemplazar con gasto público una parte de lo que contribuían las personas o sus familias a financiar la educación superior (que también proviene de los contribuyentes, ojo). Esto es un alivio para los estudiantes, por supuesto, pero desfinanció a las universidades, comprometió el gasto público de forma irracional y le entregó un control desmedido al Ministerio de Educación sobre el crecimiento y financiamiento futuro del sistema. En otras palabras, pone un techo al desarrollo del sistema. Adicionalmente, el diseño quedó mal hecho: no se consideró la duración real de las carreras y se limitó el cobro a los estudiantes no gratuitos, extendiendo el daño que la gratuidad hizo a las instituciones.
Hoy, las instituciones de educación superior que se sometieron a la gratuidad están a la espera de ver cómo se resuelve este problema. Y el paso que está por tomarse es la fijación centralizada de precios de más de 1.500 carreras por parte de la Subsecretaría de Educación Superior. Con la presión de gasto que se ha verificado, los bajos ingresos del fisco y tomando en cuenta lo dicho en el pacto fiscal, se puede adelantar que estos aranceles serán fijados a la baja, profundizando el desfinanciamiento de las instituciones. Además, si se toma como antecedente la fijación del año pasado, se perjudicará especialmente a instituciones de educación superior privadas, tal como lo hizo ver el grupo G9.
Mientras rememoraba su época de dirigente estudiantil en una actividad pública, el Presidente Boric bromeó diciendo que seguía “luchando contra el CAE”. Tal como lo ha hecho en tantas materias, sería bueno que el Presidente suspendiera sus luchas universitarias, y dedicara un tiempo a atender la larga lista de pendientes y daños institucionales que dejaron el ciclo de reformas de la Presidenta Bachelet, que tuvieron origen, curiosamente, en las protestas que él mismo encabezó.
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
